Avanza la demanda colectiva en EEUU por el escándalo cripto y apuntan a Milei por su tuit: "Altamente engañoso"

La jueza de Nueva York Jennifer Rochon recibió un texto de los impulsores de la class action (demanda colectiva) sobre la estafa con la cripto moneda $Libra. Qué dice sobre el twit del Presidente y cuáles pueden ser sus consencuencias.

29 de julio, 2025 | 19.19

Los impulsores de una demanda colectiva por el escándalo cripto que involucra a Javier Milei presentaron un escrito ante la Justicia de Nueva York, en el que señalan que el presidente argentino realizó “una declaración promocional altamente engañosa” en su cuenta de Twitter, en la que promocionó la estafa de $Libra el 14 de febrero de este año.

La jueza Jennifer Rochon recibió un texto de los impulsores de la class action (demanda colectiva) en la que solicitaron que pedir que se prolongue hasta el final del proceso judicial el congelamiento temporario de más de 57 millones de dólares depositados en billeteras virtuales del empresario estadounidense Hayden Davis y Kelsie Ventures.

Los abogados Max Burwick y Margaret Hoppin acusaron en su escrito a Milei por realizar “una declaración promocional altamente engañosa” vía Twitter, que fue “estratégicamente planificada para dar a $LIBRA una falsa apariencia de legitimidad y afiliación gubernamental en el momento del lanzamiento del token”, lo que llevó a que “decenas de miles de consumidores razonables fueran engañados”.

Los letrados apuntaron también contra Benjamin Chow, uno de los representantes de la plataforma Meteora, utilizada por Kelsie. La acusación que pesa contra él es la de facilitar el "fraude", ya que “los demandados no pueden eludir su responsabilidad alegando ignorancia”. En ese sentido, pidieron a Rochen que mantenga inmovilizados “los fondos de LIBRA”.

Davis, por su parte, presentó el 9 de julio un escrito en el que atacó los argumentos de los actores, tras adelantar que buscaría recuperar el control del dinero para transferirlo a la Argentina. La defensa del titular de Kelsie argumenta que su intención era ayudar al país, para así y cerrar la investigación penal que se radicó en Comodoro Py.

“La propia conducta de los acusados —lavar el dinero a través de múltiples billeteras, amenazar con enviar activos a Argentina, llamar explícitamente a los fondos congelados su ‘apalancamiento’ [para negociar] y ofuscar deliberadamente cualquier posibilidad de controlar la operatoria— demuestra el riesgo inminente de un daño irreparable si no se obtiene una medida cautelar”, fue el contraataque de los letrados. Según trascendió, de triunfar la class action, los demandantes puede ampliar los reclamos contra el Presidente, pero también contra el Estado nacional.