Después de que se conozca el vínculo entre la Cancillería argentina y la esposa de Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, a través de una llamativa adjudicación por parte del Estado, se supo que se presentó una denuncia penal para sorteo ante la Cámara Criminal y Correccional Federal contra el funcionario por la presunta omisión de publicación en la web de la Oficina Anticorrupción (OA).
La decisión se toma en el marco de la contratación de Cancillería con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), que está encabezada por María Josefina Rouillet, quien es esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y ocupa el cargo de Directora Ejecutiva de la AACI al menos desde septiembre de 2020.
Lla constancia de presentación indica que la denuncia fue remitida el 16 de febrero de 2026 a las 13:55 al correo de sorteos de la Cámara, junto al escrito adjunto “DENUNCIA PUBLICACIÓN STURZENEGGER Y OTROS”.
En el escrito, los denunciantes —que pidieron ser identificados como integrantes de Reset Republicano, “una agrupación política del centro republicano comprometida con la lucha anticorrupción y la construcción de una alternativa política moderada”— solicitaron también que se investigue la conducta de María Josefina Rouillet, cónyuge del ministro y directiva de la entidad adjudicataria.
La presentación menciona que la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior dictó la Disposición 21/2026 (DI-2026-21-APN-SSCYAE#MRE) el 19 de enero de 2026, por la cual se adjudicó a la AACI la Adjudicación Simple por Especialidad N° 26-0033-CDI25 por $114.044.133, con opción de prórroga, para la continuidad del servicio de capacitación en inglés del personal de Cancillería, en el marco del Plan Estratégico de Capacitación (PEC) 2025–2027.
Según el texto, la propia disposición consignó que de la Declaración Jurada de Intereses surgió un “vínculo positivo” entre Rouillet y Sturzenegger, y que se activaron los procedimientos del artículo 4° del decreto: comunicación a OA y SIGEN, sugerencia de un Pacto de Integridad y publicación de actuaciones en el sitio del ministerio. Sin embargo, los denunciantes afirmaron que, al consultar el buscador de “Casos informados a la OA”, constataron que, al 15 de febrero de 2026, no figuraban publicaciones registradas sobre la recepción de la declaración jurada correspondiente al caso y sostuvieron que esa presunta omisión afectó un requisito “clave” de transparencia.
En el capítulo “Derecho”, el escrito encuadró los hechos en los posibles delitos de incumplimiento de deberes (art. 248 del Código Penal) y negociaciones incompatibles (art. 265), y señaló que el tema tomó dimensión pública porque fue noticia en distintos medios, como la Agencia Noticias Argentinas, que la denuncia menciona expresamente.
En la presentación también introdujo un antecedente: se aseguró que en 2024 estuvo vigente otro contrato entre “idénticos contratantes” y se pidió verificar si correspondía una actualización de la declaración jurada dentro del plazo que prevé el decreto, y si esa actualización fue publicada en el sitio de la OA.
Revelan millonario contrato de Cancillería con la esposa de Sturzenegger
La polémica por las adjudicaciones en el Estado alcanzó esta vez a la Cancillería, al revelarse que el ministerio que dirige Pablo Quirno efectuó un contrato de más de 100 millones de pesos a una asociación dirigida por la esposa de Federico Sturzenegger.
En concreto, el Ministerio de Relaciones Exteriores otorgó un contrato por $114.044.133 con IVA incluido —equivalente a unos USD 78.000 al cambio vigente— para brindar cursos de inglés a su personal, cuyo adjudicatario fue la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), según una investigación del medio Noticias Argentinas.
La institución, agregó NA, está encabezada por María Josefina Rouillet, quien es esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y ocupa el cargo de Directora Ejecutiva de la AACI al menos desde septiembre de 2020.
El proceso se realizó bajo la modalidad de Adjudicación Simple por Especialidad y, a raíz del lazo familiar mencionado, se puso en marcha el mecanismo de control establecido en el Decreto 202/2017, con participación de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
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