Este martes comienza el juicio por el intento de soborno de la cúpula de la Unión Ferroviaria a jueces para manipular la investigación del crimen de Mariano Ferreyra. Transcurrieron 15 años del asesinato del joven en el marco de una protesta por la tercerización laboral en los ferrocarriles y recién ahora comenzará el debate oral sobre este capítulo oscuro – uno más- que involucra al Poder Judicial y a los servicios de inteligencia.
La maniobra que llegó a juicio fue descubierta mientras se investigaba el homicidio de Mariano. ¿Qué se desveló? Que se pagaron al menos 50 mil dólares por un intento de manipulación para que la causa recayera en la sala III de la Cámara de Casación Penal donde se garantizaría la impunidad de quien entonces era el referente de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza. El plan, según surge de la pesquisa que fue elevada a juicio, estuvo orquestado por integrantes de la UF, por el ex agente de inteligencia Juan José Riquelme, por el estudio jurídico del exjuez federal Octavio Aráoz de Lamadrid que defendía a Pedraza, empleados judiciales y uno o varios jueces de Casación, entre los que se cuenta Eduardo Riggi, quien se jubiló poco tiempo atrás al cumplir 75 años.
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Riggi fue beneficiado por la corporación judicial y quedó desvinculado del proceso. Fue sobreseído por el entonces juez federal Oyarbide –ya fallecido- sin siquiera ser citado a declarar, a pesar de que los acusados lo visitaban y lo mencionaron en repetidas conversaciones. Pedraza y el espía Riquelme fallecieron por lo que se vieron “favorecidos” por la demora judicial. El dirigente de la Unión Ferroviaria estuvo procesado durante la etapa de instrucción de la causa pero murió en 2018, dos años antes de la elevación a juicio. Riquelme falleció pocos días atrás.
Ante la consulta de El Destape, Paula Litvachky, directora del Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS), que es querellante en la causa en representación de la mamá de Mariano, Beatriz Ria, explicó: “En este juicio esperamos poner en discusión los vínculos entre la justicia federal argentina, la inteligencia y la política. Pactos opacos que toleran y, hasta, habilitan prácticas estatales violentas. Es un juicio que esperamos durante muchísimos años y que comienza en un contexto en donde las actividades ilegales de los operadores judiciales y la relación con los servicios de inteligencia siguen en primer plano. Y en momentos en que el Poder Judicial no parece querer ejercer un control firme ni del gobierno, ni de los espías, ni de ellos mismos”.
En referencia al caso, señaló que “en estos 13 años, se excusaron decenas de jueces, lo que muestra, una vez más, que el Poder Judicial se resiste a juzgarse a sí mismo y a que queden expuestos sus lazos con las estructuras de inteligencia”.
El proceso comenzará a las 10 en la Sala A de Comodoro Py y estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 8 de la Ciudad de Buenos, integrado por los jueces María Gabriela López Iñíguez, Sabrina Namer y Nicolás Toselli. El fiscal será Marcelo Colombo.
En el banquillo de los acusados estarán:
- Octavio Aráoz de Lamadrid, ex secretario de la Cámara de Casación Penal, y eslabón clave de toda la maniobra. En su estudio jurídico se encontraron los dólares del soborno. De acuerdo a la pesquisa fue contactado por el espía Riquelme y habría prometido influenciar a los jueces de la Sala III. Se le imputa el delito de tráfico de influencias y cohecho.
- Ángel Stafforini, contador de la Unión Ferroviaria y vicepresidente de Belgrano Cargas, y Susana Planas, directiva del Belgrano Cargas. A ambos se les imputa acordar con el agente de la SIDE Riquelme y Aráoz de Lamadrid la entrega del dinero. Pedraza también fue acusado de ser parte de la misma maniobra.
- Luis Ameghino Escobar, encargado del sistema informático de asignación de jueces de Comodoro Py. Está acusado de aceptar el soborno y manipular la elección para que la Sala III fuera la designada para revisar el caso.
Como recordó el CELS en un comunicado “los cuatro imputados que llegan a juicio oral están procesados desde 2012. Pero, durante estos trece años, el proceso judicial tuvo constantes dilaciones, muchas de ellas relacionadas con que los funcionarios judiciales no estaban dispuestos a investigar el tráfico de influencias y cómo opera el poder en Comodoro Py. Decenas de jueces se excusaron. La Corte Suprema tardó tres años en dirimir un conflicto de competencia. El caso está elevado a juicio oral desde 2020, pero pasaron otros cinco años para que pueda realizarse”.
En ese contexto, este martes inicia el juicio oral de un caso que expone el funcionamiento espurio de los tribunales federales de Retiro y sus nexos con espías.
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