Fentanilo: la estafa mortal del gobierno de Milei

Si Javier Milei se enteró, no le debe haber gustado nada. El caso del fentanilo contaminado fue filtrado a los grandes medios por un funcionario muy importante de su gobierno, que creyó que el prontuario de Ariel García Furfaro contribuía a la causa del oficialismo. El resultado fue el peor. Hoy la crisis amenaza con devorar a parte del gabinete y hasta aliados como Alejandro Fantino exigen la renuncia urgente del ministro Mario Lugones. 

Nadie duda de que la masacre involucra de lleno y en primer lugar a García Furfaro, el empresario farmacéutico que durante la gestión Milei debutó como fugaz dueño de medios, con la compra de acciones en la señal de Noticias IP. El accionista de HLB Pharma Group SA y Ramallo SA es el responsable principal del lote de fentanilo contaminado que mató a más de 100 personas. Pero la inacción del gobierno de Milei fue lo que tuvo consecuencias fatales y el incumplimiento de los deberes de funcionario público que se estudia en la justicia corre en primer lugar para las autoridades de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).  

Por sus efectos hipnóticos y analgésicos, el fentanilo es la droga que más se usa en las terapias intensivas para poner un respirador y anestesiar a un paciente desde hace muchos años. Un ex funcionario, que fue alto directivo del organismo público, habló con El Destape con pedido de anonimato y ofreció su punto de vista, con precisiones que contradicen mucho de lo que se dice sobre el tema y desde el gobierno. 

De acuerdo a su experiencia, el núcleo del problema no está en la trazabilidad de la que tanto se habla sino que es muy anterior. Tampoco es el ajuste salvaje que ordenó Federico Sturzenegger en el ANMAT aunque haya contribuido a que los controles se relajen. Las inspecciones se hicieron y detectaron el peligro a tiempo, pero no se actuó a tiempo ni en consecuencia. ¿Cómo pudo ser posible? No hay explicaciones oficiales, pero algo es seguro: las 33 mil ampollas contaminadas que causaron una masacre sin antecedentes no deberían haber salido del laboratorio de Garcia Furfaro. 

El especialista sostiene que la clave del fentanilo mortal aparece en el mismo informe del organismo que presentó el gobierno ante el juzgado de Ernesto Kreplack y habla de “deficiencia en el cumplimientos de buenas prácticas” y remarca en su punto 6: “En todos los lotes examinados se constató la falta de cumplimiento con las buenas prácticas de manufactura, particularmente en lo concerniente al control y registro de parámetros críticos”. “Crítico es alarma total, es la más grande de las observaciones. Cuando eso ocurre en una planta productora de medicamentos o de alimentos, la autoridad regulatoria tiene que inhabilitar el establecimiento inmediatamente, sin mediar ningún tipo de aviso a ninguna autoridad superior”, le dijo a El Destape el ex directivo del organismo que hoy está en el centro de los cuestionamientos. Ese es el aspecto clave. De acuerdo a su visión, los funcionarios de ANMAT que responden a la titular del organismo, Agustina Bisio -una funcionaria de carrera , tenían que poner su poder administrativo en marcha porque así se lo exige su función y sin necesidad de pedir permiso. 

¿Están autorizados para hacerlo?

Están obligados. Lo tienen que hacer de hecho, sin pedir permiso y luego iniciar las actuaciones. Pero inmediatamente va la faja, se cierra y se retiran los medicamentos porque es un problema de salud pública. Si el ANMAT había encontrado semejantes falencias en noviembre, tenía que actuar de facto. Lo primero que hacen los inspectores y el director de bromatología es decidir el cierre. Se cierra la planta hasta que la pongan en forma y después se avisa a la autoridad política o la autoridad administrativa superior. El poder administrativo es el más fuerte porque es instantáneo. Eso se para ya. No hay que depender ni del juez, ni de las autoridades superiores ni de la mesa de entradas.

¿Por cuánto tiempo?

Le dan un plazo para que pongan la planta en condiciones y controlen desde las heladeras hasta todos los requisitos de higiene. Pero la planta queda inhabilitada hasta que pongan las cosas en orden. Muchas veces hay que soportar las presiones de actores de mucho poder, pero estamos ante un problema de salud pública, con riesgo fatal para la población. Mientras tanto, nada de lo que está adentro se cierra, ni se vende. Se incauta y después se ve. 

El gobierno de Milei ajustó los recursos del ANMAT. ¿Piensa que eso pudo haber incidido en este caso?

Hay algo que es elemental. El ajuste afecta sin duda a un organismo que tiene personal calificado y tiene prestigio internacional, pero esta inspección se hizo y se hizo varias veces. No es que no la hicieron porque echaron gente. Los funcionarios que están a cargo del ANMAT son de carrera y saben cómo es ese procedimiento.

¿Entonces qué pudo haber pasado? 

Eso es lo que el juez debe estar investigando. Algo que pudo haber pasado es que los funcionarios hayan tenido tanto miedo de tomar decisiones que pidieron permiso para inhabilitar la planta. La otra posibilidad es que haya habido como se sospecha un caso de coimas. El ANMAT es un organismo poroso, la presión de los actores de la industria existe. Los lobbys siempre condicionan. 

Sturzenegger sugirió eliminar el ANMAT.

El ANMAT es indispensable para la industria farmacéutica argentina. Sturzenegger no sabe de lo que habla. La industria local gana mucha plata exportando y necesita una autoridad regulatoria: porosa, ajustada, dócil, pero que exista. Sin ANMAT, se acaba el negocio de la exportación.  Argentina fue durante años líder en la región, pero hoy Brasil ya está cerca en desarrollo. 

¿Cómo funcionan las inspecciones? 

Hay inspección de planta y hay inspección de producto. Antes de que salga al mercado, el primer lote de cada producto es analizado: si cumple con todo, puede salir al mercado. En este caso, lo que hubo fue una inspección de planta, no de lote. Entonces todo lo que se fabricaba ahí estaba presumiblemente cuestionado. Las inspecciones son regulares como si fuera una VTV, pero también hay inspecciones aleatorias en función de denuncias. Pero la farmacovigilancia es ex post. 

¿Qué incidencia tienen las denuncias?

Entre los médicos, los pacientes y los fabricantes, los que más denuncian ante el personal del ANMAT son los mismos fabricantes porque quieren cubrirse. La población desconoce que un medicamento puede estar adulterado y los médicos por lo general no le dan importancia al tema ni conocen con exactitud las atribuciones y el alcance del ANMAT. En este caso parece que fue al revés.

Todo indica que alguien de mucho poder decidió cubrir a Garcia Furfaro y actuar para darle protección desde el gobierno. Las pruebas de la contaminación estaban, pero aún así se prefirió no hacer nada. Más que negligencia parece complicidad. La decisión terminó en una masacre.