Testaferros, cuentas que no cierran y DDJJ “truchas”: las irregularidades de José Luis Espert que encontró la Justicia

Para la Justicia, el exdiputado libertario José Luis Espert falseó declaraciones juradas de bienes personales y ganancias, escondió cuentas bancarias y sospecha que usó empresas como pantalla y hasta un testaferro para presuntamente “blanquear” dinero ilícito. Las revelaciones surgieron de la causa en la que el exlegislador es investigado por el supuesto lavado de activos provenientes de una organización criminal liderada por Federico “Fred” Machado, el argentino extraditado a los Estados Unidos acusado de narco. En el marco de ese proceso, el pasado 11 de diciembre –la noticia se conoció este jueves- el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, ordenó el congelamiento de todos los bienes y activos financieros de Espert, de su esposa María Mercedes González y del hijo de ella, Manuel Iglesias.

Mirabelli dictó “la prohibición de innovar” en base a un requerimiento del fiscal federal Fernando Domínguez, quien tiene delegada la investigación del Narcoescándalo. Domínguez realizó el pedido de congelamiento junto a María Fernanda Bergalli, titular de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos, y a María Del Carmen Chena, titular de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes. Las pruebas recabadas por los investigadores complican y mucho al dirigente libertario caído en desgracia.

“De las declaraciones juradas de bienes personales y ganancias, los registros bancarios, la información de ARCA y la documentación societaria, se advierte una disparidad estructural entre la evolución patrimonial y los ingresos lícitos declarados respecto de las personas investigadas”, señalaron los acusadores sobre Espert, su esposa, el hijo de ella y Claudio Cicarelli (primo de Fred Machado) en un dictamen contundente de 28 páginas.

“En el caso de José Luis Espert, la incorporación de activos de significativa relevancia económica (inmuebles, vehículos de alta gama y participaciones en sociedades) no encuentra correspondencia con los ingresos formales registrados en los períodos respectivos. Asimismo, se identifican fluctuaciones no justificadas en las valuaciones de bienes (especialmente en la participación en Varianza S.A. y en el Condominio Espert) y omisiones parciales o diferidas en la exteriorización de activos, lo que impide reconstruir una trazabilidad patrimonial coherente”, indicaron los integrantes del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Recordemos que ya quedó comprobado que Machado financió –al menos en gran parte- la campaña presidencial de Espert de 2019 y le giró al menos 200 mil dólares en 2020. En el marco de este caso, que se inició por una denuncia del dirigente Juan Grabois, también se halló un contrato por el que Machado contrata a Espert por un millón de dólares para una asesoría de una minera guatemalteca de su propiedad que se estima es un sello de cartón. Espert llegó a decir públicamente que esa asesoría nunca se concretó pero que cobró 200 mil dólares. Desde que conoció a Machado, el patrimonio de Espert tuvo un gran salto. Por ejemplo, en 2019 se compró junto a su esposa una casa de 250 metros cuadrados en el barrio de Beccar, partido bonaerense de San Isidro. Y en 2020, apenas recibió los 200 dólares adquirió un auto BMW.

¿Qué sostiene la Justicia? Que la “presunta ilicitud” de los 200 mil dólares que recibió Espert se “intentó disimular con la confección de un acuerdo contractual por la supuesta realización de un análisis de mercado y asesoramiento integral a desarrollarse en Guatemala”. Ese acuerdo está fechado el 7 de junio de 2019. “Según la hipótesis del caso de este Ministerio Público Fiscal, la suma de U$D 200.000,00 fue incorporada por José Luis ESPERT al sistema económico financiero nacional a través de la compra de distinto tipo de bienes intentando ocultar y/o disimular que su origen provendría de los ilícitos imputados a MACHADO” en la causa que tramita contra él en los EE.UU.

En este contexto, la situación de la esposa de Espert no es más auspiciosa. Respecto a María Mercedes González los fiscales sostuvieron que su “capacidad económica declarada resulta insuficiente para justificar la adquisición de los bienes inmuebles y rodados detectados en los ejercicios 2021 a 2024, habiendo declarado por ejemplo, la adquisición del 50% de inmueble de Beccar por donación del propio Espert”. “A ello se agrega la ausencia de declaración de su participación del 50% en Varianza S.A., pese a su condición de socia. A su vez, en este estado de las actuaciones surge como eventual persona interpuesta o ‘testaferro’ su hijo de 23 años Manuel Iglesias”, añadieron. El joven Iglesias no tiene ingresos declarados pero aparece como titular de un vehículo valuado en casi 73 millones de pesos “que fue hallado en la residencia de Espert y Gonzalez en Beccar al efectuarse el allanamiento”.

El fiscal Domínguez junto a Bergalli y Chena añadieron que “el comportamiento fiscal de las sociedades Varianza S.A. y El Encuentro de Castello S.A. refuerza estas inconsistencias”. Respecto a Varianza S.A, los investigadores señalaron que “evidencia una estructura inactiva con aportes personales del socio Espert que no guardan relación con su capacidad económica individual”. “La segunda registra un incremento abrupto de activos sin respaldo en operaciones reales o flujos de fondos verificables. En ambos casos, los elementos reunidos permiten inferir un posible uso de vehículos societarios con finalidad de disimulación patrimonial de origen ilícito”, remarcaron.

Para Domínguez, Bergalli y Chena no hay dudas: “En conjunto, los datos analizados revelan una evolución patrimonial incongruente con los ingresos lícitos identificables, lo que indicaría, conforme los indicios que han tomado estado público y aquellos establecidos en estas actuaciones, que las personas investigadas han llevado a cabo maniobras de adquisición de bienes con fondos de origen ilícito respecto de los cuales se impone la adopción de medidas cautelares con fines de asegurar su eventual decomiso”. El juez Mirabelli hizo lugar al pedido de la fiscalía y ordenó el mentado congelamiento.

Los números de Espert que no cierran

Para el fiscal Domínguez “la presunción delictiva sobre la ilicitud de los fondos cuestionados (NdR: que ingresaron a las cuentas de Espert) se ve corroborada en el análisis de la información aportada a esta fiscalía por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que da cuenta que José Luis ESPERT no declaró ante dicho organismo la tenencia de una cuenta bancaria radicada en el Morgan Stanley, ya sea en sus declaraciones juradas de Impuesto a las Ganancias ni sobre las de Bienes Personales correspondientes al año 2020 o los años sucesivos”. Eso no es todo: “Tampoco registró ingresos en concepto de haberes de alguna fuente extrajera y/o la emisión de comprobantes como facturas que revelen la existencia de un vínculo comercial y/o laboral que le haya generado un ingreso equivalente a U$D 200.000 en el exterior”.

Ante este cuadro ya no sorprende que los investigadores resalten que “se advierte un crecimiento patrimonial que presenta inconsistencias en relación con los ingresos lícitos de los investigados”. Esto salta a la vista cuando se analizan las declaraciones juradas de Espert del impuesto sobre los bienes personales. Entre las irregularidades, destacaron:

• “La omisión de declarar su participación en la firma Varianza SA” y en un condominio en el año 2019. En esa línea, los fiscales señalaron: “En el caso de Varianza S.A. (CUIT 30-71678112-3), si bien Espert es titular del 50% de la sociedad desde el año 2019, comienza a exteriorizarlo a partir del 2020 y declara importes muy bajos o nulos a lo largo del tiempo, hecho que impide que la valuación patrimonial refleje valores reales”. Todo indica que “el propósito real de la creación de Varianza S.A., sociedad que no estaría desarrollando ninguna actividad sino que únicamente pagaría sueldos a Espert y González (probablemente)”, sería “simular ingresos lícitos para ellos”.
   
• Arbitrariedades al momento de declarar la valuación de algunos bienes (en particular su participación en un condominio y en la sociedad Varianza SA, así como también el inmueble de calle Italia 471 de la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, que se adjudica a la madre de Espert).
   
• “Insuficiencia de los ingresos declarados para justificar las exteriorizaciones reflejadas”.
   
• “La existencia de una cuenta no registrada en el exterior en la cual habría recibido USD 30.000 dólares provenientes de Wellington Capital Markets Ltd., conforme la documentación secuestrada en el allanamiento concretado en el estudio del contador Escobar”. Es que entre los elementos secuestrados en aquel procedimeinto figura una factura en concepto de "Financial Consulting Services 2019" con fecha de emisión 28 de mayo 2019, es decir, “en los albores del inicio de la relación entre Espert y Machado, (lo que) evidencia la existencia de al menos una cuenta bancaria radicada en el exterior en la cual habría percibido dicho pago y de la cual no surgen datos de la presentación de declaraciones juradas de BBPP”.
   
• “La omisión en sus DDJJ de cualquier referencia al contrato suscripto con la entidad guatemalteca ‘Minas del Pueblo’".
   
• “'La existencia de un mecanismo deliberado de alteración de la facturación’ que se evidencia con el secuestro de una serie de correos electrónicos con la contadora Mercedes Armendares en el cual la profesional ‘remite una facturación sugerida’ con el propósito de ‘cubrir sueldos y retiros que hizo Espert para que le cerrara su declaración jurada personal’". Para la Fiscalía “el contenido del correo y los registros vinculados revelan de manera directa un mecanismo deliberado de alteración de la facturación societaria de Varianza S.A. con el fin de justificar ingresos personales, lo cual se inscribe plenamente en la hipótesis de este MPF de utilización por parte de los investigados de estructuras societarias para disimular el uso de fondos de origen ilícito”. Otro correo relevante enviado por Armendares “hace referencia a una factura por realizarse respecto de María Pía Novelli” en 2020 y otra en 2021. ¿Por qué este dato puede ser importante? Porque se trata de la hermana de Mauricio Novelli, el trader acusado de actuar como intermediario en la criptoestafa de $LIBRA, que involucra al presidente Javier Milei y su hermana Karina.

• “La operación mediante la cual se diera de baja el rodado dominio AE194K y de alta el AG977AO, ya que ‘si bien parecería que los valores casi se compensan [...] Espert declaró únicamente el 50% de la titularidad del auto y por lo tanto el importe [...] solo corresponde a la mitad del valor del vehículo’, situación que contrasta con la información aportada por el DNRPA de la que surge que el 100% del vehículo resulta de titularidad del imputado”.

Por todo esto, los investigadores concluyeron:

a) “Que los activos incorporados por Espert en el período analizado no encuentran correspondencia con sus ingresos formales, evidenciando a su vez fluctuaciones no justificadas en las valuaciones declaradas y omisiones en sus DDJJ”;

b) “Que la capacidad económica de González resulta insuficiente para justificar la adquisición de bienes inmuebles y rodados en el período”;

c) “Que Manuel Iglesias, quien no registra ingresos declarados, resultaría ser testaferro de los mencionados;

d) “Que los movimientos financieros de Cicarelli, primo de Machado, no se condicen con sus ingresos formales”;

e) “Que Varianza SA resulta una estructura inactiva con aportes personales de Espert que no guardan relación con su capacidad económica”;

f) “Que El Encuentro de Castello SA registra un incremento abrupto de activos sin respaldo en operaciones reales o flujos de fondos verificables”.

Domínguez, Bergalli y Chena “argumentaron que existen indicios de que tanto los patrimonios personales de González, Espert e Iglesias, como las sociedades enumeradas (presuntamente utilizadas como vehículos societarios) podrían haber sido utilizadas para la adquisición de bienes con fondos de origen ilícito”. Esa es la razón por la que pidieron el congelamiento de bienes y activos financieros, medida a la que el juez Mirabelli accedió. No era para menos. Las pruebas son demoledoras.