En medio del debate en el Congreso sobre el proyecto de la baja de la edad de imputabilidad penal, magistradas y magistrados de todo el país, nucleados en el Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), rechazaron la iniciativa al asegurar que representa una forma de “demagogia punitiva” sin fundamento jurídico ni respaldo en datos reales.
El gobierno de Javier Milei avanza con su política punitivista y de encierro como solución al delito, y busca reducir de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. Este proyecto generó el rechazo de diversos sectores, como la Iglesia Católica. Los cuestionamientos se dan en el marco de la reunión plenaria de comisiones en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará obtener dictamen favorable para el proyecto, gracias a un acuerdo con sectores de la UCR, el PRO, el MID y bloques aliados.
Ahora, los miembros de COPAJU denunciaron que este tipo de propuestas, impulsadas desde el Poder Ejecutivo Nacional y replicadas en 14 proyectos legislativos en tratamiento, responden a una narrativa mediática alarmista. “Cada hecho delictivo aislado que involucra a niños o adolescentes es aprovechado para instalar un discurso de miedo y criminalización de las infancias”, señalaron en un comunicado.
Desde una perspectiva jurídica, COPAJU recordó que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU recomendó expresamente a la Argentina mantener la edad de responsabilidad penal en 16 años. “Reducirla, violaría el principio de no regresividad en materia de derechos humanos y generaría responsabilidad internacional para el Estado”, advirtieron. Si bien la propuesta original del Gobierno planteaba los 13 años como nuevo umbral, el texto consensuado finalmente se inclina por los 14.
En ese sentido, mostraron su preocupación por los proyectos que plantean reducir la edad mínima de responsabilidad penal sin distinguir entre tipos de delitos. “Esto habilita la persecución penal, incluso por hechos menores, como un hurto escolar, y permite penas de hasta 20 años, una medida desproporcionada que ignora la corta edad de los involucrados”, remarcaron.
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En términos estadísticos, los magistrados destacaron que los casos delictivos protagonizados por menores no punibles representan un porcentaje ínfimo del total. Por ello, insisten en que la respuesta estatal debe centrarse en garantizar derechos fundamentales –como salud, educación, alimentación y vivienda– y no en criminalizar la pobreza infantil.
Además, los jueces calificaron como "inaceptable" a la práctica de someter a adolescentes a evaluaciones psicológicas y peritajes criminales para determinar su “peligrosidad”: consideran que esto reproduce una lógica penal inaceptable y llamaron a construir alternativas desde un enfoque de protección integral de derechos.
"Reafirmamos que es central mantener la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años, pero al mismo tiempo es necesario establecer cuál debe ser la actividad concreta del Estado con relación a NNyA no punibles desde un ámbito no penal", señalaron.
La Iglesia Católica cruzó a Milei por la baja de la edad de imputabilidad
La Iglesia Católica Argentina también cruzó a la administración libertaria y expresó su firme rechazo a la iniciativa que busca reducir de 16 a 14 años la edad de punibilidad.
Fue a través de la voz de Monseñor Dante Braida, obispo de La Rioja y presidente de la Comisión de Pastoral Social, que la Iglesia marcó la diferencia con el gobierno de Javier Milei al afirmar: "No nos parece que bajar la edad sea lo adecuado. Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz", sentenció el obispo.
El Monseñor Braida enfatizó que la respuesta a la problemática de la delincuencia juvenil no puede ser meramente punitiva. "Creemos que es una realidad que hay que abordarla de una manera amplia, multisectorial, para ir a las causas de por qué una persona tan pequeña en edad podría llegar a estas instancias de delitos tan graves", explicó en una entrevista con Infobae. "No creemos que la solución sea lo penal, sino más bien ofrecer instancias de recuperación y de prevención", agregó.
En este contexto, Braida dirigió un mensaje directo al presidente Milei y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: "Que puedan dar tiempo para que todos los sectores sociales puedan dar su opinión y también aportar propuestas diversas para atacar realmente el problema, yendo a las causas".
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