“Estamos esperando que nos muestren los protocolos de esa norma, porque de eso dependen varios aspectos. Por ejemplo, el tema de las detenciones, que es lo que más ruido genera”, señaló el senador del PRO Martín Goerling, en referencia al DNU que modificó la Ley de Inteligencia Nacional y amplió las atribuciones de la SIDE. En los hechos, Goerling quedó al frente de la comisión bicameral de Inteligencia, luego de que los legisladores que lo precedían en la línea de mando finalizaran sus mandatos. Los reparos del principal aliado del oficialismo se suman al rechazo frontal de distintas bancadas opositoras, que buscan instalar la discusión del decreto como prioridad en el reinicio de las sesiones extraordinarias. En ese marco, Unión por la Patria completó esta semana una serie de encuentros con distintos sectores que cuestionaron la norma, con la coincidencia general que no existió una “necesidad y urgencia” que justificara la decisión.
La comisión bicameral de Inteligencia estaba presidida por Martín Lousteau, con Leopoldo Moreau como vice y Oscar Parrilli como uno de sus secertarios. Con el pase de Lousteau del Senado a la Cámara de Diputados y la salida del Congreso de Moreau y Parrilli, Goerling quedó a cargo -de manera transitoria- de una comisión reducida a apenas cuatro integrantes, hasta tanto se designen sus nuevas autoridades. Tras la publicación del DNU 941/2025, que modificó la Ley de Inteligencia Nacional, desde los bloques opositores reclamaron la inmediata recomposición de esa bicameral y también de la comisión de Trámite Legislativo, que deberían abocarse al análisis del decreto. Sin embargo, en el oficialismo desoyeron los pedidos y dejaron trascender que recién se ocuparían del tema en marzo, con el reinicio de las sesiones ordinarias.
En diálogo con El Destape Radio, Goerling remarcó que se trata de una comisión permanente, por lo que debería estar completa y en funcionamiento aun cuando el Congreso no esté en sesiones. "Es un decreto que se dictó durante el receso y no pudimos convocar a las autoridades de la SIDE para discutirlo, pese a la tremenda importancia que tiene", señaló el senador misionero. Agregó que "necesitamos reunirnos con la SIDE y que nos expliquen bien cómo es esta norma y cómo la van a aplicar", y subrayó que el respaldo del PRO, principal aliado del Gobierno, no estará definido hasta que esas dudas no se despejen.
Las dudas que muestra el PRO se suman al rechazo expresado desde bancadas opositoras. Con la reanudación de la actividad parlamentaria, el bloque de Unión por la Patria motorizó esta semana reuniones con organizaciones sociales y de derechos humanos -como el CELS y Amnistía Internacional- que presentaron amparos en la Justicia para que invaliden el DNU. Sin embargo, el juez de turno respondió que no tenía la suficiente urgencia para habilitar la feria judicial, por lo que la discusión volvió a centrarse en el ámbito del Congreso. "No hay necesidad y urgencia. Estos temas deben tratarse a partir de proyectos debatidos en profundidad", sostuvo el jefe de la bancada de UP, Germán Martínez.
El rechazo también se expresó en el interbloque Unidos. El diputado socialista Esteban Paulón presentó un proyecto para derogar el decreto 941 y promover su tratamiento en una sesión especial en febrero, para lo cual se encontraba trabajando en la obtención del quórum. Según esos cálculos, con los diputados de Unión por la Patria, Unidos, la izquierda y algunos legisladores sueltos, ya alcanzarían 122 votos, a sólo siete del quórum necesario para habilitar la sesión y avanzar con el rechazo en la Cámara baja. En la Casa Rosada confiaban en frenar la ofensiva en el Senado, pero ahora el escenario aparece más incierto luego de que incluso sus aliados del PRO comenzaran a expresar reparos sobre la legalidad del decreto.
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