Los manotazos judiciales de los Milei para censurar los audios de las coimas

Los hermanos Javier y Karina Milei desataron un contraataque judicial frente al escándalo de los audios de las coimas con la sutileza no de uno sino de dos elefantes en un bazar. Intentan un juego de pinzas: por un lado, una denuncia penal motorizada desde el Ministerio de Seguridad donde denuncian espionaje ilegal y piden allanamientos y entrecruzamiento de llamadas de medios y periodistas que protagonizaron la publicación de los audios del íntimo presidencial Diego Spagnuolo y que se prohíba cualquier publicación de ese material. En resumen, que Comodoro Py legalice la censura y persecución. Por el otro, ya lograron que un juez con denuncias de acoso sexual y deseos de ascender a camarista les provea una medida cautelar que pretende prohibir la difusión de audios que sean Karina en la Casa Rosada, un claro caso de censura previa que va en contra de la Constitución y de los Tratados Internacionales y que es además inaplicable: ¿cómo sabe el que los publica que cumplen el requisito de haber sido grabados en la sede presidencial? 

La estrategia judicial de los Milei es más que torpe. Así como las mentiras se propagan más rápido que las verdades, cuando un gobierno quiere censurar un material solo lo hace más atractivo. Y, si en la historia los antecedentes de censura previa en democracia no fueron efectivos, en la era de las redes sociales creer que va a tener efecto es simplemente una ilusión. Ni la denuncia ni el fallo a medida tienen ningún efecto, simplemente es un manotazo de los Milei para intentar generar miedo y autocensura. Más que difícil que lo logren. 

Pinturitas

En Comodoro Py, el caso le tocó al juez Julián Ercolini y al fiscal Carlos Stornelli. Casi no hay dupla más antagónica que la que tiene la causa donde se investigan las coimas, integrada por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. En el caso del juez Ercolini, fue la segunda marca del lawfare, el impulsor de la causa Vialidad mientras gozaba de los viajes all inclusive a Lago Escondido invitado por el Grupo Clarín. Ercolini fue el encargado de sobreseer sin investigar a Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y demás acusados por el robo de Papel Prensa. ¿Investigará ahora a periodistas y medios a los que el gobierno pretende amedrentar? Dependerá de lo que quiera Magnetto, mucho más influyente sobre Ercolini que lo que pueda ser Milei, quien aún mantiene como tuit fijado su pelea con el holding que ya maneja de hecho la fusión Telecom-Telefónica.

En el caso del fiscal Stornelli lo insólito es que aún mantiene el cargo pese al cúmulo de pruebas que lo vinculan al espionaje ilegal. Ya le hizo un gran favor al gobierno al acusar de terroristas a las personas que se manifestaban contra la Ley Bases. ¿Querrá seguir esa deriva e impulsar la censura y la persecución a medios y periodistas?

El juez que otorgó la cautelar que pidió Karina Milei para prohibir la difusión de sus audios tampoco es una pinturita. Se llama Patricio Maraniello, es juez Civil y Comercial Federal. Tiene 5 denuncias en trámite ante el Consejo de la Magistratura, tres de las cuales son por acoso sexual, violencia de género, acoso laboral, maltrato y abuso de poder. Su interés por agradar al gobierno se explica también en términos profesionales: está concursando para ascender a camarista, para lo cual depende del guiño de la Casa Rosada.

La resolución del juez Maraniello no tiene gollete. Por un lado, es inaplicable. Dice que ordena “solamente el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025- como fueran denunciados- que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei, a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”. Es obvio que no tiene forma de hacerlo cumplir, pero además es un sinsentido: ¿como sabe que los audios de Karina fueron grabados en la Casa Rosada? Si quien los difunde no sabe eso, ¿los puede difundir? Un absurdo. 

Por otro lado, choca de frente con la Constitución y los Tratados Internacionales que la Argentina firmó. Damián Loreti, el mayor especialista en libertad de expresión del país, consultado por El Destape afirmó que “la medida no tiene precedentes aceptados por la Corte Suprema ni el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sea la Comisión Interamericana o la Corte IDH. No hay ninguna ponderación en el caso que avale que quepa apartarse de las reglas de prohibición de la censura previa establecidas en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales, menos aún en temas de interés público como lo que aquí ocurre”.

Patodenuncia

La denuncia del gobierno en Comodoro Py la firma Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. El propio Milei compartió la noticia bajo el rótulo de “Plan de Inteligencia Ilegal”. La demanda dice que es “contra quienes resulten responsables de los hechos que se expondrán a continuación, vinculados con la producción, manipulación y difusión sistemática de grabaciones atribuidas a funcionarios y ex funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional” que “forman parte de un ataque a una de las principales figuras del Gobierno Nacional, mediante una burda operación de inteligencia no institucional, prohibida por la Ley 25.520”. Se trata de la ley de Inteligencia Nacional. La denuncia dice que los que revelaron los audios buscan “influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral en las próximas elecciones legislativas”.

En la medida cautelar del juez Maraniello se limitaron a audios de Karina grabados (sic) en la Casa Rosada; en el pedido de Bullrich a Comodoro Py quieren bloquear todo. Piden una medida cautelar para “evitar que se profundice el daño y que se propaguen nuevas filtraciones ilícitas en el marco de la operación de influencia indebida” y “la prohibición de difusión, reproducción y/o circulación por cualquier medio de los audios y/o cualquier otro elemento escrito o audiovisual obtenidos en el marco de la operación ilícita denunciada”. Pretenden una orden tanto a medios como a todas las redes sociales para que los borren de sus contenidos. Otro inaplicable. 

Bullrich también pide allanamientos a los estudios de Carnaval Stream para llevarse todo lo que encuentren y a los domicilios de Jorge Rial, el abogado Franco Bindi, el tesorero de la AFA Pablo Toviggino, el periodista Mauro Federico “y todo otro interviniente sin fueros parlamentarios, a fin de secuestrar dispositivos electrónicos (computadoras, notebooks, teléfonos, discos externos, pendrives) y documentación vinculada a las maniobras descriptas, de las cuales pueda determinarse quiénes fueron los organizadores y partícipes de los delitos cometidos”. También sus transacciones comerciales y otros datos financieros. 

En nombre del gobierno Bullrich afirma que “los audios han sido esparcidos de modo estratégico, en un momento en el cual el país se encamina hacia la estabilización macroeconómica” y dice que son “prácticas mafiosas” y que “el episodio amenaza directamente la transparencia del proceso electoral”.

También afirma que “lo ocurrido formaría parte de una trama más amplia, que involucra a la oposición kirchnerista en una campaña de desinformación para derrocar al gobierno”. Es insólito, ya que si alguien grabó a Karina en la Casa Rosada fue un funcionario de La Libertad Avanza; y el origen de este escándalo es Spagnuolo, íntimo de Milei.

Alguien debería recordarle a Bullrich lo que El Destape publicó en 2021, cuando reveló que se reunió en secreto 11 veces con el agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a cargo del espionaje a 403 periodistas y un centenar de académicos, empresarios y miembros de ONGs que participaron en las cumbres de la OMC y el G-20 que se realizaron durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Siempre con posturas contra el Gobierno”. “Se opone fuertemente al kirchnerismo”. “Hay una (foto) con Estela de Carlotto”. “Se destaca que en FB la única página de políticos a la que le dio ‘Me Gusta’ es a la de Laura Alonso”. “Utiliza las redes como herramienta de viralización de contenidos feminista”. “En las elecciones presidenciales de 2015 apoyó a Cambiemos”. Estas frases figuran en algunas de las fichas de 403 periodistas que fueron espiados de manera ilegal durante el Gobierno de  Macri desde los sótanos de la AFI, tal como informó El Destape en su momento. El responsable era Tonelli Banfi, y Bullrich lo recibió 11 veces. Ahora quiere censurar y allanar periodistas y  medios. 

Fueron los rusos

La deriva argumental de Bullrich la lleva a señalar que la SIDE denunció la existencia e un grupo de residentes rusos “que estaría realizando acciones en función de los intereses geopolíticos de Rusia para influenciar a la población”, que “el grupo denominado ‘La Compañía’ tiene como objetivo conformar un grupo de personas leales a los intereses de Rusia para desarrollar campañas de información, desinformación e influencia contra el Estado argentino” y que “los hechos denunciados en el presente escrito revisten una marcada similitud con las actividades desplegadas por la organización desenmascarada por los servicios de inteligencia nacionales y podrían ser parte de una operación sistematizada de largo plazo”. Spagnuolo suena más tano que ruso. 

Da para risa, pero con la insistencia del Gobierno de que este escándalo tienen como objetivo influir en las elecciones bonaerenses y nacionales próximas, otros párrafos de la demanda ya son preocupantes. Escribieron, por ejemplo: “En diciembre de 2024, el tribunal constitucional de Rumania anuló las elecciones presidenciales como consecuencia de la desclasificación de documentos por parte de los servicios de inteligencia rumanos que expusieron evidencia de manipulación de votos a través de plataformas de redes sociales, financiamiento ilegal de campañas en TikTok, ataques cibernéticos orquestados por fuerzas externas y sospecha de interferencia rusa”. ¿Milei intentará anular las elecciones en el caso de perder con la excusa de que hubo un comando ruso? No se puede descartar: sus referentes Donald Trump y Jair Bolsonaro no reconocieron sus derrotas electorales.