Cada vez que Bárbara, una solicitante de asilo cubana de 35 años, acude a sus citas prenatales en Louisville, Kentucky, un tema se cierne sobre las otras inmigrantes embarazadas con las que habla allí: ¿Tendrán sus bebés la ciudadanía estadounidense al nacer?
Bárbara, que pidió ser identificada sólo por su nombre de pila por temor a represalias, cruzó la frontera entre Estados Unidos y México con su familia en 2022 y solicitó asilo. Abogada en Cuba, dijo que huía de la persecución política y religiosa en su país de origen.
Ella, su marido y su hija de 4 años tienen pendientes solicitudes de asilo en Estados Unidos y carecen de estatus migratorio permanente. El bebé nacerá en julio.
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Un decreto emitido por el presidente Donald Trump en enero que limitaría la ciudadanía automática por derecho de nacimiento en Estados Unidos -parte de su amplia ofensiva contra la inmigración- denegaría la ciudadanía a su futuro hijo, si entra en vigor.
Tres jueces federales dictaron medidas cautelares a nivel nacional para bloquear la política, al considerar que probablemente viola el texto relativo a la ciudadanía de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, luego de las demandas presentadas por los fiscales generales demócratas de 22 estados, así como varios inmigrantes embarazadas individuales y grupos de activistas.
La Corte Suprema de Estados Unidos tiene previsto escuchar el jueves los argumentos sobre la petición del Gobierno de Trump de que los magistrados permitan una amplia aplicación del decreto al reducir el alcance de las medidas cautelares.
Trump firmó el decreto en su primer día de regreso a la Casa Blanca, ordenando a las agencias federales que se nieguen a reconocer la ciudadanía de los niños nacidos en Estados Unidos que no tengan al menos un padre que sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal.
Aquella noche, Bárbara apenas pudo dormir.
"Escuchar esa noticia me provocó un estrés horrible, que todavía me persigue hasta hoy", dijo.
Si se permite que se mantenga, el decreto de Trump negaría la ciudadanía a más de 150.000 niños nacidos anualmente en Estados Unidos, dijeron los fiscales generales estatales en febrero. Alrededor de 3,6 millones de bebés nacieron en Estados Unidos en 2024, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
En la Corte Suprema, el Gobierno se ha centrado solo en el alcance nacional de las medidas cautelares, contentándose con dejarlas en vigor para proteger solo a las personas que demandaron, así como a los residentes de los 22 estados, suponiendo que los jueces consideren que estos estados tienen la capacidad legal requerida para presentar sus casos.
Ese resultado permitiría que el decreto de Trump entre en vigor en los 28 estados que no demandaron, incluido Kentucky, aparte de cualquier demandante que viva en esos estados. Y la Corte Suprema podría actuar sin evaluar la legalidad del decreto de Trump.
Durante mucho tiempo se ha entendido que la 14ª Enmienda, ratificada en 1868, confiere la ciudadanía a casi todas las personas nacidas en Estados Unidos. El Gobierno de Trump ha argumentado que la ciudadanía automática por derecho de nacimiento no refleja la mejor lectura de la 14ª Enmienda y fomenta el "turismo de nacimiento" por parte de las futuras madres que viajan a Estados Unidos para dar a luz y asegurar la ciudadanía para sus hijos.
"NACIDOS EN UN LIMBO"
Para los solicitantes de asilo como Barbara, o los procedentes de países sin embajada en Estados Unidos, lo que está en juego es especialmente importante, según los defensores.
Si su hija nace sin derecho a la ciudadanía estadounidense, le preocupa que sea apátrida. Buscar la nacionalidad cubana no es una opción, dijo, "porque vinimos aquí huyendo del régimen".
Karina Ambartsoumian-Clough, directora ejecutiva de United Stateless, un grupo que aboga por los apátridas, dijo que poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento crearía "un subconjunto de personas sin identidad legal".
Las leyes de ciudadanía varían según el país y las políticas cambian a menudo, los países a veces se disuelven y las fronteras se mueven, dijo Ambartsoumian-Clough. No todos los países permiten que la ciudadanía se transmita a través de uno de los progenitores, añadió Ambartsoumian-Clough.
Los aspectos prácticos más inmediatos también son alarmantes, dijo Ambartsoumian-Clough. Por ejemplo, ¿cómo se registraría formalmente el nacimiento de los bebés y podrían acceder a atención médica y vacunas?.
Barbara, que trabajaba como conserje en una escuela local hasta que fue puesta en reposo por un embarazo de alto riesgo, dijo que seguirá de cerca lo que ocurra en la Corte Suprema, nerviosa por que su bebé "nazca en un limbo".
Tiene previsto llamar a su hija Valery, que significa valiente.
"Este bebé desde el vientre materno está siendo muy valiente, y tiene un futuro que conquistar en este país aunque ya se lo están poniendo bastante difícil", dijo Barbara.
En sus citas médicas, dijo que ha visto a otras madres -en su mayoría guatemaltecas y mexicanas- llorar mientras hablan de la posibilidad de que sus bebés no obtengan la ciudadanía.
Bárbara dijo que siente que su ritmo cardíaco se eleva y sus manos comienzan a sudar cuando habla de ello, algo que otra madre le dijo que también estaba experimentando.
"Cuando hablo con las otras madres", dijo, "sé que no soy la única".
Con información de Reuters
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