El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó el congelamiento de bienes muebles, inmuebles y activos financieros del empresario estadounidense Hayden Davis y de dos operadores de criptoactivos, en el marco de la investigación por el presunto fraude de la criptomoneda $LIBRA. La medida cautelar de “prohibición de innovar” busca impedir que los investigados dispongan de fondos antes de que concluya el proceso penal.
En primer lugar, la resolución alcanza a Favio Camilo Rodríguez Blanco, de nacionalidad colombiana, y al argentino Orlando Rodolfo Mellino, quienes aparecen como titulares de billeteras virtuales bajo la lupa judicial.
Asimismo, se suma al empresario Hayden Davis, señalado como figura central en la ruta del dinero. Finalmente, cabe recordar que los lobistas argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy ya habían sido alcanzados por medidas similares.
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Caso Libra: la medida de la justicia
Por un lado, el pedido fue impulsado por el fiscal federal Eduardo Taiano. Por otro, se sustentó en un informe técnico de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes del Ministerio Público Fiscal. En consecuencia, el documento -firmado por María Fernanda Bergalli y María del Carmen Chena- estimó el fraude en 100 a 120 millones de dólares y recomendó preservar los bienes para un eventual decomiso.
En este sentido, Martínez de Giorgi consideró que se cumplían los requisitos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, dado el riesgo de que los activos digitales fueran transferidos antes de una resolución definitiva. Por lo tanto, dispuso notificar la medida a la Comisión Nacional de Valores (CNV), que deberá informar a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) y extender el bloqueo a todas las plataformas cripto que operan en el país.
Al mismo tiempo, en Estados Unidos los inversores afectados ampliaron una demanda colectiva (“class action”) en Nueva York contra Davis, la plataforma Meteora y su referente Benjamin Chow, acusados de liderar una “fábrica de fraude”. De hecho, la presentación invoca la RICO Act, ley que penaliza el crimen organizado, al sostener que los fraudes de $M3M3 y $LIBRA forman parte de un patrón delictivo continuo.
En consecuencia, el caso quedó en manos de la jueza federal Jennifer Rochon, quien deberá resolver un proceso que podría convertirse en un hito en fraudes cripto transnacionales.
El vínculo con Javier Milei
Por otra parte, los documentos judiciales revelan vínculos entre Davis y el presidente Javier Milei, incluyendo transferencias millonarias coincidentes con reuniones en la Casa Rosada. Además, se mencionan planes de lobistas para “monetizar la imagen del Presidente”. En este marco, mensajes de texto atribuidos a Davis sugieren un esquema de influencia que incluso contemplaba el lanzamiento de otro criptoactivo: $MILEI.
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