Fundación Faro: el esquema Ponzi de la "batalla cultural"

La guerra de poder y negocios que sacude al gobierno se extiende al Poder Judicial. El miércoles, el bloque de poder que impuso a Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia obtuvo un triunfo al nombrar 74 magistrados para ocupar cargos en distintos fueros y jurisdicciones del país. Karina y Javier Milei celebraron la novedad con la candidez de los creyentes: asumen que ese gesto de la famiglia de Comodoro Py les evitará el calvario judicial que los acecha.

No es lo que cree el asesor de Santiago Caputo, quien a menudo bromea con que le espera un futuro en prisión. Del dicho al hecho hay un trecho que el operador monotributista pretende ampliar con una ambiciosa reforma judicial que le otorgue el joystick de tribunales vacantes o por crear.

En ese diseño trabajan la Secretaría Legal y Técnica, María Irarzabal Murphy, y el efímero cortesano, Manuel García Mansilla. La funcionaria caputista y el jurista del Opus Dei -que disfrutó apenas 39 días comisionado como ministro en la Corte- presentaron su ambicioso proyecto en octubre pasado, amparados por los artificios del triunfo electoral de medio término. El plan involucra unas 15 reformas. La refacción del Código Civil y Comercial, que alteraría alrededor del 80% del texto vigente, está en manos de Andrés Sánchez Herrero, director del doctorado en Derecho de la Universidad Austral. El mismo jurista tiene a su cargo la reforma de la ley de marcas. La redacción de un nuevo Código Procesal Civil y Comercial de formato adversarial recayó en Gustavo Calvinho, también docente de la Austral y figura que ya había participado de una comisión equivalente durante el gobierno de Mauricio Macri. La reforma del Código Aduanero es responsabilidad de Horacio Alais, otro cuadro de la misma casa de estudios. Sebastián Balbín, subdirector del Departamento de Derecho de la Empresa de la Austral, trabaja en una ley general de sociedades. Por su parte, el abogado Pablo Falabella redacta un código de concursos y quiebras en colaboración con especialistas de Estados Unidos e Irlanda.

García-Mansilla se reservó para sí el proyecto más sensible: la reforma del Consejo de la Magistratura, el organismo que administra el Poder Judicial y controla la designación de jueces. El Consejo funciona hoy bajo una ley que había sido derogada y que la propia Corte Suprema resucitó en 2021, en un fallo cuyo principal efecto práctico fue garantizarle a Horacio Rosatti la presidencia simultánea del máximo tribunal y del organismo que selecciona a los jueces. García-Mansilla dijo que su plan tiende a "despolitizar" los mecanismos de selección de magistrados. Es decir: galvanizar el poder de las corporaciones sobre los tribunales.

La presentación recibió un aplauso cerrado de los empresarios presentes en el Yacht Club, sede del evento organizado por la Fundación Faro. La reaparición pública de García Mansilla en ese acto fue, a la vez, una reivindicación y una advertencia: el dispositivo de poder que responde al asesor presidencial Santiago Caputo está dispuesto a dar batalla en un territorio donde el macrismo es fuerte y la Embajada de Estados Unidos, amo y señor.

Frente a esas pretensiones se interpone Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia nombrado para colonizar los tribunales a gusto y necesidad del bloque de poder económico hoy enemistado con el presidente. Paolo Rocca y Héctor Magnetto son la cara visible de los disgustados, a quienes el presidente denomina despectivamente como “empresaurios”. Por esas carambolas de la necesidad política, en ese grupo hoy orbitan el expresidente y Horacio Rosatti, dos que no se quieren, pero que menos quieren a Milei.

Para completar el exotismo de la escena, la avanzada colonizadora de Mahiques contó con la aprobación de la hermana Karina, que terminó envuelta en un nuevo bochorno fraternal. El karinismo cree que fue Santiago quien le sopló a Milei que la candidata a jueza Verónica Michelli era la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, a sabiendas de que el dato iba a detonar un brote emocional. Acorde a lo esperado, el presidente pidió retirar la nominación de la candidata. El hecho fue aprovechado por Patricia Bullrich -aliada circunstancial de Caputo por la enemistad manifiesta de Karina- para marcar una nueva diferencia con Milei y promocionarse como relevo. Herido, el clan Mahiques replicó con dos acciones: el patriarca Coco -prorrogado en Casación- reclamó censura previa a los periodistas que informan sobre la marcha de causas judiciales, en especial en La Nación, donde trabaja Alconada Mon. Su hijo ministro, por su parte, solicitó a la IGJ que revise el órgano más sensible de cualquier organización política: su bolsillo.

Problemas de caja

La Inspección General de Justicia notificó a la Fundación Faro el 1° de junio de 2026 para que presente, en un plazo de diez días hábiles, el detalle de quiénes realizaron las donaciones millonarias que la organización declaró haber recibido durante 2024. La intimación ocurrió luego de que la organización Chequeado -ligada al macrismo- accediera al balance contable presentado por la entidad.

El relevamiento mostró números llamativos. En el ejercicio 2023, cuando la organización todavía operaba bajo el nombre Fundación Valorar, el patrimonio neto era de doce millones de pesos y los ingresos no superaban los 49 millones. Un año después, con el cambio de nombre y de conducción ejecutiva, el patrimonio neto saltó a 4.394 millones de pesos. Los ingresos declarados bajo el concepto "Donaciones, Cursos, Talleres y Prevención" rozaron los cinco mil millones de pesos: unos 4,8 millones de dólares al tipo de cambio del 31 de diciembre de 2024.

Lo que el balance no aclara es quiénes pusieron esa plata.

La IGJ, en el requerimiento firmado por su director Alejandro Ramírez -designado por Mahiques-, le exige a la Fundación que presente el llamado "Anexo XIII", un listado obligatorio para toda asociación civil o fundación que reciba donaciones superiores a cuarenta salarios mínimos vitales y móviles en treinta días. En diciembre de 2024, esa cifra equivalía a once millones de pesos por donante. Es decir: la Fundación Faro habría recibido múltiples aportes individuales que superaron ese umbral, y no informó ninguno de ellos. Si no cumple con el requerimiento en el plazo establecido, enfrenta multas que pueden llegar a ocho millones de pesos por infracción, con actualización semestral.

La tarjeta para participar de un encuentro organizado por la Fundación Faro oscila entre los 1000 y los 20 mil dólares, según la ocasión. Reuniones de “trabajo”, como la protagonizada por García Mansilla, están entre las más económicas, en tanto que un cubierto en la cena anual -de la que suelen participar como oradores el ministro Luis Caputo y el presidente Milei- tiene la tarifa más onerosa.

¿Para qué pagan los que pagan? "Diseño de políticas de gobierno" promete, entre otras tareas de lobby, la página de la Fundación que preside el influencer reaccionario Agustín Laje. La influencia de Santiago Caputo sobre la organización es decisiva y manifiesta a través de su hermano Francisco, a cargo de la administración.

Los hermanos Caputo se conocen desde niños con los hermanos Patricio y Juan Neuss, administradores del Yacht Club de Puerto Madero que alberga los eventos de la Fundación.

La historia del grupo empresarial tiene sus raíces en el siglo XIX. La primera generación Neuss llegó a la Argentina para hacer negocios con soda y jugos. Pero fue la generación de Jorge y Germán Neuss -con su afinidad con el menemismo- la que cimentó las bases del poder actual. La sintonía con el entorno de Carlos Menem les facilitó terrenos y permisos en el entonces desolado Puerto Madero de los años 90. El barrio que hoy exhibe torres de cristal y restaurantes de alta gama fue construido, en buena medida, con el capital político que esa familia administró.

Tres décadas después, el patrón se repite con variaciones menores. Los hermanos Patricio y Juan Neuss -tercera y cuarta generación- convirtieron esa herencia en una plataforma de acumulación sin precedentes en el sector energético argentino. A través de Edison Energía -consorcio que integran junto con el fondo Inverlat, dueño de Havanna, y los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, del Grupo Newsan-, acumularon las distribuidoras eléctricas de Tucumán y Jujuy, la transportista Litsa y las centrales hidroeléctricas de Potrerillos, Alicurá y Cerros Colorados. En mayo de 2026, el Ministerio de Economía oficializó mediante la Resolución 673 la adjudicación de Transener -la empresa que opera el 85% de la red de alta tensión del país- a Edison Energía y Genneia por 356 millones de dólares. Con esa operación, el grupo completó su presencia en toda la cadena eléctrica: generación, transporte y distribución.

La relación entre ese proceso de acumulación y los vínculos con la Fundación Faro no es una conjetura. Es una ecuación: quienes aportan a la caja de la fundación acceden al entorno de quien diseña la política energética. El Estado privatiza. Los amigos se enriquecen. Plin, caja.

El negocio “anti woke”

La movida de la IGJ sobre los libros de Faro tiene una dimensión que excede el plano judicial. Quien conoce de cerca la lógica con que opera el bloque de Karina -en especial, el clan Menem- advierte que la avanzada sobre los donantes de la Fundación no es solo un ataque a Caputo: es también una operación de inteligencia financiera. El aparato de "El Jefe" quiere saber quiénes son los grandes aportantes para intentar captarlos. El flujo de dinero del empresariado hacia el proyecto libertario no puede quedar, en la lectura menem-karinista, bajo control del asesor presidencial.

La disputa por el botín amenaza con alumbrar un esquema de negocios con proyección transnacional. Agustín Laje construyó su figura como el gran teórico de la "batalla cultural" libertaria. Sus videos en YouTube acumulan 2,4 millones de suscriptores. Sus libros circulan en los círculos conservadores de toda América Latina. Su perfil público es el del intelectual que le da sustento conceptual al movimiento: la persona que traduce el sentimiento reaccionario en categorías filosóficas transmisibles.

Ese perfil no se agota en Argentina. Con residencia en España -donde cursa un doctorado en la Universidad de Navarra-, Laje recorre América Latina y Europa como conferenciante en demanda creciente. La Fundación Disenso, el think tank del líder de Vox, Santiago Abascal, lo incorporó a su estructura. En Madrid expuso ante la Fundación NEOS sobre el fin del "wokismo". Participó en la Feria del Libro de Bogotá y en decenas de foros conservadores desde República Dominicana hasta México, siempre con el mismo eje: la guerra contra la ideología de género, el globalismo y lo que llama "el relativismo progresista". El producto de exportación de la Fundación Faro no es solo una ideología argentina: es un patrón moral reaccionario que se vende como alternativa civilizatoria en todo el mundo hispano.

La Fundación Faro ofrece además la articulación entre el poder político y el poder económico. Se oferta como espacio de intermediación donde el gobierno comunica su agenda a los empresarios, donde los empresarios financian la producción cultural y política del movimiento, y donde los cuadros formados por la organización son insertados en el Estado para ejecutar las políticas que a esos mismos empresarios les convienen.

El modelo no es nuevo. Lo novedoso es la escala, la velocidad y la falta de limitaciones externas, producto de la oposición ausente.

En ese campo orégano, la provocación avanza con extrema brutalidad. El panelista Diego Recalde frecuenta los streams del espacio, defiende las políticas del gobierno en todos los formatos disponibles y tuvo aspiraciones declaradas de suceder a Manuel Adorni como vocero presidencial. Su “escuelita” es la Fundación Faro, donde en diciembre fue nombrado portavoz oficial.

Recalde se convirtió en el centro de una oleada de repudio que excedió los límites del debate político. Durante un programa de Crónica TV en el que se analizaba el femicidio de Agostina Vega -la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba-, el portavoz planteó que determinadas "actitudes físicas" de la víctima transmitían una "soltura" que el agresor pudo haber "interpretado". Cruzado por la periodista Julia Eva Saggini, Recalde profundizó: "Te das cuenta cuando hay un cuerpo que tiene un tránsito distinto a un cuerpo virgen", sostuvo, cual catador de cuerpos adolescentes.

El episodio no fue un accidente. Es parte de la guerra cultural contra el feminismo que la Fundación tiene como eje de su “agenda anti woke”. Laje construyó durante años un andamiaje conceptual donde los derechos de las mujeres son presentados como "ideología de género", donde el feminismo es retratado como una forma de "opresión marxista" y donde la violencia de género como categoría es sistemáticamente cuestionada. Portador insano de esas ideas, el propio Milei cuestionó que existiera el femicidio como figura penal.

Las barbaridades de Recalde, como las de Laje, están patrocinadas y empoderadas por los aportes empresarios que multiplicaron el patrimonio de la Fundación 356 veces en un año. Como afirma el dicho: la responsabilidad no es de los cerdos, sino de quienes les dan de comer.