El mismo día en que el Gobierno decretó el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) el organismo publicó un llamado a licitación para la compra de neumáticos por 2,4 millones de dólares. Se trata de un monto muy similar al que el ente asignó para la contratación de un sistema de monitoreo y vigilancia de última generación para su personal de la sede central, tal como reveló El Destape hace dos semanas. Entre ambas operaciones la administración de Javier Milei habrá destinado más de 5 millones de dólares a un organismo casi sin funciones en el mantenimiento de rutas en los últimos tiempos y que siempre estuvo condenado a la disolución en los planes del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
El 7 de julio el administración general de Vialidad, Marcelo Campoy (el funcionario que ocupó el mismo cargo en el final del gobierno de Carlos Menem), autorizó “el llamado a Licitación Pública Nacional N.° 46-0036-LPU25, destinada a la Adquisición de Neumáticos para Flota” de la DNV. En el documento interno que tramitó la convocatoria quedó establecido un presupuesto oficial de $ 2.899.136.361,36 para la compra, equivalente a 2.415.946 dólares a un cambio de 1.200 pesos por cada billete estadounidense. Un portavoz del organismo confirmó la licitación y la justificó en la supuesta continuidad de obras de mantenimiento en medio del proceso de cierre y a pesar de que tanto los sindicatos internos como los gobernadores denuncian la falta de trabajos en las rutas nacionales.
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Las características de la convocatoria, la fecha en que se lanzó y el monto destinado despertaron sospechas entre el personal, sobre todo luego de que este medio revelara a principios de este mes la contratación a favor de la fima Elipgo de un sistema de monitoreo de trabajadores de la sede central de Vialidad mediante la instalación de un molinete, 13 pantallas digitales y un servicio de vigilancia por 24 meses con tecnología satelital, inteligencia artificial, reconocimiento facial y lectura de huellas. En aquella ocasión el monto fue muy similar, 3.143.775.002 pesos.
La compra de neumáticos sin una aparente justificación funcional en un contexto de cierre inminente de la DNV junto a la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial generó en los sindicatos que operan en el organismo la suspicacia, de mínima, de una posible maniobra para favorecer el traspaso en mejores condiciones a manos privadas del parque automotor de la dirección en abierta contradicción con las leyes de Administración Financiera y de Ética Pública, así como de normas locales e internacionales sobre contrataciones estatales.
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La novedad promete auspiciar denuncias penales. De hecho el sindicato de Trabajadores Viales (STV) amplió ante el juzgado Federal número 6 una demanda que había presentado contra el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, por supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público al no haber enviado a Vialidad las partidas correspondientes a la proporción que le corresponde por el impuesto a los combustibles, por entender que la contratación de un sistema de vigilancia que dio a conocer El Destape demostraba que había recursos para el organismo.
“Están reequipando a una Vialidad Nacional disuelta. Compran neumáticos no sólo para movilidad sino para equipos viales. Hay varias chances: una, que se las traspasen a los concesionarios de las rutas; otra que lo pasen a otros organismos o los cedan a las provincias. No tiene ninguna lógica ni racionalidad más que la de cerrar una compra que vaya uno a saber quién va a usufructuar”, destacó Fabián Cattanzaro, secretario gremial de la Federación del Personal de Vialidad (Fepevina).
En el mismo sentido, la secretaria general del STV, Graciela Aleñá, recordó que “en la época de (Carlos) Menem se pavimentaban rutas que después pasaban a ser concesionadas”. “No hay nada claro con la continuidad de las tareas. El 1 de agosto debería presentarse en la sede central de Vialidad la gente de Economía. Mientras tanto nos están pidiendo información sobre las máquinas y los vehículos que tenemos. Esta licitación y la otra (del sistema de vigilancia) las hacen cuando ya cierran Vialidad y nadie dice cómo va a ser la reestructuración. Si querían usar esa millonada debió ser para repavimentar o tapar los baches de las rutas que son un desastre”, agregó.
Amparo contra decreto de Milei
En paralelo, Aleñá presentó este martes una acción de amparo para que se declare la inconstitucionalidad del Decreto 461/25 firmado por Milei. Argumentó que la norma es “ilegal y arbitraria” y que amenaza la estabilidad laboral en áreas clave del Estado como la seguridad vial, la salud pública y las ciencias aplicadas. El expediente fue radicado en el Juzgado Nacional del Trabajo N° 23.
Según el escrito, el decreto “aniquila” organismos estatales esenciales, afectando derechos laborales amparados por la Constitución Nacional y tratados internacionales. También advierten sobre la incertidumbre que genera el reemplazo de trabajadores técnicos y profesionales que prestan servicios esenciales para la sociedad, cuya supresión podría vulnerar derechos consagrados en el artículo 42 de la Carta Magna.
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