La causa judicial por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo de alto impacto político: la querella pidió formalmente que el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y el vocero Manuel Adorni sean citados a declaración indagatoria, junto a otros 13 imputados. El planteo fue presentado ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y se apoya en un extenso escrito que reconstruye, en detalle, la arquitectura del supuesto fraude.
El documento, firmado por el querellante Martín Romeo con el patrocinio del abogado Nicolás Oszust, solicita la indagatoria de 16 personas en total en el marco de una causa que investiga delitos como cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Entre los nombres más relevantes aparecen, además de los Milei y Adorni, el empresario Mauricio Novelli —señalado como nexo clave—, el exfuncionario Sergio Morales y el financista extranjero Hayden Davis.
El eje de la acusación es contundente: para la querella existió una asociación ilícita que operó durante años y que, en su etapa final, logró “infiltrar” el Estado para ejecutar una estafa masiva a través del token $LIBRA. Según el escrito, no se trató de un error de mercado ni de un proyecto fallido, sino de una maniobra planificada con antelación, que combinó conocimiento técnico, contactos internacionales y utilización de figuras públicas para generar confianza.
La reconstrucción judicial divide el esquema en distintas fases. La primera, entre 2018 y 2024, describe la formación del grupo liderado por Novelli, que habría desarrollado conocimientos en manipulación financiera, evasión fiscal y uso de estructuras offshore. En ese período, según surge de chats y registros analizados, se montó una red de captación de inversores a través de una academia que funcionaba como “embudo” para derivar clientes a plataformas internacionales.
El punto de inflexión llega en 2024, cuando se consolida el vínculo con actores extranjeros y se comienza a comercializar el acceso al Presidente. El escrito sostiene que se ofrecía a inversores la posibilidad de vincularse con Milei para proyectos vinculados al mundo cripto, lo que constituía un activo central para atraer capitales. La acusación pone especial énfasis en la participación de funcionarios y en la presunta utilización del aparato estatal como respaldo. Se menciona la presencia de actores clave en ámbitos oficiales, reuniones en dependencias públicas y la organización de eventos que buscaban dar legitimidad institucional a la operatoria.
Uno de los puntos más sensibles del planteo involucra directamente a Manuel Adorni. Según la querella, su participación en actividades vinculadas al proyecto aportó “validación” y prestigio desde el Estado, lo que habría sido determinante para convencer tanto a financistas como a pequeños inversores.
El rol de Javier Milei aparece en el centro de la escena. El escrito sostiene que su intervención pública fue decisiva para el desenlace de la maniobra. En particular, se menciona la publicación en redes sociales que promocionó el token $LIBRA como el “gatillo” que disparó la compra masiva por parte de inversores minoristas. Sin ese aval, argumenta la querella, la operación no habría alcanzado la magnitud que tuvo.
A partir de allí, se describe la ejecución del esquema: compras anticipadas por parte de actores con información privilegiada, seguidas de una venta masiva que drenó la liquidez del mercado en pocas horas. El resultado, describe la acusación, fue un perjuicio millonario para miles de personas. El documento también detalla movimientos financieros posteriores, incluyendo transferencias a cuentas en el exterior, uso de billeteras virtuales y retiro de dinero en efectivo. Además, menciona la presunta destrucción de pruebas digitales una vez que el escándalo comenzó a hacerse público.
Otro elemento relevante es la referencia a la relación previa entre Milei y algunos de los implicados. La querella sostiene que el Presidente mantuvo vínculos laborales con Novelli en el pasado, lo que habría facilitado el armado del esquema y la utilización de su figura en etapas tempranas.
Uno por uno, los 16 involucrados a los que piden indagar
Javier Milei (Presidente)
Karina Milei (secretaria general de la Presidencia)
Manuel Adorni (vocero presidencial)
Mauricio Novelli (empresario y nexo del esquema)
Sergio Morales (exasesor de la CNV)
Manuel Terrones Godoy (socio local)
Chyi Haur “Julián” Peh (desarrollador cripto)
María Pía Novelli (operadora del entramado)
Hayden Davis (financista internacional)
Bartosz Lipinski (empresario tecnológico)
María Alicia Rafaele (madre de Novelli y presunta administradora de fondos)
Favio Camilo Rodríguez Blanco (colaborador)
Orlando Rodolfo Mellino (presunto testaferro)
Demian Reidel (economista vinculado)
Roberto E. Silva (titular de la CNV)
Matías Mario Mudry (operador).
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