El director del Instituto de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, acusó recibo de las críticas opositoras por la veracidad de los datos oficiales y pidió ayuda a los sindicatos que actúan en el organismo para blindar su gestión. Lavagna recibió la semana pasada a los referentes en el ente de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para llevar tranquilidad sobre la continuidad del personal en medio de rumores de una nueva poda de empleados públicos y, en lo esencial, buscar respaldo político interno acerca de la solidez de la información estadística.
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El funcionario se reunió por separado con Natalia Fernández, secretaria general de la seccional Economía-Indec de UPCN, y con Raúl Llaneza, responsable de la filial de ATE en el organismo. Fue una convocatoria infrecuente en particular por Llaneza, con quien Lavagna mantiene mayor distancia al igual que el resto del elenco libertario con la dirigencia de ATE. Les confió a ambos dirigentes su preocupación por la erosión en la confiabilidad de los datos estadísticos y en su propio prestigio por las correcciones hacia atrás producidas en el último tiempo sobre el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que pusieron a salvo a la gestión de Javier Milei de que la Argentina se declarara técnicamente en recesión.
Otra razón para la suspicacia de la oposición respecto de los datos oficiales es la demora en la implementación de los cambios en las ponderaciones de rubros como el de los servicios, que experimentaron en el arranque de la administración de Milei una disparada exponencial tras la devaluación del 118% dispuesta por el ministro de Economía, Luis Caputo. Lavagna confirmó en esas charlas que la publicación de los nuevos estimadores económicos está planeada para enero con un empalme de por lo menos un mes entre los nuevos números y los de arrastre.
La respuesta sindical fue similar en ambos casos. No habrá declaraciones públicas que pudieran abonar sospechas sobre el funcionamiento del Indec. Ninguno de los gremios tiene previsto horadar la confiabilidad de un organismo en el que se desempeñan unos 1100 técnicos, profesionales y empleados en su mayoría afiliados a sus organizaciones. De haber razones fundadas para poner en tela de juicio los datos estadísticos los sindicatos lo hubieran expuesto, advirtieron en el sector ante la consulta de El Destape.
De hecho, en los sindicatos minimizaron los efectos de las renuncias que presentaron en agosto pasado Georgina Giglio, hasta entonces directora del Índice de Precios al Consumidor (IPC), y Guillermo Manzano, exresponsable del área de Estadísticas de Condiciones de Vida. En otras palabras, los máximos referentes de los datos de inflación y pobreza, respectivamente. A pesar del histórico enfrentamiento que existe entre UPCN y ATE en los dos gremios coincidieron en atribuir las salidas de los funcionarios al malestar por la falta de actualización salarial antes que a una eventual manipulación estadística. La administración libertaria congeló los sueldos de las categorías de directores en adelante en los últimos dos años.
Ese atraso salarial es, no obstante, la mayor razón de la pérdida de puestos de trabajo en el Indec. Se calcula que desde 2024 renunciaron, se jubilaron o no renovaron sus contratos a plazo por lo menos 400 técnicos y profesionales. Por caso, Giglio pasó a cumplir funciones en el órgano estadístico de la provincia de Buenos Aires y Manzano hizo lo propio en el de la ciudad de Buenos Aires.
Como parte de las charlas, Lavagna buscó llevar tranquilidad a los sindicalistas. Les dijo a Fernández y a Llaneza que las advertencias del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, por una presunta nueva etapa de “motosierra” sobre el 10% de la plantilla de la administración pública nacional no alcanzará al Indec. Y reconoció que incluso el organismo sufre la falta de personal y atribuyó errores en algunas publicaciones a la ausencia de cuadros técnicos en áreas sensibles.
El director del Indec cumple su segundo mandato al frente del organismo al que llegó de la mano de Alberto Fernández en 2019 y fue apoyado por Milei para continuar en 2023. Es un dirigente alineado con el Frente Renovador de Sergio Massa y fue diputado nacional por ese espacio entre 2015 y 2019. Es hijo del exministro de Economía Roberto Lavagna.
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