La contrarrevolución neoliberal: primeros impactos

20 de junio, 2022 | 00.05

Para los que hurgan en las grietas

Un latiguillo que desde hace tiempo agitan los sectores más reaccionarios, y permea con frecuencia acríticamente en la población, es la alusión a “la grieta” como un problema reciente que impide una deseada e idílica “unidad de la totalidad” de quienes habitan nuestro país.

Esa interpretación de la crisis político-social de este tiempo, rápidamente se asocia e imputa a una fracción identificada como el kirchnerismo y se remite a las acciones de gobierno emprendidas en el período 2003/2015. Pero a poco que se avanza en ese sentido, se plantea que su causa madre reside en el peronismo que vino a trastocar el “orden” y a promover el “caos” en una sociedad que funcionaba apegada a los valores “republicanos, cristianos y de respeto a la estratificación natural de clases”.

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Más aún, si se les brinda la ocasión de profundizar esa interpretación sesgada -un maridaje economicista y pseudo antropológico-, la alusión estigmatizante abarca los últimos 70 años, como si fuera que durante todo ese lapso los gobiernos hubieran respondido a esa fuerza partidaria. Si bien algo de cierto existe, aunque oculto en esa falsa evocación, que allá por 1945 irrumpe a un ritmo vertiginoso e insoportable para la oligarquía -acompañada por capas medias aspiracionales, europeístas y reñidas con todo sentir popular- un fenómeno de masas inesperado, fuera de los cálculos de las ideologías predominantes, que hizo de los derechos sociales una realidad efectiva.

Expresión política nacional y popular que habría de ser combatida, incluso a sangre y fuego, desde sus inicios con el anhelo todavía no alcanzado de hacerla desaparecer de la escena o, en alguna etapa como alternativa finalmente fallida (con el genocida ex almirante Massera a fines de los 70’ y con Menem en los 90’), de transformarla en instrumento al servicio del Gran Capital.

La semana pasada se cumplió un nuevo aniversario del bautismo de fuego de la aviación Naval, que fue el 16 de junio de 1955 contra un blanco civil, bombardeando a la población (niños, jóvenes, mujeres y hombres adultos o ancianos) que se había reunido o simplemente transitaba en las inmediaciones de la Plaza de Mayo. Curiosa forma de entender los pilotos de la Marina el juramento de defender a la Patria, atacando a su propio Pueblo.

Más de 300 víctimas fatales, más de 1000 heridos, un genocidio omitido por décadas en la historia oficial y ocultado a varias generaciones. Que no admite ni olvido ni perdón, sino memoria y justicia que guie nuestro obrar futuro. Si alguien está preocupado por la ajetreada “grieta”, es allí en donde puede encontrar un hito ineludible.

Habían pasado apenas tres meses, cuando se produjo el golpe de Estado que pomposa y cínicamente se autodenominó “Revolución Libertadora”, que trajo más muertes, más heridos y torturados, más persecuciones y prisiones arbitrarias -sin juicio y sin condenas-, más endeudamiento externo (Argentina ingresó al escenario de la usura del FMI) y más espejismos eurocéntricos de un gremialismo sin anclaje en las bases obreras. Todo, menos “libertad” en cualquiera de los ámbitos que pueda imaginársela.

En los años siguientes hubo elecciones con proscripciones, hubo otros golpes de Estado, hubo resistencias, e incluso, el proyecto de una “solución final” de todo atisbo de democracia social, con la dictadura genocida de 1976.

Recuperada la institucionalidad democrática en diciembre de 1983 las tensiones continuarían con distintos gobiernos, porque al igual que desde el nacimiento de la Patria dos siglos atrás, lo que sigue en debate son Modelos de país, de sociedad, de república, de soberanía e independencia nacional. Allí es en dónde deben buscarse las “grietas”, interpretarlas y encontrar las razones que las mantienen vigentes inexorablemente.

Señales en acelerado aumento

Los debates son inherentes a la democracia, aún los más agonales, y ciertamente pondrán de manifiesto perspectivas, motivaciones y convicciones disímiles que no impedirán la convivencia cívica en tanto, cuanto menos, se respeten la diversidad y pluralidad de ideas, como el estadio de democracia social alcanzado.

No parecen ser esos presupuestos los que guían el accionar de quienes, con indisimulable arraigo en concepciones similares a las que provocaron dramáticas experiencias como las referidas anteriormente, siembran el odio por doquier y se asocian en diferentes planos propugnando hacer tabla rasa con derechos humanos que en Argentina podían pensarse consagrados definitivamente.

Patricia Bullrich es, quizás, quien mejor expresa el ideario que anima al “ultrismo” antipopular. En recientes declaraciones fijó una clara posición en ese sentido: “Ya tenemos 3000 medidas entre leyes y regulaciones cuya palabra principal va a ser 'deróguese'. Vamos a desregular y desmafializar (…) Me dicen que es imposible sacar los planes en seis meses. Más imposible es no sacarlos porque se van a quedar para siempre. Si no lo hacemos con convicción nos comen el cambio. (…) Ellos se están preparando, en vez de 14 toneladas de piedras, serán miles de toneladas de piedras, pero si somos miles lo vamos a poder hacer (…) Vamos a tener que hacer cosas fuertes. Ya no nos va a alcanzar la Gendarmería …”.

A pesar de la confrontación interna en torno de la candidatura a la presidencia de la Nación, Rodríguez Larreta no exhibe divergencias sustanciales con Bullrich, al enfatizar que las transformaciones estructurales necesarias no pueden esperar los clásicos 100 días de un nuevo gobierno, sino que deben llevarse a cabo en las primeras 100 horas. Definición, que deja en claro el desprecio por toda instancia de diálogo en el derrotero, claramente autoritario, que se propone; como cuáles serían las estructuras a transformar, cuyas enunciaciones explícitas que apuntan a lo social y laboral se completan con las archiconocidas recetas de sus asesores económicos (Melconián, Lacunza, Tetáz, Laspina, López Murphy).

En el caso de Macri, si finalmente se aprestara a un “segundo tiempo”, lo ha manifestado con todas las letras: “que haría lo mismo, pero más rápido” para erradicar al populismo que también, expresamente, definió como un pernicioso invento del peronismo. O sea, insistiría en una brutal transferencia de ingresos hacia los más ricos en menoscabo de las capas medias y bajas, en la libre circulación de capitales que equivale a la fuga al exterior de las ganancias generadas en el país y a un recurrente endeudamiento público. Políticas, que deberán respaldarse con un recrudecimiento de la represión de las disidencias y las protestas, que fue lo que caracterizó a su primer gobierno.  

Arietes y cercos

Así como hay personajes, los antes mencionados y otros (Tetaz, Milei, Espert), con discursos que funcionan como arietes para derribar murallas culturales que protegen derechos sociales o para sortear obstáculos legales que les brindan tutela; también existen grupos o “asociaciones”, que cuentan con el amparo y promoción de los medios de comunicación hegemónicos, organizados para hacer lo propio con los sindicatos y cercarlos con estigmatizaciones que pretenden distanciarlos de sus representados, de sus intereses y conquistas históricas.

El embate contra los dirigentes gremiales apunta al corazón de la libertad sindical -individual y colectiva-, cuyas manifestaciones fundamentales son la misma organización en sindicatos y el desarrollo de sus actividades principales en la concertación colectiva -ampliando derechos y mejorando condiciones de trabajo y salarios- y en la protesta colectiva que no crea conflictos sino visibiliza los existentes por la puja entre el Trabajo y el Capital.  

La criminalización de la protesta social, tan afín al pensamiento neoliberal, se traduce en lo laboral en la penalización de las legítimas medidas de acción sindical y el procesamiento de quienes participan de ellas, en especial, tratando como delincuentes y encarcelando a los sindicalistas que las implementan.

La huelga entre otras acciones de presión gremial que constituyen herramientas básicas en la clásica confrontación con las patronales, son por antonomasia materia del Derecho del Trabajo y sus derivaciones competencia de los tribunales laborales. Sin embargo, desde hace algún tiempo -producto de una viciada y viciosa estrategia empresaria- se las pretende concebir como prácticas “extorsivas” configurantes de delitos y, en consecuencia, objeto de denuncias en el Fuero penal en donde, solícitos fiscales y jueces, desnaturalizan el sentido y propósitos de los reclamos obreros, detienen e incluso dictan prisiones preventivas a los trabajadores y gremialistas involucrados.

La protesta individual de trabajadoras y trabajadores, concretadas en reclamos eventualmente judicializables, forman parte de esas anacrónicas desacreditaciones que persiguen iguales desligitimaciones de los derechos laborales.

La fórmula elegida se resume en denominarla “industria del juicio”, que supone una suerte de “estafa” de que sería víctima el empresario, lo que implica catalogar como virtual delincuente tanto a la persona que reclama como a las y los abogados laboralistas que defienden sus derechos, recriminándoles desde esas mismas usinas el rol de “instigadores”.

Es sencillo, con un solo par de ejemplos, dar por tierra con esas teorías, sin embargo -y pese a las evidencias que tenemos a diario- se torna difícil penetrar la cortina mediática que oculta o distorsiona la realidad que se verifica en el mundo del trabajo.

Aquel que no registra a quienes emplea, o lo hace sólo parcialmente (en cuanto a su antigüedad, extensión de la jornada de trabajo o cuantía de la remuneración), se expone deliberada y codiciosamente a los riesgos de demandas judiciales. Lejos de ser una víctima es un victimario, al privar de derechos a las personas que prestan servicios bajo su dependencia. Sin embargo, ese riesgo es marginal y por eso lo asume en el mero afán de beneficiarse -de ganar con lo que el otro pierde-, ya que serán muy pocos los que reclamen ante el peligro cierto de perder el empleo y, en el caso de que lo hagan, deberán demostrar la falta o deficiente registración que es de enorme complejidad.

En la tan extendida contratación por intermedio de una Agencia de Servicios Temporarios o Empresa de Servicios Eventuales (ESE), lo más común es que no exista el presupuesto legal que habilite ese tipo de intermediación, considerando las situaciones que llegan a juicio y en que así lo declaran las sentencias en más del 95% de los procesos. La proyección al universo total de esas contrataciones seguramente no será idéntica, aunque sí es de toda lógica estimarlas en porcentuales similares, sobre todo considerando que las situaciones de excepción y transitorias que se invocan nunca justificarían el mantenimiento de esa triangulación por un año o más, como sucede habitualmente.

Ahora bien, por qué se insiste y difunde cada vez más ese tipo de triangulaciones contractuales a desmedro de los elevados costos indemnizatorios potenciales (ordinarios y agravados por esas irregularidades). La respuesta es que la litigiosidad es bajísima, tanto por las dificultades que afrontan los “falsos eventuales” para encarar un juicio -saberse titular de un derecho a la estabilidad en la empresa donde prestan servicios y conseguir testimonios sobre la inexistencia de la aducida eventualidad-, como por el temor de que se los incluya en listas de “personal conflictivo” y pierdan la posibilidad de ser contratados por esa u otra Agencia, que se han constituido en las principales proveedoras de empleo, precarios por cierto. Además, es común que la aparente empresa “usuaria” cuente con una cláusula de indemnidad para descargar los costos de reclamos judiciales en la ESE, que reduce más aún los riesgos e incrementa la seducción de contar con mayores márgenes de flexibilización y disponibilidad del personal ocupado.  

Vienen por todo

Como en el teatro de títeres, quienes aparecen en escena no son los que manejan los hilos que brindan protagonismo a las marionetas y generan las reacciones del público.

La diferencia en política es que en el escenario estamos todos, aunque pretendan que seamos simples espectadores somos -queramos o no- protagonistas de la obra que montan y de las historias que se desarrollan.

La contrarrevolución en marcha se muestra como reacción al populismo, pero a poco que se la analice se alza también contra el propio liberalismo en cuanto tuvo -o se atribuyó- principios republicanos fundados en el lema “libertad, igualdad, fraternidad”.

Sin abandonar el recurso a la fuerza de ser preciso, el Neoliberalismo hoy se vale de las alternativas que le brinda un sistema democrático devaluado para erradicar definitivamente toda expresión nacional y popular, que entiende la única que puede entorpecer los planes hegemónicos colonizantes de los grupos concentrados del Capital transnacional y de sus socios nativos.  

Esa demonización del populismo exige exorcizar el cuerpo social, haciendo desaparecer todo anhelo de igualdad de oportunidades y de equidad. Los derechos laborales, las organizaciones sindicales, las y los abogados que actúan en su defensa están en la mira, aunque el objetivo es más ambicioso y requiere eliminar todo vestigio del nuevo tiempo de la Argentina iniciado el 17 de octubre de 1945.  

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Álvaro Ruiz

Abogado laboralista, profesor titular de derecho del Trabajo de Grado y Posgrado (UBA, UNLZ y UMSA). Autor de numerosos libros y publicaciones nacionales e internacionales. Columnista en medios de comunicación nacionales. Apasionado futbolero y destacado mediocampista.

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