El Gobierno fuerza la renegociación de 450 convenios colectivos de trabajo

El Gobierno prepara un llamado masivo a renegociación de los convenios colectivos de trabajo antes de fin de mes. Serán 450 acuerdos con cláusulas vencidas que los sindicatos y representaciones empresarias deberán ahora volver a discutir o conceder –en el caso de las organizaciones obreras- la pérdida de su vigencia. En principio el debate se focalizará en ítems no salariales y no en condiciones de trabajo, aunque la impronta de la administración libertaria estimulará su inclusión. La CGT, enfocada esta semana en el debate de un foro internacional, no prevé objetar la medida.

La Secretaría de Trabajo lanzará esta semana las primeras notificaciones a gremios y patronales para oficializar la convocatoria a revisar convenios y a discutir, en particular, la continuidad o no de las denominadas “cláusulas obligacionales” vencidas. Se trata de los puntos resueltos en negociaciones bipartitas en los que en general se pactan aportes específicos a un sindicato, obra social o cámara empresaria. Para los encargados de diseñar la reforma laboral, como el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, son “costos extrasalariales” que incrementan de manera artificial los productos y servicios y a los que suele denominar “curros” convenidos entre las partes.

La ley 27.802 de reforma dictó el fin de la “ultraactividad” (vigencia de una norma más allá de su vencimiento formal hasta tanto los signatarios la rediscutan) para esos ítems y dejó a salvo las “cláusulas normativas” que fijan condiciones de trabajo e ingresos para los asalariados en cada actividad. Fue la manera en que el Ejecutivo acordó con los gremios avanzar sobre derechos individuales en paralelo con la preservación de los “colectivos”. En tanto que el decreto reglamentario 407/26 estableció semanas atrás un plazo de 30 días para la rediscusión en los casos de vencimiento de las cláusulas.

Los funcionarios encargados de este llamado explicaron que si bien la base del debate serán los ítems “obligacionales”, las partes serán libres de discutir los puntos convencionales y normativos generales de cada actividad. De hecho la administración libertaria buscará estimular esa extensión de las negociaciones a pedido de las empresas.

En lo formal una eventual modificación de fondo demandará el acuerdo de ambas partes pero las fuentes consultadas aclararon que la propia reforma abre la puerta para la creación de nuevos sindicatos y el establecimiento de convenios colectivos específicos que eventualmente podrán abordar puntos sobre los que los gremios establecidos prefieran no avanzar.

Pero también figura en los planes del Gobierno atomizar la representación del sector empresario: el decreto reglamentario establece que podrá sumarse a las discusiones de los convenios cualquiera que acredite contar con al menos 10% del total de los trabajadores de una actividad. Un caso paradigmático es el del convenio de Comercio, con más de un millón de asalariados comprendidos y un sector como el de los supermercados que sistemáticamente cuestiona los arreglos de las cámaras de la actividad. Se calcula que entre establecimientos mayoristas y minoristas suman no menos de 120 mil asalariados, con lo cual los dueños podrían pedir su incorporación a la paritaria con voz y voto.

Es el corazón de la reforma libertaria: forzar una discusión del mayor alcance posible sobre los convenios colectivos bajo el fantasma de que en caso de no haber avances a gusto del Gobierno podrán crearse sindicatos “amarillos” o propatronales e incorporar en las conversaciones a representantes empresariales antes marginados. Así como establecer nuevos acuerdos generales por fuera de los tradicionales.

Para sustentar esta línea la reforma laboral consignó que ningún convenio de ámbito mayor (en general, de aplicación nacional sobre toda una actividad) podrá imponerse a uno menor (por región, provincia o incluso por empresa).  También alteró el principio de “irrenunciabilidad” de los derechos que hasta ahora impedía la firma de acuerdos a la baja para darles preeminencia a los entendimientos de nivel individual que eventualmente podrán empeorar las condiciones preexistentes para ese trabajador.

La CGT no trazó una estrategia en contra del llamado masivo a renegociar convenios colectivos. Por el contrario, en la “mesa chica” de la central explicaron que para bloquear esa eventual convocatoria podrá hacerlo cada sindicato de manera individual. El criterio es que la central obrera no tiene representatividad para impedir una mesa de negociación y que eventualmente, la caída de la ultraactividad sobre las cláusulas obligacionales ya fue objetada por la organización en la demanda que presentó en la Justicia contra la reforma laboral. El triunvirato de secretarios generales y la plana mayor de la entidad, junto con las de las dos versiones de la CTA, participan desde hace varios días de la Conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo en la ciudad suiza de Ginebra.