El Gobierno de Javier Milei decidió retirar, a un día de su tratamiento en Diputados, el proyecto de baja de imputabilidad que había ingresado en el temario de extraordinarias. La decisión se tomó por la falta de consenso con los bloques dialoguistas respecto de la edad de punibilidad: mientras el oficialismo proponía fijarla en 13 años, sus aliados plantearon que el umbral debía ser de 14.
Según supo El Destape de fuentes del oficialismo, “retiraron el proyecto y se enviará uno nuevo”. Detallaron que hasta estas horas todavía no ingresó y eso dependerá de cómo se lleven adelante las constitutivas de este martes”. La definición se dio en un contexto de negociaciones intensas, ya que el proyecto estaba previsto para ser discutido en comisión este mismo martes.
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El retiro sorprendió porque se produjo apenas un día antes de que el texto fuera debatido en Diputados. El oficialismo había apostado a un tratamiento rápido, pero las diferencias sobre la edad de imputabilidad terminaron por frenar el avance. En este sentido, reflotaría el proyecto de 2024 que había logrado dictamen en varias comisiones, pero perdió estado parlamentario con el recambio legislativo. Ahora, el oficialismo busca hallar nuevamente aquel consenso, aunque adaptado a las nuevas condiciones políticas.
En este sentido, la intención de La Libertad Avanza es volver a dictaminar el proyecto que había caído el año pasado y llevarlo a sesión. En ese esquema, se constituiría la comisión y se evaluaría qué planteos surgen en el debate. Si bien no es oficial, se estima que el nuevo proyecto podría debatirse en comisión el miércoles y llegar al recinto el jueves. Los bloques dialoguistas ya anticiparon que acompañarán la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, pero no a 13, como pretendía el Gobierno.
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A diferencia del proyecto presentado hace dos años, el nuevo borrador incluiría un capítulo específico sobre presupuesto. El texto anterior había sido cuestionado por delegar en la Jefatura de Gabinete la readecuación de partidas, lo que generó críticas incluso dentro de la Casa Rosada.
En esta oportunidad, el Poder Ejecutivo prevé asignar más de 23.700 millones de pesos para la implementación del régimen, con fondos provenientes del Ministerio de Justicia y de la Defensoría General de la Nación, según trascendió.
La justificación del Gobierno para la reforma del régimen penal juvenil
El Ejecutivo justificó la necesidad de una nueva ley al señalar que la vigente normativa, sancionada en 1980, no responde a los principios constitucionales ni internacionales sobre menores en conflicto con la ley penal. Además, el Gobierno argumentó que la Argentina se encuentra en minoría en la región respecto al umbral de imputabilidad. Mientras países como Chile, Colombia y Perú lo fijan en 14 años, otros como Guatemala, Nicaragua y Uruguay lo establecen en 13, y Brasil y México en 12.
El nuevo texto contempla principios rectores, derechos y garantías, penas y medidas complementarias, así como disposiciones sobre institutos especializados de detención y medidas de salud. También incorpora un apartado sobre los derechos de las víctimas y la supervisión estatal de los procesos, con el objetivo de garantizar transparencia y control institucional. En los fundamentos, el Ejecutivo subrayó que la problemática de los menores en conflicto con la ley penal requiere una solución integral que combine medidas punitivas con políticas de reinserción social.
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