Carrió y dirigentes de la Coalición Cívica impulsan una denuncia por presunto lavado de activos y otros ilícitos precedentes por parte de Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, titulares de la firma Real Central SRL. Según la presentación, la sociedad habría adquirido una quinta de más de 105 mil metros cuadrados en Villa Rosa, Pilar, integrada por dos lotes y dotada de infraestructura de lujo: autos de colección, pistas de equitación, caballos de alta competencia, instalaciones deportivas y hasta un helipuerto. Un video difundido por redes sociales —aportado por los denunciantes— muestra un helicóptero descendiendo en el predio.
Elisa Carrió, Matías Yofe y el legislador porteño Facundo del Gaiso remarcan que Pantano consolidó lazos con figuras del fútbol a partir de su vinculación con Lucas Labbad, ex gerente general de Boca Juniors durante la gestión de Daniel Angelici. Pantano asumió en 2023 como presidente de Mendoza Wines SA y se asoció con Labbad en proyectos vitivinícolas.
Para la Coalición Cívica, esta conexión habría permitido a Pantano “ingresar al entorno directo de un importante dirigente del fútbol argentino”, en alusión al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, cuya posible vinculación con el inmueble es mencionada como versión pública surgida en redes y medios. Los denunciantes sostienen que esas referencias, aunque no comprobadas, justifican profundizar la investigación sobre la titularidad real del predio.
Según aseguró Yofe en diálogo con TN, la quinta estuvo primero asociada a la firma Central Park Drinks, a nombre de un hombre identificado como Diego Lucero. Luego —siempre según el dirigente— Lucero habría vendido su paquete accionario a Conte, mientras Pantano adquiría casi la totalidad de las restantes cuotas. La firma fue rebautizada como Real Central SRL, ya con el capital social ampliado. Vecinos consultados por los denunciantes señalan que “en el barrio todos dicen que esa propiedad es de Tapia o de Pablo Toviggino”, mano derecha del titular de la AFA. Aunque esas afirmaciones no constituyen prueba, sí integran el marco contextual que la denuncia pide investigar.
Inconsistencias económicas y sospechas sobre el origen de los fondos
La denuncia hace eje en un punto: el perfil fiscal de los titulares de Real Central SRL y su aparente incapacidad económica para afrontar una operación inmobiliaria de ese nivel.
Ana Lucía Conte fue monotributista hasta 2012; en 2020 recibió un IFE; en 2021 se jubiló y pasó al PAMI; recién en 2022 se inscribió como autónoma T1 y declaró ingresos brutos por apenas $15.000 en 2024. Ese mismo año adquirió la mayoría accionaria de Real Central SRL.
Luciano Pantano sería monotributista categoría G —con tope de facturación anual de $40 millones— y hasta septiembre registraba deudas bancarias por más de $2 millones.
A esto se suma un dato llamativo: Real Central SRL pasó de un capital inicial de $300.000 a $58 millones en 2024. Para los denunciantes, no hay información que explique cómo Conte o Pantano podrían haber aportado semejante aumento. “¿Cuál de ellos aportó los fondos? ¿Y cómo se justifica que con esos montos se adquiera una propiedad cuyo valor —sostienen— debería ubicarse en varios millones de dólares?”, plantean.
Carrió, Yofe y Del Gaiso solicitan que la PROCELAC avance sobre el origen de los fondos utilizados para la compra, así como también con la verdadera titularidad del inmueble, la trazabilidad de los incrementos patrimoniales de los denunciados y la posible existencia de una estructura societaria destinada a ocultar al beneficiario final. Sostienen que la maniobra encuadraría en los verbos típicos del artículo 303 del Código Penal (“adquirir” y “disimular”), al tratarse presuntamente de una operación diseñada para dar apariencia lícita a bienes de origen incierto.
La denuncia no imputa directamente a Claudio “Chiqui” Tapia, pero sí pide que se investigue si Pantano y Conte pudieron haber actuado como interpuestos para ocultar bienes de un tercero. La Justicia deberá determinar ahora si los indicios presentados configuran una maniobra de lavado o si se trata de operaciones comerciales legítimas.
Cerrar sesión