La decisión de Javier Milei de poner al jefe del Ejército, teniente general Alberto Presti, a cargo del ministerio de Defensa en reemplazo de Luis Petri generó alarma y muestras de rechazo entre la dirigencia política y de organismos de derechos humanos. Es la primera vez desde el retorno de la democracia, en 1983, que un militar ocupa la conducción de la defensa nacional, un hecho que el Gobierno orientó en la idea de una reinvindicación del rol de las Fuerzas Armadas. Se trata de un debate saldado, que ni siquiera ya existía dentro de las fuerzas en actividad, que en cambio sí penan por los malos salarios que generaron una gran cantidad de bajas. "Es un enorme retroceso para la democracia argentina y para las Fuerzas Armadas como institución", sostuvo el ex ministro Agustín Rossi, quien preside la comisión de Defensa del PJ. La agrupación HIJOS recordó que el nuevo ministro es hijo de Carlos Presti, quien encabezó el regimiento de Infantería 7 de La Plata durante la dictadura y murió imputado de secuestros, desapariciones y torturas.
El comunicado de la Oficina del Presidente enfatizó el mensaje de tono vindicativo. "Por primera vez desde el regreso de la democracia, una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango en su escalafón estará al frente del ministerio que está encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas, inaugurando una tradición que esperamos que la dirigencia política continue de aquí en adelante y dando por finalizado la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados", sostuvo el texto donde se anunció la designación de Presti y de Alejandra Monteoliva como ministra de Seguridad.
El planteo de una supuesta "demonización" de las Fuerzas Armadas, que desde hace muchos años que ningún militar en actividad sostiene en público, es un ítem que el gobierno de Milei busca instalar desde sus inicios, que podría considerarse enmarcada en su batalla cultural contra las ideas progresistas y de izquierda. En realidad, la conducción civil de Defensa es un consenso democrático en el país que respetaron todas las fuerzas políticas que pasaron por la Casa Rosada desde 1983.
La jefatura militar de las políticas de defensa no es algo que se utilice en los principales países del mundo, aquellos a los que Milei supuestamente busca parecerse. Ni Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia o Alemania, por poner algunos ejemplos, tienen a un militar a cargo de la cartera de Defensa, aunque esas naciones tienen conflictos o hipótesis de conflicto reales en su trazado geopolítico. "Nombrar a un militar como Ministro de Defensa implica la utilización partidaria de las Fuerzas Armadas, haciéndolas parte de las decisiones políticas de un gobierno que ha renunciado a la defensa de la soberanía, incluidas las Islas Malvinas, el Atlantico Sur y el sector Antártico Argentino", afirmó el diputado electo Jorge Taiana, otro ex ministro de Defensa y ex canciller.
La conducción de la Defensa, indicaban los especialistas, no implica únicamente un conocimiento técnico sino también un saber en el que entran cuestiones como el diálogo con sectores políticos y sociales, el trabajo con el Parlamento y la inserción del país en el mundo en vínculo con los otros gobiernos de la región. Se supone que un dirigente político está en mejores condiciones para interpretar ese rol que alguien que dedicó su vida a la carrera militar. Con la misma lógica del nombramiento de Presti, sostenían, tendrían que haber nombrado al jefe de Policía Federal o al de Gendarmería Nacional en Seguridad. No lo hicieron, ni se puso en discusión.
Taiana y Rossi subrayaron que con esta decisión y la supuesta "reivindicación" se buscaba tapar el malestar que existe en las FFAA. por los bajos salarios, algo común a toda la planta estatal. Desde el gobierno de Alberto Fernández se había puesto en marcha un proceso de equiparación de los sueldos militares con los de las fuerzas de seguridad, que hoy están por encima. Es decir, un comisario cobra más que un general. Pero ese mecanismo, que implicaba un aumento extra cada tantos meses, fue paralizado por la gestión libertaria. En definitiva, se habla de alrededor de 18 mil bajas en las Fuerzas Armadas desde diciembre de 2023, la gran mayoría pertenecientes al Ejército. "Esta designación significa, también, la continuidad de una gestión que incumplió la jerarquización salarial y quebró su obra social (IOSFA), desprotegiendo a la familia militar. Una vez más, las Fuerzas Armadas son usadas por los poderes de siempre para continuar con las políticas de ajuste y endeudamiento", planteó el ex ministro.
La lógica del consenso democrático implicó durante estos 42 años que el Presidente de la Nación ejercía la conducción civil de las Fuerzas Armadas, delegando el mandato en su ministro de Defensa. A los jefes del Estado Mayor Conjunto les quedaba la tarea de conducir el despliegue militar y el de la formación de las fuerzas. Ahora, el cambio de esta lógica, probablemente reavive tensiones que estaban superadas, como la idea de una politización de las FFAA.. "Con esta designación las Fuerzas Armadas quedan involucradas en el destino del gobierno, cuando deberían ser preservadas de cualquier circunstancia política", sostuvo Rossi. Una pregunta que quedaba flotando era quién conduciría en los hechos al Estado Mayor Conjunto y al Ejército, teniendo en cuenta que Presti sería ministro. Otro factor de tensión.
La agrupación HIJOS Capital subrayó el hecho de que no sólo el nuevo ministro de Defensa es un militar en actividad por primera vez desde la recuperación democrática, sino que además es hijo del coronel Roque Carlos Alberto Presti, responsable de la denomina Area Operacional 113 durante la última dictadura, que abarcó, entre otros, los centros clandestinos de detención "La Cacha", "La Calesita", "Comisaría Quinta" y "Arana". Presti padre murió cuando se encontraba imputado de numerosas violaciones a los derechos humanos. En enero de 2024, cuando Presti hijo fue designado por Milei al frente de Ejército, la Asamblea Desobediente -integrada por familiares de genocidas- repudió su nombramiento y señaló que jamás se había pronunciado en contra de lo sucedido durante la dictadura. Ahora ascendió a un puesto en el gabinete nacional.
Por último, la designación de Presti coincidió con una votación en las Naciones Unidas en la que Argentina contrarió otra política que llevaba adelante en 1983 respecto a la prevención y eliminación de toda forma de tortura en las Naciones Unidas. Esta resolución se vota cada tres años y siempre se aprobó por consenso. En esta ocasión debió someterse a votación y sólo tres países -Estados Unidos, Israel y Argentina- votaron en contra. Este voto se produjo una semana después de la presentación del subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, ante el Comité Contra la Tortura (CAT) de la ONU, donde atacó a los organismos de derechos humanos, relativizó el Terrrismo de Estado durante la dictadura y abogó por una “memoria completa”.
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