Luego de que el proyecto para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años alcanzara el dictamen para ser tratado en la Cámara de Diputados, integrantes del Poder Judicial, funcionarios públicos de todo el país y organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNyA) advirtieron que, de convertirse en ley, será “inconstitucional y anticonvencional”.
El gobierno de Javier Milei avanza con su política punitivista y de encierro como solución al delito. Para lograr consenso con los otros bloques aliados y obtener el dictamen de mayoría del proyecto que buscará reformar el régimen penal juvenil, los representantes de La Libertad Avanza (LLA) tuvieron que dejar la postura inicial de los 13 años.
La iniciativa, acompañada por LLA, el PRO, la UCR, un sector de Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Innovación Federal y la Coalición Cívica, superó en firmas al dictamen de Unión por la Patria (UxP), que mantiene a los 16 años como umbral mínimo de punibilidad.
Este proyecto generó el rechazo de diversos sectores, como la Iglesia Católica. Ahora, en una contundente demostración de rechazo, judiciales, funcionarios públicos y organizaciones sostienen: “Hemos expresado reiteradamente nuestras opiniones en diferentes ámbitos sobre la derogación de la ley 22.278, advirtiendo que la nueva ley que rija el sistema penal juvenil debe adecuarse a los principios de derechos humanos”, señala la declaración.
Sobre el dictamen de mayoría resuelto el 6 de mayo en reunión plenaria de comisiones de la Cámara de Diputados, el documento sostiene: “No recepta las Recomendaciones y Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, generando un sistema regresivo en nuestra legislación y desvirtuando el principio de especialidad”. Por eso, afirma que, “de aprobarse, colocaría a nuestro país ante la posibilidad de denuncias (que muchos de nuestros organismos podrían realizar) y condenas por parte de los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos”.
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Además, agrega que "el Comité de los Derechos del Niño, en su Observación General N.º 24 (2019), encomia a los Estados partes que tienen una edad mínima de responsabilidad penal más elevada (por ejemplo 15 o 16 años) a que no la reduzcan en ninguna circunstancia, de conformidad con el artículo 41 de la Convención sobre los Derechos del Niño".
A lo que se suma, con mayor relevancia aún, “que en las Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de la Argentina, el Comité ha manifestado su seria preocupación por la falta de avances en la aplicación de sus recomendaciones anteriores y ha instado al Estado Argentino a armonizar plenamente su sistema de justicia de menores con la Convención, incluida la derogación de la Ley N.º 22.278 y manteniendo la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años para todo tipo de delitos y sin endurecer las penas”.
Baja de imputabilidad: aseguran que la ley "debe adecuarse a los principios de la Convención sobre los derechos humanos"
Las y los firmantes recordaron que “la ley penal juvenil debe adecuarse a los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados de derechos humanos, manteniendo la edad mínima de responsabilidad penal; promoviendo activamente medidas no judiciales para las y los no punibles (políticas públicas), y para las y los adolescentes punibles justicia restaurativa; la aplicación de penas no privativas de libertad como medida de último recurso y durante el periodo de tiempo más breve posible, que se revisen periódicamente con vistas a su supresión o morigeración; y prohibir la imposición de cadena perpetua a personas por actos cometidos durante la menor edad”.
De esta manera, indicaron que, en reiteradas oportunidades, expusieron “evidencia abrumadora que da cuenta del porcentaje ínfimo de delitos cometidos por personas menores de edad en nuestro país”. Y resaltaron: "Muchas de nuestras provincias han avanzado en leyes procesales penales juveniles con intervenciones acordes a la Convención de los Derechos del Niño”, por lo que “de convertirse en ley el dictamen propuesto implicaría un gran retroceso y erogaciones presupuestarias innecesarias para la mayoría de ellas”.
El pronunciamiento conjunto está firmado por las máximas autoridades y referentes nacionales en materia de infancias:
- Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación
- Marisa Graham, defensora de los Derechos de NNyA
- Facundo Hernández, defensor adjunto de NNyA
- César Raúl Jiménez, coordinador del Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU)
- Gustavo Daniel Moreno, secretario general de la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF)
- Ariel Cejas Meliare, procurador penitenciario adjunto
- Juan Manuel Irrazábal, presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
- Gabriel Savino, defensor del Pueblo de Santa Fe
- Rossana Marlí Franco, defensora de NNyA de Misiones
- Leandro Javier Drube, defensor de NNyA de Santiago del Estero
- Amelia López, defensora de NNyA de Córdoba
- Juan Pablo Meaca, defensor de NNyA de La Pampa
- Fernando Ávila, presidente de la Asociación Pensamiento Penal
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