Eran las 19.01 del 14 de febrero de 2025 cuando el presidente Javier Milei publicó en X el tuit que promocionaba el token cripto $LIBRA. Siete minutos antes había recibido una llamada del trader Mauricio Novelli. Siete minutos después volvieron a hablar. En las horas que siguieron, mientras el valor del token se desplomaba y miles de inversores perdían su capital, el teléfono de Novelli no dejó de sonar. Del otro lado de la línea estaban el presidente, su hermana Karina, y el asesor Santiago Caputo. Un equipo de investigación conformado por Franco Mizrahi, Ari Lijalad, Nicolás Lantos y Sebastián Premici buceó en 20 gigas de información hasta determinar que lo que se presentó como un tuit impulsivo de un jefe de Estado entusiasta con las criptomonedas era, en realidad, el eslabón final de una operación diseñada con meses de anticipación y un precio pactado: cinco millones de dólares.
El documento que lo cambió todo
Durante más de un año, la causa judicial avanzó con llamativa lentitud. El fiscal Eduardo Taiano demoró casi doce meses en poner a disposición de las partes el resultado del análisis de los dispositivos secuestrados a Novelli y a su socio Sergio Morales. Cuando el peritaje de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) finalmente fue accesible, su contenido resultó devastador.
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Entre los archivos recuperados figura un documento de texto creado el 11 de febrero de 2025, exactamente tres días antes del tuit presidencial. El texto establece el acuerdo económico entre el entorno de Hayden Davis —CEO de Kelsier Ventures y creador del token— y los intermediarios locales, con referencia explícita al rol de Milei.
La cifra total —cinco millones de dólares— coincide punto a punto con la que el empresario Diógenes Casares había mencionado públicamente apenas estalló el escándalo, señalando que, según sus fuentes, esa era la cifra pagada a un funcionario de alto rango del Gobierno. Casares nunca fue convocado como testigo en la causa.
El "sueldo" de Milei
La figura de Novelli no es nueva en el entorno Milei. Los registros de WhatsApp recuperados de su teléfono muestran que el vínculo data al menos de agosto de 2021, cuando ambos intercambiaban mensajes con los apodos "Mau" y "Javiiii". Pero la dimensión económica de esa relación tiene implicancias constitucionales que van más allá del caso $LIBRA.
El peritaje revela que Novelli le abonaba a Milei un pago mensual de 2.000 dólares cuando el economista era diputado nacional. En un mensaje de audio del 3 de julio de 2023, el trader se lo explica a una administrativa de su empresa N&W sin mayores rodeos.
Especialistas consultados por El Destape afirmaron que, si ese flujo de pagos continuó una vez que Milei llegó a la presidencia, las consecuencias legales son de una gravedad institucional que exceden el expediente penal. El artículo 92 de la Constitución Nacional establece que el presidente y el vicepresidente "no podrán ejercer otro empleo, ni recibir ningún otro emolumento de la Nación, ni de provincia alguna" durante el período de sus nombramientos. En el peritaje hay referencias explícitas a al menos dos pagos realizados en 2024, ya con Milei en la Casa Rosada.
La ruta del dinero: el cuevero y los 4 millones
El análisis del peritaje también permitió identificar el canal por el que Davis hizo fluir el dinero hacia el lado argentino de la operación. El nombre que aparece como nodo central es Camilo Rodríguez Blanco, un joven colombiano especialista en criptoactivos que Novelli tenía agendado como "Camilo Crypto Quant" y que operaba como su cuevero de confianza: convertía los USDT —dólares digitales— en efectivo.
El juez Marcelo Martínez de Giorgi, en una resolución del 6 de noviembre de 2025, dictó la prohibición de innovar sobre todos los bienes de Rodríguez Blanco al determinar que fue él quien recibió más de cuatro millones de dólares digitales de Hayden Davis. La conclusión judicial sobre su rol fue precisa: funcionó como nexo que remitió esos activos a Novelli y a Manuel Terrones Godoy, y eventualmente entregó efectivo a destinatarios que, por la imposibilidad de trazar el dinero en efectivo, no pudieron ser identificados.
El magistrado describió en su resolución un "esquema sincronizado" que revelaba que Rodríguez Blanco no solo poseía información privilegiada sobre el lanzamiento del token, sino que recibió financiamiento para operar con él. El monto total transferido por Davis a intermediarios entre el 30 de enero y el 21 de febrero de 2025 superó los 5,78 millones de dólares digitales.
Lo que hace más inquietante el perfil de Rodríguez Blanco es su inserción institucional paralela. En el período previo a la estafa, el colombiano cofundó Privanza Crypto, el área de activos digitales de un estudio de abogados del ámbito policial bonaerense. Y participó de jornadas de capacitación del propio Ministerio Público Fiscal sobre investigaciones en el ecosistema cripto. Desde el estallido del escándalo, su paradero es desconocido. El sitio web de Privanza Crypto cerró exactamente el 14 de febrero de 2026, al cumplirse un año de la estafa.
La noche en que todo colapsó
La secuencia de llamadas del 14 de febrero traza con precisión el mapa de la cadena de mando ante la crisis. Milei tuiteó a las 19.01. Novelli lo había llamado seis minutos antes, desde los Estados Unidos —todo indica que cerca de Davis—, y volvieron a hablar dos veces más en los minutos inmediatamente siguientes al posteo. A las 22.25, con el token ya en caída libre, el presidente llamó a Novelli y hablaron casi cinco minutos.
A las 23.37 ingresó en el circuito Santiago Caputo. El asesor presidencial y el trader intercambiaron al menos cuatro llamadas en menos de una hora, intercaladas con contactos hacia Julian Peh, de Kip Protocol. En la madrugada, Kip Protocol emitió un comunicado desvinculando al presidente. Dos minutos después, Milei publicó que no tenía "vinculación alguna" con el proyecto. Un minuto más tarde Novelli intentó llamar a Caputo sin éxito. El escándalo ya era total.
La pista suiza: monedas de oro y evasión vía Uruguay
La causa judicial reveló que $LIBRA no era el único negocio que Novelli le acercaba a los Milei a través de su acceso a la Casa Rosada. Cuatro documentos encontrados en el peritaje del celular revelan una operación paralela con actores europeos que nunca fue ventilada públicamente.
Se trata de una conexión directa con el Bank Von Roll de Suiza y con Degussa, una firma especializada en metales preciosos. Los representantes de esas instituciones —Gregor Beck, miembro del Consejo de Administración del banco, e Iván Canales Vandewijngaerden, director ejecutivo de ICV Advisors y gerente de relaciones de Degussa— le propusieron a Novelli, para llevar a Karina Milei, dos negocios concretos: la emisión de una moneda de oro con la cara de Javier Milei y una línea de merchandising oficial que incluía remeras, motosierras de colección, valijas y bebidas.
Karina Milei recibió a los promotores de este negocio en Casa Rosada al menos en dos oportunidades: el 5 de abril de 2024 y el 1 de noviembre de 2024. Esta segunda fecha coincide exactamente con el día en que Novelli anotó en su celular el mensaje "Pago Javier kari" y con la fecha de emisión de las declaraciones juradas presidenciales que muestran la aparición de 65.000 dólares no declarados al inicio del período.
Las DDJJ que no cierran
Las declaraciones juradas patrimoniales de Milei, públicas y descargables desde la Oficina Anticorrupción, contienen una anomalía que los investigadores de la causa ya pusieron bajo la lupa. Las DDJJ de 2023 —tanto la de Baja como la Anual Original— tienen fecha de emisión el 1° de noviembre de 2024, es decir, el mismo día en que Novelli visitó la Casa Rosada y anotó "Pago Javier kari".
Entre el inicio y el cierre del período declarado, el patrimonio de Milei registra la aparición de una caja de ahorro en dólares con el equivalente a aproximadamente 65.000 dólares, que no figuraba al inicio del período. Las DDJJ se presentaron casi seis horas después de la visita de Novelli. La coincidencia de fechas no es la única llamativa de este expediente, pero sí una de las más difíciles de explicar sin hipótesis incómodas.
La decisión que demoró la justicia
Tan relevante como los hechos es lo que no ocurrió dentro de la causa. Los dispositivos de Novelli y Morales fueron secuestrados en marzo de 2025, semanas después del escándalo. El peritaje de la DATIP fue elaborado por orden del propio Taiano, que instruyó buscar documentos relacionados con "Tech Forum Argentina", el lanzamiento de $LIBRA y términos como "Milei", "Karina Milei" y "cripto". El resultado de esa búsqueda comprometía directamente a los hermanos Milei. El informe fue mantenido fuera del alcance de las querellas durante casi doce meses.
La oposición presentó un pedido formal ante el procurador Eduardo Casal denunciando que Taiano había obstruido la investigación. En la Cámara de Diputados se formó una comisión específica para monitorear el avance de la causa. La pregunta que el expediente no responderá es si la dilación fue producto de inoperancia institucional o de una decisión con destinatario político. Esa es tarea de la dirigencia opositora, que reeditado el escándalo con las revelaciones de El Destape, amagaron con recrear la comisión parlamentaria para profundizar la pesquisa con foco en la presunta complicidad judicial en un eventual operativo de cobertura al presidente y sus socios.
La institución presidencial como mercancía
Lo que emerge de la acumulación de evidencias es un patrón que excede el caso $LIBRA. Tech Forum no fue un evento de networking cripto: fue un mecanismo para vender acceso preferencial al presidente a empresarios internacionales. Las reuniones con los emisarios del Bank Von Roll suizo, las propuestas de merchandising oficial, el "sueldo" mensual en dólares, el tuit de $LIBRA: cada uno de esos actos tuvo, aparentemente, un precio.
Este esquema no tiene precedentes documentados de esta escala en la historia política argentina reciente. No se trata de un favor político ni de un negocio gris en los márgenes del poder. La evidencia disponible apunta a la monetización sistemática de la función presidencial: un jefe de Estado que cobraba mensualmente como "influencer" de una escuela de negocios, que recibía a banqueros suizos para firmar contratos de merchandising con triangulación fiscal, y cuyo tuit del 14 de febrero de 2025 tenía precio de lista.
El impacto político es difícil de calibrar en tiempo. El gobierno dispone de mayoría en la Cámara de Diputados, lo que hace remota la posibilidad de un juicio político en el corto plazo. Pero la acumulación de evidencias judiciales cambia la dinámica de la campaña electoral de medio término: ya no se trata de una acusación de la oposición sin sustento documental, sino de un peritaje del Ministerio Público Fiscal que vincula al presidente y a su hermana con pagos, cueveros, banqueros suizos y cajas de seguridad vaciadas el día hábil posterior a la estafa.
Seguir la ruta del dinero, como es usual, puede aportar las respuestas a las preguntas que la sociedad argentina acumula en torno a un escándalo que está lejos de concluir.
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