Marginada de las listas del PJ y en estado de ebullición interna por su próximo recambio de autoridades y los intentos libertarios por impulsar una nueva reforma laboral, la CGT sumó otra pesadilla: la renovada presión del Gobierno sobre sus obras sociales con un mecanismo de multas exprés con valores multiplicados, con el agravante de propuestas de funcionarios, cada vez menos sutiles, de solucionar sus pesares mediante acuerdos poco transparentes. La preocupación escaló hasta la “mesa chica” de la central obrera y se extendió en la reunión ampliada de esta semana en la sede de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), adonde la dirigencia apuntó contra los responsables de la nueva conducción de la Superintendencia de Salud (SSS).
Una primera alarma se encendió a mediados de junio con la publicación de una norma que modificó el régimen de sanciones económicas contra prestadoras de los gremios y empresas de medicina privada. La resolución 951/25 de la SSS fue la última con la firma de Gabriel Oriolo antes de ser eyectado de la Superintendencia y reemplazado por el hasta entonces gerente general del organismo, Claudio Stivelman, el funcionario que en los hechos tomaba las decisiones. Los ejes de esa nueva norma, que mantiene en vilo al sindicalismo, son el aumento hasta 30 millones de pesos de cada multa, la posibilidad de agrupar sanciones, su ejecución en un plazo de días y, sobre todo, la posibilidad que se reserva el organismo de utilizar los criterios modificados sobre expedientes previos.
El régimen plasmado en la resolución, además, invierte la carga de la prueba y le asigna a la denuncia por incumplimiento de un afiliado suficiente veracidad como para avanzar con el proceso sancionatorio. El punto que más ofuscó a los sindicalistas es una cláusula transitoria contenida en el artículo 10. Señala que “aquellos trámites que, por su estado procesal, puedan adaptarse a las nuevas disposiciones sin afectar derechos ni garantías, previo acuerdo de las áreas involucradas, podrán ser reconducidos al nuevo procedimiento a fin de optimizar su gestión y resolución”. En otras palabras, una eventual violación al principio que impide hacer retroactivas a las normas y que garantiza la aplicación de la más benévola.
Lo que hasta el mes pasado lucía como una nueva provocación en el plano retórico a los gremios pasó a los hechos a partir de julio con el ascenso de Stivelman cuando llegaron a las obras sociales sindicales sanciones aplicadas con la nueva modalidad y otras correspondientes a expedientes de varios años atrás y que los administradores de las prestadoras de salud daban por caducas. El plazo de 30 días para la resolución de cada reclamo se constató en esa oleada de multas.
La acumulación de casos al parecer aislados se convirtió en tema de conversación mano a mano de los dirigentes sindicales y empresarios de las prepagas y se instaló en el chat de los integrantes del Consejo Directivo de la CGT. Los asesores legales de las obras sociales incluso llegaron a proponer una apelación administrativa a la resolución 951 pero la conducción de la central sugirió actuar con cautela y aguardar una negociación política. Los contactos con las áreas del Ministerio de Salud, sin embargo, fueron estériles.
En el cruce interno de información las quejas siempre apuntan hacia Stivelman y el nuevo gerente general de la Superintendencia, Juan José Picón, exresponsable del área de sistemas del organismo. Media docena de sindicalistas y otros tantos abogados, asesores y responsables de obras sociales sindican a Picón como uno de los mayores impulsores de la resolución 951 y mencionan a la consultora informática que fundó, SAAS, como la empresa casi inevitable de contratar a la hora de evitar sofocones por las sanciones de la nueva normativa.
La cronología relatada por los protagonistas es coincidente: a una o varias multas de hasta cientos de millones de pesos le suceden llamados de funcionarios y, eventualmente, personajes que frecuentan el sector y son conocidos por los encargados de las obras sociales. La referencia más habitual es a la conveniencia de establecer acuerdos de consultoría con SAAS.
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