El Ministerio de Justicia de la Nación confirmó que la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires será prorrogada por tres meses y no se formalizará el próximo 11 de agosto, como estaba previsto originalmente. La decisión se tomó a partir de las observaciones hechas por el Ministerio Público Fiscal (MPF), que desde junio alerta sobre "las deficiencias técnicas" que tiene el nuevo código. Sin embargo, desde la cartera de Mariano Cúneo Libarona aseguran que el código reformado "cuenta con los recursos suficientes para la transformación que el país necesita", pero que decidieron ceder para garantizar "una plena coordinación entre los tres poderes del Estado".
El comunicado, difundido este viernes por la tarde a través de redes sociales, asegura que se brindó "asistencia técnica, financiera e institucional" para llevar adelante los cambios en el código procesal, a partir de "años de desidia y desinversión" de parte de "la casta política y judicial" la cual "postergó injustificadamente la implementación de un sistema que acorta la duración de los procesos y permite la ejecución de una política criminal estratégica y racional".
En el texto defienden, además, la necesidad de la reforma del código procesal al subrayar que "este Gobierno considera que la transformación cultural es irreversible" y que "la Justicia debe adaptarse a un país austero, sin privilegios ni excusas corporativas".
Sin embargo, explicaron que la decisión de prorrogar la entrada en vigencia surge de los reclamos hechos por el procurador interino Eduardo Casal, quien en el último mes demandó que hay "una falta de recursos" y "deficiencias técnicas" que hacen que el nuevo código propuesta no pueda ser puesto en práctica todavía. Dichas explicaciones las hizo en una carta que envió al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en junio pasado.
Casal señala que "persisten carencias estructurales en infraestructura, personal, equipamiento, presupuesto y coordinación interinstitucional, lo que pone en riesgo la transición" del viejo código al nuevo. En eso destaca también que "la falta de espacios esenciales como salas de audiencia, atención a víctimas, áreas de espera y depósitos para pruebas" y subraya que la superficie disponible en las fiscalías es tres veces menor a la requerida: "Para alcanzar el estándar óptimo se requerirían 11.380 m² y hoy contamos con apenas 3.681 m² para 569 agentes".
Desde Justicia aclararon que la prórroga se extenderá hasta noviembre, entrando en vigencia el nuevo sistema el próximo 10 de noviembre a las 00.00 horas.
Los reclamos del procurador Casal sobre las condiciones del Ministerio Público Fiscal
El procurador interino envió en junio una carta al ministro Cúneo Libarona donde expuso que las modificaciones propuestas al código procesal no pueden ser hechas sin antes ajustar "las deficiencias técnicas" que enfrenta el MPF. "El término fijado para la entrada en vigencia del CPPF, de acuerdo con lo que se advierte, no es suficiente para llevar adelante las mínimas readecuaciones imprescindibles para su puesta en marcha", afirmó en el texto. A lo que agregó que "no contar con medios adecuados compromete directamente la eficacia de un cambio de ordenamiento ritual que exige tiempos, recursos y cooperación".
Casal insiste en que hay profundas carencias estructurales en materia de infraestructura, de personal, equipamiento, presupuesto y coordinación interinstitucional, lo que complica la nueva aplicación. "Los edificios donde hoy funcionan las fiscalías en cuestión, de por sí no resultan apropiados para el correcto desempeño del MPF en relación con sus tareas actuales", advirtió.
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