Imputaron a “Chiqui” Tapia por presunta retención indebida de aportes jubilatorios en la AFA

El titular de la AFA y su mano derecha, Pablo Toviggino, fueron imputados en una causa judicial en la que apunta a una deuda superior a los $19.000 millones.

26 de diciembre, 2025 | 20.21

La Justicia imputó este jueves al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, por la presunta retención ilegal de aportes jubilatorios. La causa se originó a partir de una deuda previsional que supera los $19.000 millones y quedó radicada en un juzgado federal porteño.

La imputación fue dispuesta por el fiscal Claudio Navas Rial, quien avanzó con la acusación formal contra los dos principales dirigentes de la AFA en el marco de una investigación que busca determinar eventuales responsabilidades penales por el no giro de aportes correspondientes a empleados de la entidad. El expediente quedó a cargo del juez Diego Amarante, que deberá definir los próximos pasos del proceso.

Según fuentes judiciales, la pesquisa se centra en el presunto incumplimiento de obligaciones previsionales acumuladas durante varios períodos fiscales, una figura que contempla sanciones penales cuando se acredita la retención de fondos descontados a los trabajadores y no transferidos al sistema jubilatorio. En este tipo de causas, la clave suele estar en establecer si existió dolo por parte de las autoridades responsables de la administración de los recursos.

La imputación se produce en un contexto crítico para el titular de la AFA, que en los últimos años consolidó un fuerte poder institucional y político tras los títulos obtenidos por la Selección de fútbol y ahora está en el ojo de la tormenta en distintas causas judiciales y por arbitrajes sospechados por beneficiar a su club, barracas Central, y otros equipos que responden a su conducción.

Aunque desde la entidad aún no hubo un pronunciamiento oficial, fuentes cercanas a la dirigencia sostienen que se trata de una situación “administrativa” y que la deuda estaría en proceso de regularización, un argumento habitual en este tipo de expedientes pero que no impide el avance de la causa penal.