El gobierno nacional sacó a relucir la carta fascista en la recta final de la campaña porteña. En un acto cargado de retórica xenófoba y silbatos para perro, el vocero presidencial y primer candidato a concejal, Manuel Adorni, anunció por tercera vez en medio año una reforma de la ley migratoria pensada para propagandizar el rechazo a los extranjeros y hacer mímica de la política de deportaciones de Donald Trump en Estados Unidos.
La caracterización del inmigrante como un chivo expiatorio al que hacer responsable por todos los males se vuelve más urgente y grotesca en tiempos de crisis y, lejos ser apenas una maniobra distractiva, es una pieza clave de la estructura ideológica que sostiene el proyecto de poder de Javier Milei. Con un ojo en las encuestas y el otro en el manual de los ingenieros del caos, el gobierno moldea con violencia la materia prima de la agenda informativa.
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En concreto, la reforma dice mucho pero hace poco. Anclada en la asociación arbitraria y fascista entre extranjeridad y criminalidad sobreactúa tolerancia cero sin hacer cambios de fondo, básicamente porque el sistema actual funciona bien. La mayoría de las medidas publicitadas ya existen en la normativa, con algunos detalles. Otras son de dudosa constitucionalidad. Y las que son aplicables y novedosas no tienen un impacto significativo.
El anuncio más resonante es el de la prohibición de ingreso al país de “cualquier persona condenada”. La ley vigente prevé como motivo para impedir el ingreso y la permanencia en el territorio nacional “haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes en delitos “que merezcan para la legislación argentina una pena privativa de la libertad de tres años o más”. Es decir que ya tienen la entrada prohibida.
Lo mismo sucede con extranjeros que cometan delitos estando en el país. La ley vigente sanciona con expulsión a quienes reciban condenas a más de tres años. Al eliminar ese límite quedan expuestos al rechazo o la deportación las personas condenadas por resistencia a la autoridad, lesiones o daños leves. Son carátulas vinculadas con la represión de la protesta social, lo que abre la puerta a que se produzcan expulsiones por motivos políticos.
También está previsto en la ley que se rechace a aquellos que mientan en su declaración jurada al ingresar al país o a quienes intenten hacerlo a través de pasos no autorizados, algo que Adorni presentó ayer como novedad. En cuanto a los requisitos para obtener una residencia permanente, no cambian de manera sustancial y en última instancia es una cuestión que debe tramitarse ante el Poder Judicial, por lo que el alcance de las disposiciones de Milei es dudoso.
Después de haber sido anunciado en noviembre del año pasado por el vocero y en marzo de este año, durante el discurso de apertura de sesiones, por el presidente, esta vez, al parecer, va a concretarse, ya no a través de un proyecto de ley sino, como ya es costumbre, por decreto de necesidad y urgencia, justificado en la Casa Rosada por “circunstancias que lo ameritan”. Tales circunstancias al parecer son meramente electorales.
Lo cierto es que el porcentaje de inmigrantes en la población argentina de acuerdo al censo de 2022 es de 4,2 por ciento, exactamente el mismo porcentaje que en el censo de 2001. El comunicado de la inexistente Oficina de Presidencia que oficializó el anuncio habla de que “en los últimos 20 años ingresaron 1.700.000 inmigrantes irregulares”, sin embargo el último censo registro un total de 1.933.463. Como referencia, a principios del siglo XX, un tercio de la población del país era extranjera.
De la misma forma, el anuncio de cobro a inmigrantes de servicios públicos gratuitos es de dudosa implementación y de efectos insignificantes en el sistema. Por ejemplo: los extranjeros no residentes significan apenas el 0,2 por ciento de las consultas y el 0,8 por ciento de las internaciones en el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a información oficial. En las universidades, los alumnos extranjeros representan menos del 5 por ciento del total.
Sin embargo, sería un error pensar que se trata solamente de una venta de humo o de inocente pirotecnia de campaña. Es cierto que el anuncio lo hizo un candidato, en vísperas de una elección importante, y que también ocupó tiempo y atención en una jornada en la que las noticias salientes eran la entrega de Tierra del Fuego y que dos ministros eludieron la interpelación del Congreso para declarar sobre la estafa de la criptomoneda Libra.
El poco sutil contrabando de xenofobia, entre lo dicho y lo no dicho, no es un accesorio en la política de este gobierno sino un aspecto central. La construcción de enemigos sobre los que descargar las frustraciones y que sirva para justificar un gobierno en estado de emergencia es una pieza central de la estrategia que, con variantes, la ultraderecha repitió en todo occidente. En la Argentina de Milei se importa todo, hasta los chivos expiatorios.
Así, el anuncio oficial se complementa con otros discursos, emitidos desde otros dispositivos pero planificados desde el centro. Estos pueden reproducirse en canales formales, como los noticieros, en el tratamiento de ciertos temas, y en otros informales, como las redes sociales, donde las fuerzas de tareas paraestatales con terminales directas en la Casa Rosada funcionan como una vanguardia que corre los límites de lo decible para abrir camino detrás de ellos.
Un lugar común en esos círculos es el Plan Patria Grande, un supuesto complot kirchnerista para fomentar una “invasión” desde los países limítrofes que amenaza la existencia misma de la nación. Es una copia berreta de la Teoría del Gran Reemplazo, uno de los delirios conspiranoicos que funciona como columna vertebral del supremacismo blanco en Estados Unidos y Europa ante el aumento de la inmigración desde Medio Oriente y África.
Entre los principales promotores de la Teoría del Gran Reemplazo están el partido neonazi Alternativa por Alemania, sponsoreado por Elon Musk, el ídolo del presidente argentino, y el español Vox, que tiene una excelente relación con el gobierno argentino, que llegó a cederles el CCK para organizar un foro de ultraderecha global. Para no ser nazi, Milei se siente demasiado cómodo rodeado de nazis, replicando discursos nazis y anunciando medidas nazis.
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