Al cierre de la segunda semana de la Convención, los 12 representantes de Más para Santa Fe, sector integrado por el Partido Justicialista, el Frente Renovador y Ciudad Futura, ingresaron el proyecto de reforma constitucional provincial. Son 60 páginas donde se proponen redacciones a los artículos habilitados y concluye con una cláusula sobre Malvinas.
El espacio trabajó arduamente para unificar un texto y así diferenciarse de Unidos, el bloque que encabeza el gobernador Maximiliano Pullaro, que dejó en manos de cada partido integrante de la coalición la presentación de proyectos. Entre los aspectos centrales del proyecto del peronismo, se destacan el reconocimiento expreso de la autonomía municipal en todos sus órdenes y un capítulo judicial que mantiene bajo la órbita de la Corte Suprema al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y al Consejo de la Magistratura.
“Venimos a presentar un proyecto para una constitución democrática que pueda efectuar plenamente la justicia del bien común y la justicia social porque la constitución democrática es la constitución justa, porque promueve la justicia social al tener en vista que cada uno de los miembros de una comunidad política determinada posean los bienes –materiales y espirituales– necesarios para desarrollarse plena e integralmente”, señalaron en el texto de la iniciativa.
Con el recientemente elegido concejal en Rosario Juan Monteverde a la cabeza, los convencionales constituyentes de Más establecieron que el gobernador, la vicegobernadora, los diputados y los senadores podrán ser reelectos por un solo período consecutivo o alternado. Lo mismo se aplica a intendentes y presidentes comunales. Se considera primer mandato para los legisladores el que se inicie después de la entrada en vigencia de la nueva Constitución. Es decir, que todos ellos, en caso de que la ciudadanía así lo decida, podrían seguir hasta 2035.
En relación con la Cámara de Diputados, se propone un sistema proporcional puro con distrito único provincial, paridad de género y obligación de incluir representantes de todos los departamentos. Para el Senado se mantiene la elección por distrito y a simple pluralidad. Las elecciones provinciales y municipales se realizarían en forma simultánea. Además, se incorpora el principio de Ficha limpia: no podrán ser candidatos quienes tengan condena firme por delitos dolosos mientras dure la pena.
Régimen municipal y autonomía
El proyecto reconoce explícitamente la autonomía institucional, política, administrativa, económica, financiera y de control para todos los municipios. Plantea que aquellos que no dicten una carta orgánica se regirán por una ley provincial, que deberá respetar los demás órdenes autonómicos.
Asimismo, plantea que la carta orgánica deberá ser elaborada por una convención electa por el pueblo, con paridad de género y representación proporcional. Deberá contemplar mecanismos de participación ciudadana como el presupuesto participativo, la revocatoria de mandato, la consulta popular y la descentralización de la gestión.
Se establece un sistema de financiamiento garantizado mediante la coparticipación de recursos provinciales y nacionales. Se fija un piso del 20% de la recaudación de impuestos provinciales para las ciudades y del 10% para las comunas. También se prevé un fondo compensador para municipios con menores recursos y un organismo de control con representación equitativa.
Los municipios podrán constituir regiones metropolitanas, intermunicipales e interprovinciales, con estructuras propias y autoridades compartidas, y participar en la coadministración de servicios públicos regionales.
Derechos individuales y colectivos
La propuesta amplía significativamente el catálogo de derechos: se incorporan el derecho a la ciudad, al ambiente sano, al agua potable, a la conectividad digital, a la protección de datos personales, a la autodeterminación informativa y a la identidad digital.
También se reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos, y se prohíbe el uso de ecosistemas naturales como garantía financiera. Se promueven políticas de vivienda, acceso equitativo al suelo y fortalecimiento de barrios populares. El texto establece que los servicios públicos no podrán ser enajenados, y que toda concesión requerirá una ley con mayoría especial.
Se incluyen artículos específicos sobre igualdad y medidas de acción positiva para pueblos originarios, personas mayores, personas con discapacidad, mujeres, disidencias, trabajadores de la economía social y habitantes de barrios populares. En materia educativa, se garantiza un presupuesto no inferior al del año anterior, se reconocen los derechos laborales docentes y se crea un Consejo Provincial de Educación con participación de todos los actores del sistema.
Participación ciudadana
El proyecto crea una nueva sección sobre “Poder Ciudadano y Participación”, con mecanismos de democracia semidirecta. Se habilita la iniciativa popular legislativa, el referéndum vinculante, la consulta popular, las audiencias públicas, las auditorías ciudadanas y la revocatoria de mandatos. Estos mecanismos están orientados a reforzar el control social sobre los poderes públicos y la deliberación en asuntos de interés general.
A su vez, se reconoce el derecho de la ciudadanía a organizarse en asambleas, a participar en la gestión social de políticas públicas y a ejercer el voluntariado como forma de contribución comunitaria.
Ministerio Público
El proyecto establece que el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa son órganos autónomos en el ejercicio de sus funciones, pero forman parte del Poder Judicial. Es el único de los proyectos presentados hasta ahora que ubica expresamente a estos órganos dentro de ese poder, en consonancia con la postura manifestada por los jueces de la Corte Suprema provincial ante la comisión de justicia de la Convención.
También se toma otro planteo de los ministros del máximo tribunal: el Consejo de la Magistratura también queda integrado al Poder Judicial y presidido por el titular de la Corte Suprema. En el mismo contempla representación del Poder Ejecutivo, el Legislativo, la magistratura, la abogacía, los trabajadores judiciales, el ámbito académico y la ciudadanía, que elegirá a dos de sus miembros por voto popular.
El Consejo, señala la iniciativa, se encargará de seleccionar y remover jueces, fiscales y defensores. Las ternas serán vinculantes y el procedimiento de designación requerirá concurso público de antecedentes y oposición, seguido de acuerdo legislativo.
Mientras que el Fiscal General y el Defensor General serán designados por dos tercios de la Asamblea Legislativa, a propuesta del Ejecutivo. Durarán seis años en sus funciones, podrán ser reelectos por única vez mediante concurso y tendrán rango equivalente al de los ministros de la Corte.
Otros puntos destacados
- Se mantiene el reconocimiento al culto católico, pero se establece que su relación con el Estado se basará en autonomía y cooperación. Se garantiza el libre ejercicio de todos los cultos.
- Se crea un Tribunal Electoral permanente con tres miembros, designados a propuesta del Consejo de la Magistratura con acuerdo legislativo.
- Se habilita la creación de una Oficina Anticorrupción, con conducción designada por el Ejecutivo, pero a propuesta del bloque opositor más numeroso.
- Se incorporan cláusulas que inhabilitan para cargos públicos a quienes hayan participado de gobiernos de facto o hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad.
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