La Corte Suprema volvió a mover fichas en la disputa judicial entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires y amplió las facultades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño. En un fallo al que accedió El Destape, el máximo tribunal consolidó una línea jurisprudencial que habilita al TSJ a revisar también decisiones de la Cámara Criminal, una avanzada que ya había generado fuertes críticas tras el caso Levinas por su impacto en los fueros laboral y comercial.
El nuevo fallo retoma antecedentes y jurisprudencia previa para ratificar que el TSJ puede intervenir en revisiones de decisiones tomadas por cámaras nacionales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. En los hechos, una interpretación es que la Corte le está otorgando cada vez más poder al máximo tribunal porteño.
Las alarmas dentro de Comodoro Py y de distintos sectores judiciales ya se habían encendido meses atrás con el fallo Levinas. En aquel momento, la resolución de la Corte fue cuestionada por abrir la puerta a que el TSJ porteño pudiera revisar causas laborales y comerciales que hasta ahora orbitaban exclusivamente dentro de la órbita nacional.
Ese precedente generó resistencias particularmente en los fueros laboral y comercial, donde magistrados y especialistas alertaron sobre posibles conflictos de competencia y un rediseño de hecho del mapa judicial porteño. La nueva resolución conocida este jueves profundiza esa tendencia. Aunque el texto del fallo no incorpora grandes novedades argumentales, sí consolida una doctrina que viene ampliando gradualmente la capacidad de intervención del TSJ.
En qué consistió el fallo Levinas
El fallo "Levinas” de la Corte Suprema estableció que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires puede actuar como instancia revisora de sentencias dictadas por cámaras nacionales con asiento en territorio porteño antes de que los expedientes lleguen al máximo tribunal nacional.
En concreto, la Corte habilitó que las partes puedan presentar un recurso ante el TSJ porteño contra decisiones de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Hasta ese momento, esos expedientes sólo podían llegar a la Corte Suprema mediante recursos extraordinarios, sin intervención del máximo tribunal de la Ciudad.
La decisión se apoyó en el argumento de la autonomía porteña reconocida por la Constitución de 1994. Para la mayoría de la Corte, la Ciudad de Buenos Aires debe tener un poder judicial equiparable al de las provincias, incluyendo la posibilidad de que su Tribunal Superior revise causas tramitadas dentro de su territorio.
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