Dirigentes políticos, sociales y sindicales se apostaron frente al penal de Ezeiza para protestar por las condiciones de encarcelamiento de Julio De Vido. La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia rechazó el pedido de la defensa del ex ministro de planificación federal de que se le concediera la prisión domiciliaria, por tener 76 años y problemas de salud.
En la entrada del Hospital del Complejo Penitenciario de Ezeiza, los dirigentes protestaron por "el agravamiento de las condiciones de detención de De Vido, solidarizarse y exigir el cese de la persecución judicial". "La convocatoria se dio en el marco de un contexto de creciente judicialización de la política y de una clara persecución contra dirigentes del peronismo, con condenas y procesos cuestionados por su falta de garantías y por su utilización mediática en momentos de fuerte deterioro social", acotaron.
Participaron de la convocatoria los senadores nacionales Juliana Di Tullio, Mariano Recalde, Marín Pilatti Vergara y Oscar Parrilli; los diputados nacionales Carlos Castagneto, Eduardo Valdés, Matías Molle, Jorge Chica, Paco Manrique, Lorena Pokoik, Jorge Romero, Luana Volnovich, Hugo Yasky, Cristian Andino, Javier Andrade, Paula Penacca, Julia Strada; referentes de DDHH como Horacio Pietragalla, Sergio Maldonado, integrantes de HIJOS y de la APDH y de familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz; Laura Berardo (subsec. de DDHH en Lomas de Zamora); Facundo Roma (sec. coord. en la legislatura porteña); la presidenta del Instituto Cultural de la PBA, Florencia Saintout; el intendente Pablo Zurro; el concejal Claudio Morell; el presidente de Nuevo Encuentro Martín Sabbatella; el Padre Paco; la diputada provincial Eva Limone; los legisladores porteños Federico Mochi, Andrés La Blunda, Juan Modarelli y Victoria Montenegro; representantes gremiales de Judiciales de la CABA; representantes gremiales de CTA de los trabajadores PBA; representantes gremiales de SITRAJU; ATE Capital; Unidos y Organizados; y referentes políticos como Carlos Kunkel, Hernán Letcher y Matías Gallastegui (El Hormiguero).
La condena y el proceso judicial
El ex funcionario cumple una pena a cuatro años de prisión por la Tragedia de Once, después de que la Corte Suprema dejara firme la sentencia del Tribunal Oral Federal (TOF) 4 por esa causa. El máximo tribunal lo consideró partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012 y que causó la muerte de 51 personas.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por “inadmisibles”, en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la defensa de De Vido contra la sentencia que le impuso la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua.
En 2018, el TOF 4 había condenado al ex ministro al considerar que no cumplió con su deber de controlar el uso de los fondos públicos asignados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA). Si bien fue absuelto del delito de estrago culposo, vinculado a las muertes y lesiones ocasionadas por el accidente, se lo responsabilizó por el manejo irregular de los recursos.
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Según el fallo del TOF 4, integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez, el Ministerio de Planificación no controló el destino del dinero a pesar de los informes públicos que advertían sobre el mal funcionamiento del servicio ferroviario de la línea Sarmiento.
La Cámara Federal de Casación Penal había confirmado la condena y la defensa recurrió ante la Corte Suprema; en 2024, el máximo tribunal confirmó la responsabilidad penal de De Vido por defraudación, aunque ordenó revisar el monto de la pena, que finalmente fue fijada en cuatro años de prisión.
Con el rechazo a los planteos de las partes, la Corte Suprema dejó firme la condena y desestimó el último intento de la defensa que buscaba la prescripción de la causa.
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