En medio de la crecida de represiones a gremios docentes por orden de Alberto Wereltineck, la Legislatura provincial de Río Negro aprobó en primera vuelta una iniciativa que habilita a la Policía a utilizar armas no letales, como pistolas Taser y dispositivos de disuasión, en línea con la reglamentación impulsada por el Gobierno nacional a través de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich.
El proyecto, impulsado por el espacio provincial Primero Río Negro —que mantiene afinidad con las ideas libertarias— obtuvo 28 votos positivos y 9 negativos durante la primera sesión ordinaria de 2026. La iniciativa recibió el respaldo de legisladores del oficialismo provincial Juntos Somos Río Negro, del PRO y de sectores cercanos a la agenda de seguridad promovida por Bullrich.
Según informó Infobae, desde la oposición cuestionaron tanto el contenido del proyecto como el avance de políticas de endurecimiento en materia de seguridad. Legisladores del PJ y del bloque Vamos con Todos votaron en contra y sostuvieron que “existen otros métodos para prevenir el delito” sin avanzar hacia una mayor militarización de las fuerzas policiales.
La iniciativa autoriza a la Policía provincial al uso de dispositivos considerados “no letales”, entre ellos pistolas Taser, aerosoles irritantes, balas de goma y sistemas de disuasión acústica y luminosa. Según el texto aprobado, el objetivo es permitir intervenciones policiales “sin tener que recurrir al uso de armas de fuego”.
La autora del proyecto, Yolanda Mansilla, defendió la propuesta y aseguró que busca actualizar los protocolos policiales bajo criterios de “uso progresivo de la fuerza”. “En muchos casos el uso de armas letales resulta desproporcionado y estas herramientas permiten intervenir sin generar consecuencias irreversibles”, argumentó durante el debate parlamentario.
El proyecto establece además que solo podrán utilizar estos dispositivos efectivos capacitados y certificados, quienes deberán figurar en un registro oficial actualizado. También obliga a registrar cada procedimiento mediante audio y video para garantizar controles posteriores sobre el accionar policial.
Avanza la represión en Río Negro
En paralelo al debate parlamentario, la provincia vive momentos de tensión por la represión del Gobierno local a gremios docentes. La Prefectura Nacional reprimió y gaseó el martes a trabajadores docentes sobre el puente Cipoletti-Neuquén quienes encabezaron la movilización e iniciaron hoy un paro de 48 horas. Desde el gremio Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER) habían anunciaron la medida en rechazo al congelamiento salarial por parte del mandatario provincial.
Como parte de la jornada de protesta, distintas filiales del gremio en Alto Valle decidieron llevar adelante la movilizaciones en los puentes carreteros, un punto estratégico para visibiliza el reclamo. Además, no se descarta la implementación de cortes intermitentes en los próximos días.
Entre las principales demandas, desde el gremio se insiste en una recomposición salarial que lleve el salario mínimo docente a los dos millones de pesos, junto con el pase progresivo de sumas no remunerativas al salario básico y la continuidad de la actualización por inflación. Además, se propone incorporar un índice patagónico que contemple el costo de vida en la región. Cabe destacar que el anuncio del congelamiento salarial a toda la planta estatal, se dio en simultaneo con el traspaso de rutas nacionales que el gobernador de Río Negro tomó tras un acuerdo con el Gobierno libertario.
El antecedente nacional
A través de la resolución 704/2024, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio estipuló que las fuerzas federales utilizarán armamento no letal para inmovilizar o incapacitar en circunstancias "en las que la utilización de un arma letal excediera la necesidad derivada de la amenaza o pudiera generar un riesgo de vida o de lesiones para terceras personas presentes en el lugar". Las fuerzas federales son la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Ante la necesidad de utilizar las armas, el Ministerio resaltó que los efectivos "deberán identificarse como tales a viva voz, advirtiendo su inmediata intervención", salvo en el caso de que esa manifestación "pueda suponer un riesgo de muerte o lesiones para terceras personas, para el agresor, o para el personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales o cuando ello resultare evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias del caso". En ese sentido, la reglamentación indica que se considerará "una situación de riesgo suficiente para justificar el empleo del armamento no letal, aun cuando el agresor no llevare un arma de manera visible" el avance del agresor "en dirección del efectivo o de terceras personas en actitud de ataque o amenaza o la persistencia en una situación de amenaza".
A su vez, el Ministerio señaló que los integrantes de las fuerzas policiales y de seguridad federales deberán "recibir capacitación especializada como requisito esencial para la autorización del uso de armamento previsto en esta resolución, la cual será supervisada por Dirección Nacional de Formación y Desarrollo Profesional de la Secretaría de Seguridad".
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