El ministro de Economía Luis Caputo anunció ayer que endeudará al país en 7.000 millones de dólares de acá a fin de año. Se suman a los 45.000 millones de dólares de deuda que tomó de forma ilegal con el FMI en 2018, cuando era funcionario de Mauricio Macri, caso plagado de pruebas pero que descansa en un cajón de Comodoro Py; a los 20.000 millones extra que logró del FMI ahora en el equipo de Javier Milei; a 12.000 millones que obtuvo del Banco Mundial; a los 10.000 millones del BID; a 2.000 millones con Bancos extranjeros; y a 1.000 millones de fondos privados a los que les otorgó una tasa sideral de casi 30% anual.
Ese debería ser el tema de esta nota: los casi 100.000 millones de dólares de deuda que Caputo le sumó a generaciones de argentinos y la cifra análoga que se fugó durante su gestión como ministro, todo miseria planificada para millones, todo dinero que derramará hacia arriba para pagar los intereses de esa deuda impagable. Pero no: la noticia será la confirmación de la condena a prisión de Cristina Fernández de Kirchner, cuyo gobierno terminó, incluso según Nicolás Dujovne -el coequiper de Caputo en el endeudamiento ilegal de la era Macri- con el país, las empresas y las familias desendeudadas. La condena que incluye la proscripción de la principal lideresa política del siglo. Y, como en la novela negra, hay que seguir la pista del dinero de este fallo amañado, injusto y cruel.
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El fallo de la Corte debe leerse en clave económica. Todo el tránsito de este y otros tantos expedientes contra CFK en los tribunales no tienen justificación jurídica alguna. El lawfare es económico, no judicial. Es más: el lawfare no se reduce ni por asomo a las causas armadas contra CFK u otros ex funcionarios. El lawfare significa la imposición de políticas económicas y de decisiones sobre la vida cotidiana de millones de argentinos por un medio que no son los votos. La táctica son las causas, las condenas, las proscripciones; la estrategia apunta a abultar los balances de las corporaciones que controlan lo que cuestan los alimentos, la luz, el gas, los medicamentos, el alquiler.
En este neologismo que combina law (ley) y warfare (guerra) la que es atacada es la democracia. Que las nuevas bayonetas sean las plumas de la Corte Suprema solo confirma el rol de la cúspide del Poder Judicial en esta interferencia sobre la democracia. Pero este protagonismo circunstancial de 3 jueces como Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz no puede tapar el bosque de intereses corporativos que hay detrás, cuyos beneficiarios no aparecen en televisión pero son los que realmente celebran el fallo contra CFK. Que sean los que deciden sobre todos los aspectos de la vida cotidiana de millones alcanza para entender quiénes serán los perjudicados.
Este proceso de lawfare fue aplicado de forma inteligente. Sin apuro, de a poco, un proceso que inició con la deshumanización de CFK, su exposición en tapas de revistas como una mujer que tomaba decisiones hormonales, tratada de “chorra” y que “se robó un PBI”, con episodios como el apedreamiento de su despacho en el Senado y el intento de magnifemicidio. Ahora llegó la condena, justo en su momento de mayor debilidad, en la oposición, con su propia fuerza en plena discusión de liderazgo y el arrastre de más de 10 años de persecución.
El mensaje de los empresarios escrito por la Corte Suprema es claro: cualquiera que toque sus intereses termina preso. Hoy es para CFK, pero vale para todos. La Corte que legalizó el Golpe de 1930 ahora legaliza la libertad condicionada de los presidentes. La condición de la libertad es que no pongan en discusión los intereses económicos de los titiriteros de los jueces. La condenada es a la única presidenta que los discutió. Y la advertencia es a cualquiera que se atreva en el futuro.
En las últimas horas, la propia CFK le puso nombre y apellido a los que dictaron la condena: señaló a Héctor Magnetto del Grupo Clarín y a Paolo Rocca de Techint. Son los mandamases de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), el sello que nuclea a los hombres más poderosos del país. En su Comisión Directiva están Luis Pagani de Arcor, Federico Braun de La Anónima, Carlos Blaquier de Ledesma y Alfredo Coto con los alimentos; Sebastián Bagó y Marcelo Argüelles de SIDUS con los medicamentos; Enrique Cristofani del Banco Santander con las finanzas; Marcos Galperín de Mercado Libre en todos sus rubros, Eduardo Elsztain de IRSA y el hotel Libertador donde alinearon a Milei, entre otros.
Por sus características, los miembros de AEA tienen dos formas de incidir en política económica de un gobierno: el lobby en la Casa Rosada y la presión mediática. Durante el gobierno de CFK la primera opción era inviable. Y como el único que tenía medios poderosos era Magnetto, el resto lo financió para que sea su vocero. Rocca no pone pauta en Clarín porque sus lectores y televidentes compren caños sin costura: lo hace para influir en política económica. Todos hablan y operan a través de Clarín, que tiene sus intereses pero también, como todo medio, la línea editorial de sus financistas. Y la línea editorial es, hace 15 años, perseguir a CFK. Es por dinero, y sobre todo por la batalla cultural para legitimar que concentren ese dinero.
Lectores avezados detectarán que en este momento tanto Magnetto como Rocca no están en las mejores relaciones con el gobierno de Milei. El cerebro del Grupo Clarín porque Milei se niega a autorizarles sin peros la fusión de Telecom con Telefónica; el CEO de Techint porque quiere más protecciones frente a la competencia desde China y privilegios en el rubro hidrocarburos hacia el que vira sus negocios. ¿Por qué, si tienen chispazos con Milei, empujarían una condena contra CFK con una presión a cielo abierto hacia la Corte en los últimos días pocas veces vista? La respuesta no es sencilla, pero es plausible pensar que jugaron una carambola a varias bandas: revancha de viejas rencillas con CFK, entorpecimiento de la estrategia electoral de Milei (que creía que le convenía competir en las urnas contra la ex presidenta) y, sobre todo, aleccionamiento a toda la dirigencia política de qué les puede pasar si cuestionan sus intereses. Una nueva jurisprudencia de la Corte.
Esta lectura económica del fallo podría tener una contradicción aparente: durante los gobiernos de CFK el gran empresariado argentino ganó mucho dinero. Incluso más que con Macri. Pero tenía que soportar que la discusión pública pusiera en cuestión el reparto de la riqueza y, como buenos lectores de Antonio Gramsci, invirtieron en el lawfare: medios, jueces y espías que aplicaron W-40 para aceitar los engranajes de la persecución sponsoreada por la Embajada de EEUU. Ayer, con la condena a CFK, fue un día de toma de ganancias.
El otro actor fundamental es Macri. Lo daban por derrotado, con buena parte de su partido engullido por La Libertad Avanza, limitado a acompañar a Milei en su próximo desafío electoral. Pero el Calabrés tiene memoria, rencor y sutileza. Esta condena es también su obra.
El derrotero en tribunales de este caso revela que no es posible encuadrarlo en el Estado de Derecho. El caso lo impulsó Macri, que armó una oficina de persecución a CFK desde la Dirección de Vialidad que comandaba Javier Iguacel. El abogado Ricardo Stoddart fue el encargado de darle forma pseudo jurídica. Stoddart era abogado de la multinacional Abertis, ex socia de los Macri, que controlaba los accesos Norte y Oeste. Cuando llegó Macri a la presidencia Stoddart pasó del otro lado del mostrador y firmó la renovación de esas concesiones hasta el 2030 con cláusulas leoninas y ganancia garantizada de 1.000 millones de dólares. Pero la condenada es CFK.
El listado de jueces y fiscales que intervino y sus breves prontuarios es el siguiente:
- 1ra instancia
Juez Julián Ercolini: viajó a Lago Escondido invitado por el Grupo Clarin, sponsor de las causas contra CFK. Compartió viaje con Carlos Mahiques y Juan Bautista Mahiques, el armador de las causas durante el gobierno de Macri
Fiscal Ignacio Mahiques: hijo de Carlos y hermano de Juan Bautista
- 2da instancia
Juez Leopoldo Bruglia: designado a dedo y sin concurso por Macri, mantenido ahí por la Corte
- Cámara de Casación
Juez Mariano Borinsky: se juntó 16 veces con Macri en la quinta de Olivos
Juez Gustavo Hornos: se juntó 6 veces con Macri entre la quinta de Olivos y Casa Rosada Fiscal Mario Villar: designado por Macri
- Juicio Oral
Juez Rodrigo Giménez Uriburu: jugaba al fútbol en la quinta de Macri con el fiscal Luciani
Fiscal Diego Luciani: jugaba al fútbol en la quinta de Macri con el juez Giménez Uriburu
- Corte Suprema
Horacio Rosatti: aceptó violar la Constitución y ser nombrado por decreto por Macri
Carlos Rosenkrantz: aceptó violar la Constitución y ser nombrado por decreto por Macri y se la pasa resolviendo causas de sus ex clientes
Ricardo Lorenzetti: el titiritero del lawfare en la era Macri.
Imposible considerar que el proceso judicial de la causa Vialidad no estuvo viciado. Solo la magia de la Corte, en un fallo de 27 páginas escrito a las apuradas, puede afirmar que el hecho de que todos estos personajes tuvieran a Macri como eje rector no afectó su imparcialidad. “La defensa enuncia diversos hechos relativos a conexiones entre los jueces y fiscales o encuentros entre los jueces de la causa y ciertos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional sin indicar ni una sola circunstancia concreta que permita inferir razonablemente que se ha comprometido la imparcialidad de los jueces en esta causa en concreto”, escribieron Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz. Tanto temen a Macri que ni lo mencionan; tanta es la protección que le exigen a una acusada que no sólo exponga esos vínculos espúreos sino que además aporte los detalles de cómo armaron la causa en su contra.
Todos los detalles posibles los reveló El Destape, en especial la sincronía entre las reuniones de Borinsky y Hornos con Macri y las decisiones judiciales que tomaron en las causas contra CFK, incluido el expediente Vialidad.
Los cortesanos no se animaron a aplicar el artículo 280 del Código Procesal, que les permitía confirmar la condena sin dar ninguna explicación. Pero firmaron un fallo donde simplemente justifican todas las irregularidades del proceso, desde que no se hicieron los peritajes de las obras supuestamente direccionadas hasta que el caso ya era cosa juzgada o que metieron supuesta pruebas por la ventana y no dejaron que CFK se defendiera. Nada importó: la sentencia estaba escrita. Simularon un fallo para no quedar tan en evidencia: la historia no los absolverá.
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