Volvieron a aparecer en campaña, cuando el gobierno de Javier Milei menos lo esperaba. Primero con el fentanilo adulterado y después con los audios de las coimas de Diego Spagnuolo, la industria farmacéutica, los laboratorios como HLB Pharma de Ariel Garcia Furfaro, las droguerías como la Suizo Argentina de los hermanos Kovalivker se convirtieron en protagonistas en la recta final del año electoral.
No es la primera vez. Al contrario, con otros nombres y otras particularidades, la sombra del poderoso lobby farmacéutico sobre la política argentina aparece como una constante que se acentuó a lo largo de las décadas, con particular intensidad en las últimas elecciones presidenciales. Así lo demuestra un informe especial que analiza los vínculos del sector con las redes de criminalidad organizada.
Titulado “Mercados Criminales en el Sector Droguerías”, el trabajo sostiene que el mercado de laboratorios es un escenario vulnerable y proclive para la inserción de redes delictivas de distinto tipo y apunta a generar una respuesta comunitaria que vaya más allá del escándalo. Es la primera entrega de un estudio, que es resultado del trabajo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Económicas (INECIP). Los autores sostienen que en el negocio de los laboratorios se da la convergencia única de factores que lo convierten en uno de los más atractivos para negocios ilícitos. Se trata de un mercado de altísima concentración y los datos hablan por sí solos.
Según cifras de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), en el sector operan alrededor de 350 laboratorios. Solo el 6 % de los laboratorios -los 15 primeros en el ranking de facturación- abastecen entre el 61 % y el 65 % del mercado. La mayoría son de capital nacional y se agrupan en CILFA. Pero la competencia principal son los laboratorios multinacionales, con mucha presencia de la industria estadounidense, y se organizan en torno a la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME). Enfrentados en una disputa que lleva por lo menos tres décadas, cada uno de los grupos tiene desplegado un lobby inigualable, que penetra en todos los ámbitos. El secretario de Salud de Donald Trump, Robert F. Kennedy, vino a pedir por ellas y el nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, es un empresario de la salud con base en Palm Beach, el barrio de Trump.
Las empresas nacionales representan en volumen entre el 61 y el 68 % del mercado, y en facturación, entre el 56 % y el 70 %. Pero la distribución está en manos de droguerías y empresas de distribución, donde 4 grandes distribuidoras concentran el 80% de la facturación. El INECIP tiene como presidente a Alberto Binder, un reconocido experto en derecho procesal, y el CIPCE presente entre sus directivos al abogado Pedro Biscay, ex director del Banco Central. En el informe que elaboraron, los autores describen un modus operandi y se refieren a organizaciones que buscan integrarse en distintos eslabones de cadenas de valor relacionadas con la producción, distribución y venta de medicamentos o derivados. ¿Cómo lo hacen? “Parasitando sus estructuras para obtener ganancias extraordinarias, minimizar riesgos y dotar de apariencia de legalidad sus actividades ilícitas”, afirman.
“El analisis de mercados criminales es algo central que no se hace mucho y la finalidad es entender el bosque para poder tomar decisiones racionales en materia de politica publica, tanto a nivel de regulaciones preventivas como de acciones de persecucion final. La lógica siempre es a partir de escandalos judiciales. El escándalo organiza la investigación y eso es malo porque estas corriendo siempre atrás de la pelota y no podés anticipar problemas”, le dijo Biscay a El Destape.
El documento parte de la inaccion estatal y funciona como una invitacion para que la comunidad aporte informacion sobre el tema. A lo largo de las páginas de la primera entrega, se describen mecanismos de infiltración del crimen en el negocio de los laboratorios. El primero es típico y remite a los casos de sobornos y financiamiento político de campañas electorales o funcionarios para garantizar acceso privilegiado a decisiones del Estado. Se buscan beneficios ilegítimos -contratos públicos, desregulación, licitaciones amañadas- y se recurre a intermediarios, desde lobbyistas hasta testaferros o familiares directos de funcionarios que facilitan el flujo de recursos y ocultan el origen ilícito.
El segundo mecanismo de infiltración del delito en el rubro alude directamente al repertorio de las coimas para acceder a licitaciones públicas de hospitales o de obras sociales con condiciones favorables. “Se logra la flexibilización de controles de ANMAT, permisos para comercializar medicamentos de dudosa calidad, intervención en decretos/leyes que beneficien a empresas específicas”, dice. En el caso del fentanilo mortal, todas las sospechas apuntan a los funcionarios de ANMAT, aunque el informe también alude en general a los funcionarios de Aduana que eluden controles y a las autoridades provinciales.
Entre las técnicas de encubrimiento, el trabajo destaca el lavado de activos, donde las coimas se pueden canalizar mediante facturas falsas de consultorías inexistentes, donaciones electorales con sobreprecio o por vías no declaradas, transferencias a cuentas offshore o mediante criptomonedas y la denominada opacidad corporativa, donde se usan estructuras societarias complejas como paraísos fiscales o sociedades anónimas para ocultar el destino final de los fondos.
Como lo muestra el caso del fentanilo adulterado, el problema no se agota en el impacto de la corrupción y el descrédito público, sino que tiene efectos que pueden ser letales. El riesgo sanitario es producto de actores que priorizan el beneficio económico sobre la calidad de los medicamentos. El trabajo advierte que la naturalización de estos mecanismos constituye competencia desleal porque las empresas honestas son desplazadas por las que pagan coimas vía tráfico de influencias. En los casos de lavado, precisan los autores, las coimas pueden originarse en otras actividades ilícitas y existen casos donde los laboratorios pueden estar vinculados a redes de narcotráfico.
El fentanilo mortal merece un apartado especial porque, de acuerdo al documento, ahí se da la hibridación absoluta entre una estructura corporativa legal y el crimen organizado. Los autores remarcan que el laboratorio involucrado no solo se dedica a la producción legal de medicamentos, sino que podría funcionar como una plataforma logística y financiera para la fabricación y distribución de drogas ilícitas sintéticas. Un entramado donde se confunden laboratorios, directivos y químicos de la empresa con vínculos probados en causas previas de tráfico de precursores. “Criminales de cuello blanco con expertise técnico”, según la definición que utilizan en el documento.
El trabajo de CIPCE e INECIP habla de un mecanismo de doble producción y doble cadena de suministro. Doble producción porque se usó la misma infraestructura industrial para fabricar medicamentos legales -de bajo riesgo o nulo cumplimiento- para mantener la fachada legal y medicamentos ilegales de potencia letal y precursores químicos para el narcotráfico. Doble cadena de suministro, porque conviven la distribución legal de medicamentos a farmacias y hospitales con la ilegal salida encubierta de drogas hacia el mercado negro, donde se mezclan con la logística legal para evadir controles.
Por último, se detallan distintas técnicas de encubrimiento y se apunta a la mezcla de flujos. Los ingresos millonarios de la venta legal de medicamentos blanquean las ganancias ilícitas del fentanilo, que se reportan como ganancias del negocio legítimo.
La hipótesis principal alude a la corrupción sistémica: “La penetración en las cadenas de suministro de hospitales y obras sociales requiere necesariamente de complicidad en eslabones de la función pública (auditores, funcionarios de compras, autoridades de control). Esto podría sugerir la emergencia de esquemas de financiamiento ilícito de la política mediante el pago de coimas o el aporte de fondos no contabilizados a campañas políticas a cambio de adjudicaciones licitatorias o de la omisión de controles”.
En el caso del lavado de activos, empresas farmacéuticas de capital nacional opaco podrían estar siendo utilizadas como instrumentos para lavar capitales originados en el narcotráfico y otras actividades ilícitas.
“La evidencia analizada indica que nos enfrentamos a un mercado criminal híbrido y sofisticado que distorsiona el sistema de salud, envenena a la población, financia el narcotráfico y corroe las instituciones democráticas mediante la corrupción. La complejidad de estas redes requiere una respuesta multidisciplinaria y colaborativa”, concluye. Es el objetivo principal del estudio: convocar a familiares de las víctimas, periodistas y testigos o actores que conozcan o trabajen en los distintos eslabones de la cadena farmacéutica para que se presenten a declarar de forma protegida, bajo garantía de anonimato.
Ex funcionarios del área de Salud consultados por El Destape reconocen que la industria farmacéutica puede ser utilizada para el lavado, en especial si las autoridades estatales no cumplen su función y la falta de fiscalización da lugar a fabricaciones duplicada o gemelas, una para el mercado legal y otra para el mercado ilegal. Un aspecto que puede ser central es el de la tercerización de la producción de, un mecanismo legal y habitual que permite producir, al mismo tiempo, medicamentos para terceros o medicamentos ilegales. Además, señalan que el gran negocio de los laboratorios multinacionales es el vinculado a los ensayos clínicos en seres humanos, donde puede proliferar la corrupción de todo tipo.
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