Vialidad no arregla las rutas pero gastará U$S 2,4 millones para vigilar a su personal

El mismo gobierno que redujo a casi cero la ejecución de obras para el mantenimiento y mejora de las rutas nacionales y aplicó la motosierra entre el personal de Vialidad, con despidos masivos y un congelamiento salarial que lleva 9 meses, contrató por 2,4 millones de dólares un nuevo sistema de control y monitoreo sobre los trabajadores del edificio central y una sede más de ese organismo. La contratación, confirmada a El Destape por fuentes de la repartición, recayó a favor de un único oferente que llegó al tramo final de la licitación, socio en algunos países de Starlink, e incluirá la instalación de un molinete, la provisión de 13 pantallas digitales y un servicio de vigilancia por 24 meses. 

La novedad tomó por sorpresa a los empleados de Vialidad que habían visto hace menos de un año, a instancia de las actuales autoridades, la instalación de un nuevo mecanismo de control biométrico en todos los pisos del edificio central de la institución, en Julio A. Roca 738. El llamado a licitación y la adjudicación a favor de la compañía Elipgo es consecuente con una política de hostigamiento, persecución y sanción a trabajadores y delegados gremiales que se acrecentó en lo que va de 2025 por instrucción del administrador general del organismo, Marcelo Campoy. 

El pliego que figura en la web Comprar precisa que la licitación incluye la provisión por parte de Elipgo de un molinete para el control de acceso al edificio por un valor de 51.290 dólares; 13 pantallas digitales de 46 pulgadas a un costo total de 39.806 dólares, y de un servicio de monitoreo y vigilancia durante dos años por U$S 1.159.872, casi 50 mil dólares por mes. El monto total de la contratación es similar al resultado de una licitación de la que participó Elipgo sin éxito en México (la firma opera en ese país, la Argentina y Estados Unidos) para proveer de un sistema monitoreo al Bosque de Chapultepec, en el Distrito Federal, con una superficie total de 866 hectáreas. 

La compañía, que figura en las páginas oficiales de Starlink –perteneciente a Elon Musk– como revendedor oficial, compromete durante la vigencia del contrato un servicio de monitoreo completo y de videovigilancia respecto del personal, control satelital, lectura de hasta 3 mil huellas diarias y el uso de herramientas de última tecnología como inteligencia artificial y lectura facial para una dotación no mayor a las mil personas entre los dos edificios donde se harán tareas. Como contraste, días atrás los medios entrerrianos dieron cuenta de una serie de choques un mismo día por el mal estado de la ruta nacional 12 a la altura de Ceibas y que personal de Bomberos Voluntarios y Gendarmería debió tapar el bache que ocasionó los siniestros con tierra por falta de insumos. 

El proceso licitatorio se llevó a cabo mediante el legajo 46-0014-LPU25 y llegaron a presentarse dos ofertas: la ganadora, a cargo de Elipgo por 2,4 millones de dólares, y otra por casi 3 millones de dólares de la firma HPElectric SRL, que no cumplió todos los requisitos y fue descartada antes de la puja final. La adjudicataria prestará el servicio por 24 meses bajo la modalidad de “comodato llave en mano”, lo que hace suponer que al cabo del contrato se quedará con los insumos y materiales aportados. 

Entre las condiciones elaboradas por las autoridades del organismo, a las que tuvo acceso El Destape, se planteó la necesidad de “una solución de seguridad electrónica de video vigilancia integral de última generación, con tecnología de punta, que permita alcanzar altísimos niveles de seguridad utilizando inteligencia artificial combinada con inteligencia de negocios”. “La solución propuesta deberá contemplar una solución tecnológica completa de punta a punta, a fin de garantizar el correcto funcionamiento del sistema de seguridad electrónica en los puntos de intervención aquí mencionados. Respondiendo a la necesidad coyuntural del país, Vialidad Nacional espera resolver esta necesidad realizando una inversión acotada, optimizando costos y tiempos de implementación, con estándares de ciberseguridad internacionales y conectividad satelital administrada de alta disponibilidad”, señala la documentación oficial. 

A años luz de esas premisas, en el edificio central de Vialidad “no hay papel higiénico ni personal de limpieza”, destaca a este medio Graciela Aleñá, secretaria general del sindicato de Trabajadores Viales y Afines (Stvyara), uno de los gremios que representan al personal del organismo. “Esta licitación es una vigilanteada como no he visto jamás en mi vida. En lugar de cuidar las rutas se dedican a esto; lo único que les interesa es vigilar a las personas y ver quién sale a comer para decidir a quiénes rajar”. 

La dirigente contó que el gremio realiza asambleas ruidosas de 11 a 12 todos los días para reclamar contra el desfinanciamiento del organismo, que cuenta con el mismo presupuesto prorrogado desde 2023 y su personal permanece con salarios congelados desde noviembre del año pasado. En otros gremios ratificaron ese panorama y dieron cuenta de sanciones contra delegados por su participación en protestas gremiales. 

Las mismas organizaciones sindicales dieron cuenta del parate en las funciones de Vialidad: recordaron que en administraciones previas, la institución llevaba adelante un promedio de 2000 a 2500 obras viales por año mientras que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, informó días atrás en el Congreso que en la actualidad hay en marcha un total de 60, parte de las cuales lo están por contar con financiamiento de organismos internacionales (Banco Interamericano de Desarrollo o Corporación Andina de Fomento, entre otros). 

Uno de los reclamos del sector y de los gobernadores es que una porción del impuesto a los combustibles, que el Gobierno debería aplicar directamente a obras viales, permanece retenido por Economía y contabilizado como parte de su supuesto equilibrio fiscal. Los gremios destacan que, a pesar del congelamiento salarial para el personal de planta, los cargos gerenciales nombrados por la administración libertaria gozan de actualizaciones y de la percepción de horas extras que les están vedadas al resto de las categorías de estables.