La Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), intervenida por el gobierno de Javier Milei, pidió formalmente a la Secretaría de Trabajo la apertura de un Proceso Preventivo de Crisis (PPC), una instancia prevista por la ley para reorganizar su situación financiera sin interrumpir la atención médica de sus afiliados. Así lo informó la intervención encabezada por Marcelo Carlos Petroni, abogado cercano a Eduardo “Lule” Menem.
El pedido se presentó apenas un día después de que el juez federal Sebastián Casanello dispusiera nuevas medidas de prueba en la investigación que analiza presuntas maniobras del secretario de Trabajo, Julio Cordero, y otros funcionarios para forzar la intervención de Osprera y debilitar a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), el sindicato que nuclea a los trabajadores rurales. La Justicia intenta determinar cómo se tomaron las decisiones que derivaron en la intervención de la obra social.
Desde el entorno del secretario general de la UATE, José Voytenco, reaccionaron con indicignación ante esta medida. "Dicen que necesitan recortar personal, pero mientras tanto Petroni sigue haciendo designaciones", marcaron desde el gremio y mencionaron que en Santiago del Estero designaron " un remisero que el año pasado chocó borracho y se dio a la fuga". Se trata de Ricardo Alberto Díaz, quien fue designado en su función el 20 de noviembre pasado. Según una nota publicada en el sitio Info del Estero, "en agosto del año pasado Díaz fue detenido por la Policía tras ser encontrado conduciendo un remis en estado de ebriedad y luego de embistir al menos dos autos y darse a la fuga.
Según explicó la intervención, Osprera destina actualmente un 16% de su gasto mensual al pago de personal, el doble del tope del 8% establecido por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Petroni sostuvo que el PPC permitirá generar un ahorro superior a los $10.500 millones y equilibrar las cuentas sin afectar prestaciones ni servicios esenciales.
De acuerdo con lo señalado por la conducción actual, el Proceso Preventivo de Crisis es una herramienta legal para ordenar la estructura económica de entidades en situación crítica sin frenar su operatoria. Según explicaron desde la intervención, el esquema se aplicará para asegurar la continuidad de las prestaciones, garantizar la provisión de medicamentos, normalizar la relación con prestadores y resguardar los puestos de trabajo vinculados al sistema de salud, todo bajo supervisión estatal.
Durante la gestión del Frente de Todos, Osprera había recibido un aporte extraordinario de $3.350 millones en diciembre de 2023. Sin embargo, con la llegada del gobierno de La Libertad Avanza, la obra social fue intervenida por decreto, desplazando al titular del gremio e instalando una nueva conducción en medio del proceso judicial que continúa en trámite.
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