Con meses de conflicto con el Gobierno nacional, los trabajadores del Hospital Garrahan denuncian que el desmantelamiento fomentado por el Ejecutivo amenaza con provocar una "fuga de cerebros", la cual ya está en marcha a partir de las renuncias de médicos y demás especialistas que eligen irse a trabajar al sector privado cansados del riesgo que les implica la inestabilidad en el reconocido establecimiento pediátrico. Esta situación, aseguran, aumenta los riesgos de que los niños que allí se atienden puedan seguir contando con el hospital para atenderse.
El Dr. Mauro García, jefe de Terapia Intensiva, advirtió que el deterioro salarial y la falta de medidas concretas por parte del Gobierno derivaron en un éxodo de profesionales altamente capacitados. De acuerdo a sus palabras, la pérdida del poder adquisitivo en los últimos 18 meses provocó un goteo de renuncias que ya impacta de lleno en áreas críticas como oncología y terapia intensiva.
El panorama se agravó tras el veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica, la cual buscaba actualizar los sueldos y compensar la inflación. Sin esa herramienta, los médicos aseguran que la situación se volvió insostenible y que la atención de los pacientes está en riesgo. En este contexto, el personal del hospital mantiene un paro con guardias mínimas, mientras reclama respuestas urgentes para evitar el colapso.
Salarios congelados y renuncias en cadena
"Desde hace más de 18 meses que el Hospital Garrahan viene perdiendo poder adquisitivo en los ingresos de los trabajadores y muchos de los que conformaban los equipos especializados tomaron la resolución de irse", señaló el Dr. García en diálogo con Radio Rivadavia. El médico detalló que ya se contabilizan 245 renuncias desde el inicio del conflicto. La situación golpea con especial crudeza al área de oncología, que atiende al 40% de los pacientes oncológicos pediátricos del país: de cinco vacantes abiertas, apenas se cubrió una.
La Ley de Emergencia Pediátrica, que fue aprobada en el Congreso en agosto pasado pero vetada recientemente por el Ejecutivo, representaba una esperanza para los trabajadores. "No es una gran cantidad de dinero pero lograba compensar parte de lo perdido", indicó. Sin esa actualización, los médicos afirman que seguirán perdiendo profesionales formados y comprometidos, muchos de los cuales son absorbidos por el sector privado.
Precarización laboral y falta de incentivos
Aparte de los salarios, los médicos denuncian un creciente proceso de precarización laboral dentro del hospital. García relató que a especialistas en terapia intensiva les ofrecen contratos de locación, lo que implica trabajar sin recibo de sueldo, vacaciones, aguinaldo ni licencias. "Es el peor momento en mis 27 años en el hospital y en los 38 de vida que tiene la institución", sostuvo.
La situación de los residentes también refleja la crisis sanitaria y pediátrica. Muchos jóvenes optan por becas institucionales "mejor pagas" ofrecidas por el Ministerio de Salud, pero a costa de perder derechos laborales y antigüedad; algo que impactará de lleno en sus economías pensando en el futuro. "Esto refleja la precarización que estamos viviendo", afirmó.
Antes del veto, los profesionales habían desplegado gestiones con diputados y gobernadores, insistiendo en que la salud pública no puede quedar relegada. Ante el rechazo presidencial, no descartan llevar el reclamo a la Justicia, aunque reconocen que ese camino es largo y complejo.
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