El Gobierno de Leandro Zdero vuelve a quedar bajo presión judicial tras la denuncia de la asociación civil ALPI Añaxaipí, que representa a comunidades originarias del Lote 88 de Miraflores. La organización pidió sanciones económicas y acusó a la provincia de Chaco de incumplir una cautelar vigente y una sentencia firme que ordena la escrituración de las tierras.
El conflicto se intensificó en las últimas semanas, luego de que el gobierno provincial difundiera públicamente una supuesta apelación del fallo principal del amparo. Sin embargo, desde la organización sostienen que esa presentación no habilita a desconocer la obligación de cumplir la sentencia, que cuenta con más de una década de respaldo judicial.
En diálogo con Litigio, la abogada Carolina Aquino explicó que el Estado chaqueño está obligado a otorgar el título de propiedad comunitaria del Lote 88 a la asociación indígena ALPI’ AÑAXAIPI’. La letrada detalló que, dado el carácter indivisible y preexistente de la propiedad indígena, la única solución legal definitiva consiste en reconocer la titularidad a la comunidad y ejecutar un plan de reubicación gradual para las familias criollas asentadas en el predio, proyectado en un plazo de cinco años y sin desalojos compulsivos.
Este proceso no solo garantizaría el derecho ancestral de las comunidades originarias, sino que permitiría a los pobladores reubicados acceder finalmente a títulos de propiedad legítimos en zonas aptas para la expansión del ejido urbano, una medida que requiere un compromiso político sostenido para resolver un conflicto que arrastra doce años de incumplimientos estatales.
Una cautelar vigente y nuevas intimaciones
El antecedente más reciente se remonta al 7 de abril, cuando la jueza Selva Sandra Gaynecotche, titular del Juzgado Civil y Comercial de Juan José Castelli, intimó al gobernador y a funcionarios provinciales a abstenerse de realizar declaraciones públicas que cuestionen el fallo. La medida se apoyó en una cautelar dictada en marzo de 2020, durante la gestión de Jorge Capitanich, que ya establecía la prohibición de expresarse en contra de la resolución judicial.
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Pese a la intimación, el Ejecutivo provincial ratificó su posición a través de la Fiscalía de Estado donde informó una apelación en el expediente de ejecución del amparo (N° 55/20) y propuso una alternativa: dividir el predio entre la comunidad indígena y pobladores criollos, con la suma además una compensación de 75 hectáreas.
Desde el gobierno argumentan que el cumplimiento total del fallo afectaría a unas 600 familias que habitan el lugar desde hace décadas y podría generar un conflicto social de gran magnitud. Para ALPI Añaxaipí, la propuesta oficial implica desconocer una sentencia firme que se sustenta en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas y garantiza la propiedad comunitaria de sus tierras.
Es por ello, que remarcan que la presencia de terceros ocupantes no invalida el derecho territorial, sino que es consecuencia de un proceso histórico de despojo que el Estado debe reparar. Este planteo de la organización incluye el pedido de astreintes, es decir, sanciones económicas para forzar el cumplimiento del fallo. Ahora, la jueza Gaynecotche deberá determinar si la conducta del Ejecutivo configura una violación de la cautelar vigente.
La resolución será clave no solo para el futuro del Lote 88, sino también para establecer hasta qué punto las decisiones judiciales que protegen derechos indígenas pueden hacerse efectivas frente a la resistencia del poder político.
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