Al cumplirse dos años del inicio del gobierno de Javier Milei, los organismos de derechos humanos convocaron a una masiva movilización multisectorial para este jueves 11 de diciembre en Plaza de Mayo. Bajo el lema "Defender los derechos humanos y fortalecer la resistencia", la jornada buscará ser una demostración de fuerza en las calles frente al ajuste y las políticas negacionistas del Ejecutivo.
La convocatoria, enmarcada en el Día Internacional de los Derechos Humanos, comenzará a las 15:30 con la tradicional ronda de las Madres y contará con ferias de la economía popular, intervenciones artísticas y bandas en vivo. El acto central está previsto para las 18:30 y tendrá como oradores a los referentes Estela de Carlotto, Taty Almeida y Adolfo Pérez Esquivel.
La movilización cuenta con el respaldo de un amplio arco de organizaciones sindicales, como las dos CTA y ATE; movimientos sociales, como la UTEP y La Poderosa; agrupaciones políticas, como La Cámpora y Patria Grande, y estudiantiles, que se unirán bajo la consigna: "Con los pañuelos blancos como bandera, 30.000 presentes".
Duro informe de la ONU: preocupación por la represión y el desguace de las políticas de Memoria
La movilización llega con un respaldo internacional clave. En sus recientes observaciones finales sobre Argentina, el Comité contra la Tortura de la ONU emitió un documento lapidario sobre la situación de los derechos humanos en el país bajo la actual gestión, poniendo la lupa sobre el accionar del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.
El organismo internacional expresó su preocupación por las resoluciones del Ministerio que "debilitan la obligación de los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad federales de identificarse durante los operativos y amplían su discreción para recurrir al uso de armas de fuego". Además, alertó que el protocolo antipiquetes "no incluye criterios claros para limitar el uso de armas menos letales" y advirtió que su redacción podría interpretarse como una "presunción automática de flagrancia" para restringir el derecho a la protesta.
El Comité lamentó la falta de investigaciones sobre abusos policiales y mencionó específicamente las "alegaciones de lesiones graves por uso indiscriminado de balas de goma, gas lacrimógeno, camiones hidrantes y agresiones contra periodistas" durante las manifestaciones de marzo de 2025 en Buenos Aires. También señaló con alarma el uso de acciones penales por parte del Ejecutivo contra jueces que ordenaron la liberación de detenidos en protestas, lo que constituye una "posible interferencia en la independencia judicial".
Desguace del Estado y violencia en las cárceles
El informe de la ONU también puso el foco en el desmantelamiento de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. El Comité expresó su "consternación por el desmantelamiento de equipos y programas encargados de investigar y analizar la documentación y los archivos existentes respecto del accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura militar".
Finalmente, el Comité se sumó a las críticas sobre el proyecto para bajar la edad de imputabilidad, instando al Estado a "velar por que no se reduzca la edad mínima de responsabilidad penal", actualmente en debate.
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