En una nueva embestida contra la capacidad técnica del Estado, el gobierno de Javier Milei oficializó la disolución del Servicio Argentino de Calibración y Medición (SAC) del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Bajo el pretexto de una supuesta "modernización administrativa", el Ejecutivo desarmó un área que funcionó durante más de cuatro décadas y que posicionaba a la Argentina como líder en estándares de medición en Latinoamérica.
La medida no es un simple cambio burocrático: implica que el Estado se retira del control directo sobre cuestiones que afectan el bolsillo y la seguridad de los argentinos todos los días. A partir de ahora, las funciones de control y certificación pasan al Organismo Argentino de Acreditación (OAA) y a una red de laboratorios privados.
El fin de las garantías
Hasta hoy, el INTI era el último garante de que las mediciones en el país fueran confiables. Su labor invisible pero fundamental aseguraba, por ejemplo, que los surtidores de las estaciones de servicio cargaran exactamente los litros de nafta que cobraban, o que las balanzas de los supermercados y almacenes indicaran el peso correcto de los alimentos.
Pero el desguace va mucho más allá del peso de las cosas. El sistema de calibración que Milei acaba de eliminar era el responsable de verificar:
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Que los radares de velocidad y los alcoholímetros utilizados en los controles de tránsito midieran con precisión, evitando multas injustas o peligros viales.
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Que los juguetes y mamaderas de plástico no contengan materiales tóxicos nocivos para la salud de los chicos.
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La eficiencia energética de los electrodomésticos, un dato crítico para el bolsillo de los usuarios ante los tarifazos de luz.
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El nivel de plomo en las pinturas de uso hogareño y la seguridad de los productos para celíacos.
El costo para la industria
La decisión fue recibida con alarma en el sector científico y productivo. Enrique Martínez, ex presidente del INTI, advirtió en su cuenta de X: "Se declaró disuelto el servicio de Calibración y Medición del INTI. Eso equivale a borrar el Estado de una prestación que era casi única en Latinoamerica y que ubicaba al país en primer nivel mundial en materia de Metrología. De allí en más es todo retroceder".
Al privatizar de facto el control de calidad, se rompe un piso común de confianza que llevó décadas construir. En lugar de un Estado que garantiza estándares homogéneos para proteger a la industria nacional y a los ciudadanos, se impone una norma donde la seguridad y la precisión quedan sujetas a las decisiones de actores privados.
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