En la denuncia que el gobierno de Javier Milei presentó para conseguir frenar la difusión de nuevos audios que tengan a Karina Milei como protagonista de una presunta red de coimas, se solicitaron una serie de allanamientos. Las medidas requeridas al juzgado federal número 12, que es subrogado por Julián Ercolini, son sobre el canal que difundió los primeros audios y sobre los domicilios de periodistas y empresarios.
En la presentación hecha por Fernando Soto, abogado representante del Ministerio de Seguridad de la Nación, se requirió entre las medidas de prueba los "allanamientos y secuestro forense en las oficinas y estudios de 'Carnaval Stream'", un medio de comunicación vinculado a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Asimismo, piden ordenar allanamientos en los domicilios del propio Toviggino, los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, dueño del portal de noticias Data Clave. Otro de los apuntados es el empresario de medios Franco Bindi, a quien en Casa Rosada señalan por estar detrás de la difusión de los audios de Diego Spagnuolo.
El Gobierno denunció ante la justicia federal una "operación de inteligencia ilegal" en la que aseguran que la finalidad era "desinformar y desestabilizar el proceso electoral, con presunta influencia extranjera". En el escrito, describieron que "la maniobra consistió en la captación clandestina, manipulación y difusión escalonada de audios privados manipulados de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios".
Para la Casa Rosada se trata de "un ataque planificado que apunta directamente al núcleo de la democracia argentina que es el proceso electoral" y que con su difusión se pretendió "generar caos, desinformación y condicionar ilegítimamente las próximas elecciones legislativas y nacionales" que se desarrollarán en octubre y que tiene como previa las de este 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires.
La afirmación que hacen desde el Gobierno y que el vocero Manuel Adorni explicitó el viernes pasado es que "se advierte que las grabaciones podrían haberse realizado incluso en la propia Casa Rosada, lo que constituye una amenaza inédita a la seguridad institucional y a la investidura presidencial". Y que "esta campaña de desinformación responde a influencias extranjeras, con patrones similares a operaciones atribuidas a intereses rusos y chavistas" para lo que recuerdan que la Ley de Inteligencia Nacional prohíbe realizar espionaje político o manipular la opinión pública mediante actividades clandestinas.
A los pocos minutos de la denuncia, la Justicia resolvió dictar una medida cautelar en la que ordenó "el cese de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29 de agosto del 2025 que sean atribuidos a Karina Milei, a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web, resolvió el juzgado". Para Adorni, la Justicia "reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión".
Las respuestas de Rial y Mauro Federico
Después de que se conociera la denuncia y la cautelar, llegaron las respuestas de los periodistas apuntados por el Gobiernos. En su editorial de C5N, Jorge Rial expresó: "Somos periodistas que lo único que hicimos fue ejercer nuestro laburo. Y parece que ese laburo molesta al poder, y gracias a Dios que molesta al poder".
Por su parte, Federico dijo en diálogo con Futurock: "El Gobierno tuvo un registro tardío de lo que estaba sucediendo. La mejor estrategia que decidieron no fue denunciar a Spagnuolo o defenderlo, fue denunciar a los periodistas".
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