El gobierno aprovechó una módica victoria en las elecciones porteñas para redoblar la apuesta y sostener la iniciativa: en una andanada desactivó de manera definitiva la paritaria nacional docente, va a anunciar en pocas horas un nuevo paso hacia la dolarización de la economía, que incluirá un blanqueo sin pasar por el Congreso, facilitó la tenencia de armas y dejó más de ochenta heridos en otro miércoles de represión. La degradación de las secretarías de Derechos Humanos y de Cultura son la prueba piloto de una reforma del Estado que se anunciará en los próximos días y que eliminará ramas enteras del organigrama y miles de puestos de trabajo.
En el centro de esa ofensiva aparece la virtual prohibición del derecho a huelga por decreto que publicó Javier Milei ayer en el Boletín Oficial. Escondido detrás de la desregulación de la actividad de la marina mercante, el gobierno traficó una reforma de la ley laboral que ya había intentado hacer a través del DNU 70/23 en el comienzo de su mandato pero fue declarado inconstitucional por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Esta nueva iniciativa ignora ese fallo; si el Poder Ejecutivo pudiera insistir con un DNU que un Tribunal ya rechazó, el control constitucional tal como se hace en la Argentina perdería sentido.
La norma establece que en los “servicios esenciales en sentido estricto” (sic) se debe garantizar en todo momento una actividad mayor al 75%, eliminando de cuajo la posibilidad de protestas legales. Se trata de los servicios sanitarios y hospitalarios, la cadena de valor del gas, el agua potable, los combustibles y la energía eléctrica, las telecomunicaciones, la aeronáutica y el control aéreo y portuario, servicios aduaneros, migratorios y vinculados al comercio exterior, el cuidado de menores y la educación en niveles que van desde el inicial hasta el secundario, y el transporte fluvial y marítimo de personas, mercadería o carga.
Por otra parte, se crea la categoría de servicio “de importancia trascendental”, con una actividad garantizada por ley mayor al 50%, que incluye producción de medicamentos e insumos hospitalarios, transporte terrestre y subterráneo de pasajeros y mercaderías, radio y TV, industrias contínuas, producción y distribución de materiales de la construcción, servicios de reparación de aeronaves y buques, servicios aeroportuarios, logísticos, actividad minera, frigoríficos, correos, alimentos y bebidas, actividad agropecuaria, bancaria, financiera, hotelera, gastronómica, e-commerce y cualquier actividad afectada a la exportación.
Como si eso fuera poco, el Poder Ejecutivo podrá crear y designar a todos los miembros de una “comisión de garantías”, que podrá “calificar como servicio esencial o servicio de importancia trascendental una actividad no incluida en las enumeraciones precedentes” cuando la interrupción de esa actividad ponga en peligro una serie de valores a defender que van desde “la vida, la salud o la seguridad” de una persona hasta la afectación de “metas de recaudación asociadas a las políticas de equilibrio fiscal”. Básicamente Milei podrá declarar ilegal cualquier huelga con la sola firma de sus funcionarios.
Se trata de una decisión a todas luces inconstitucional y que corre el riesgo de volver a ser rechazada por el Poder Judicial, sin embargo, el mensaje ya está dado. El decreto es una señal a los empresarios y dice que este gobierno les dará carta blanca para castigar a quienes protesten. Con las paritarias pisadas muy por debajo de la inflación y una destrucción pareja del trabajo formal, la conflictividad social irá en aumento. El gobierno cree que puede disciplinarla empoderando a los patrones dentro de la empresa y reprimiendo a quienes quieran sacar la lucha al espacio público. No hay fallo judicial que pueda revertir eso.
Pero también es una señal para los laburantes, otra más, de que este gobierno no es para ellos. Y el propio Milei lo dijo: “La gente va a hacer algo antes de morirse de hambre”. Algo que parecen olvidar los que llegan a la cima es que las leyes que regulan el ejercicio de la protesta se hicieron para protegerlos a ellos, no a los trabajadores, que siempre protestaron cuando las condiciones se vuelven insoportables. Tiene razón el presidente, la gente hace algo antes de morirse de hambre. Cuando los paros eran ilegales las protestas solían terminar con la fábrica prendida fuego y el dueño colgado de un poste.
Una lectura fina del resultado de las últimas elecciones muestra que La Libertad Avanza, mientras absorbe a los votantes del PRO, le da la espalda a ese público popular que los acompañaba en sus primeros pasos. Alineado incondicionalmente con Estados Unidos y las grandes fortunas locales, los Milei al parecer decidieron no representar lo nuevo sino volverse otro partido antiperonista más. No es una buena noticia para ellos: si se convierten sólo en el vehículo del antiperonismo corren el riesgo de tener el mismo destino que los anteriores que intentaron la misma aventura. Spoiler: cuando se acaban los dólares, se acaba el gobierno.
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