Los 23 gobernadores provinciales y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se reunieron el pasado lunes con autoridades del Gobierno nacional en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). A pesar de no haber llegado a un acuerdo entre ambas partes, desde el Gobierno de Formosa adelantaron que los mandatarios provinciales avanzan con su propia agenda para conseguir los recursos que el Ejecutivo nacional les niega, según informó NEA Hoy.
Entre las acciones que llevarán a cabo los mandatarios provinciales se encuentra un proyecto de ley para automatizar y coparticipar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y modificar la Ley del Impuesto a los Combustibles Líquidos, eliminando fideicomisos intermedios para que el 58,36 % del gravamen quede directamente en las provincias, como indicó el subsecretario de Hacienda y Finanzas de Formosa, Miguel Antinori.
Cabe destacar que uno de los principales reclamos surgidos en la reunión es la acusación por parte de los gobernadores hacia el Gobierno nacional, bajo la acusación de que este último "retiene recursos provinciales para sostener un superávit fiscal ficticio”.
Según un informe reciente, entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, las provincias perdieron $30,4 billones (millones de millones) a causa de $13,4 billones por caída de la coparticipación debido a la recesión económica y cambios tributarios. A eso se suma la pérdida de $7,7 billones por recorte de transferencias no automáticas que el Gobierno dejó de enviar pese a estar legalmente obligadas y $9,3 billones por fondos recaudados, pero no ejecutados, como el ATN, el Impuesto País para obras sociales y los impuestos al combustible para infraestructura vial, lo que equivale a pérdidas de 6,4 meses de ingresos de origen nacional (RON), casi el 60 % de la coparticipación anual, y representan un 35 % del total recibido durante la gestión Milei.
Además del ajuste presupuestario, el subsecretario de Haciendas y Finanzas explicó que “la Nación mantiene una deuda superior a los $2 billones con las provincias que conservan sus propias cajas jubilatorias”. Son 13 las provincias que deben recibir las transferencias del Tesoro nacional para compensar el no haber transferido sus cajas previsionales a la Nación: Formosa, Córdoba, Buenos Aires (Provincia), Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.
Sin embargo, a partir de diciembre de 2023, el Gobierno de Milei suspendió los giros mensuales estipulados (bajo el argumento de realizar una auditoría), lo que dejó deudas abultadas acumuladas durante 2024. Este incumplimiento pone en riesgo el pago de haberes provinciales y constituye otro recorte estructural que alimenta un superávit nacional logrado a costa de los jubilados y del federalismo.
Sobre esta quita de fondos, Antinori aclaró que “no solo es un dato contable: se traduce en hospitales sin insumos, escuelas sin mantenimiento, rutas paralizadas sin mantenimiento y programas sociales desfinanciados. Los gobernadores sostienen que este recorte silencioso rompe el pacto federal y atenta contra la equidad territorial”.
El proyecto propone devolver autonomía a las provincias, garantizar la transparencia en la distribución de recursos y evitar que la Nación utilice los fondos como herramienta de presión política o ahorro artificial. Como sostienen varios mandatarios: “No se puede hablar de equilibrio fiscal cuando se logra a costa de empobrecer a las provincias y desmantelar el Estado en el interior del país”.
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