La decisión del Gobierno de utilizar el salario como ancla inflacionaria detonó la rebelión menos esperada: los sindicatos tradicionales de la CGT, en particular los “gordos” de los grandes gremios de servicios, acordaron insistir con las subas pactadas con sus contrapartes patronales en línea con el costo de vida y a pesar de que la Secretaría de Trabajo avisó que no las homologará. Así lo hizo saber este martes la Federación de Comercio (Faecys) en medio de una negociación tensa con el Ejecutivo por un incremento trimestral pactado con las cámaras mercantiles, que formalmente es de 5,4% en total pero trepa a 9,6% si se toman en cuenta rubros no remunerativos.
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La paritaria de Comercio se posicionó como la más tensa. Por un lado, por tratarse del gremio más numeroso, con al menos 1,2 millón de trabajadores regidos por el convenio colectivo de la actividad, y por otro, por su incidencia clave en el plan oficial para aminorar la inflación. Es que en esa iniciativa Javier Milei encontró como aliados a los supermercadistas, los mismos que rechazan la suba de 9,6 por ciento. La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) fue responsable de rebotar las primeras listas de precios con aumentos luego de la devaluación que se produjo con la modificación del esquema cambiario.
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Hasta ahora la estrategia de “Paritarias Cero” que anticipó en exclusiva El Destape había dado resultados en varias actividades. Camioneros, el gremio de Hugo y Pablo Moyano, llegó a reducir a un tercio sus demandas para firmar un acuerdo trimestral apenas por arriba del 1% cada mes apenas la Secretaría de Trabajo amenazó con no homologar incrementos superiores. También los gastronómicos (Uthgra) de Luis Barrionuevo revisaron a la baja un preacuerdo con las cámaras empresarias y aceptaron una suba que oscila el 1% mensual.
La rebelión menos esperada llegó de gremios con tradición dialoguista y de acuerdos y salarios históricamente en línea con las necesidades de cada gobierno. Las primeras escaramuzas se produjeron a principios de año entre el Gobierno y el sindicato de Sanidad, que lidera el triunviro de CGT Héctor Daer. A pesar de haber cerrado el gremio un acuerdo con las cámaras que nuclean a los principales centros asistenciales con y sin internación la cartera laboral, a cargo de Julio Cordero, rechazó homologarlo. Esa validación legal es vital para darle vigor de ley a un acuerdo de partes y evita que un empresario comprendido en la paritaria resuelva incumplirla por su cuenta.
Días atrás se sumó a ese club el sindicato de empleados de la industria del Vidrio (Seivara) que comanda Cristian Jerónimo, un dirigente joven que aparece en la grilla de candidatos a suceder a Daer en la CGT en noviembre próximo con el impulso de dirigentes de peso como Gerardo Martínez (albañiles, Uocra). La organización firmó días atrás un ajuste que contempla una recuperación de los puntos perdidos contra la inflación en meses anteriores y fija para abril un incremento de 4%, un valor muy por arriba de los parámetros autorizados por el Ministerio de Economía. En el gremio explicaron que más allá de su eventual homologación o rechazo harán pesar la validez del acuerdo con las cámaras empresarias.
La mayor novedad, sin embargo, fue la advertencia pública de Comercio de que insistirá en los términos acordados con las cámaras CAC, CAME y Udeca y que el Ejecutivo rechaza. Aquel entendimiento contempló una suma de 1,9% en abril; 1,8% en mayo y 1,7 en junio, con un acumulado de 5,4% en el trimestre, pero con el agregado de sumas fijas por un total de 115 mil pesos dispuestas en tres cuotas con un mecanismo de incorporación progresiva a los salarios básicos de la actividad. Así las subas llegan al 9,6% en ese trimestre de acuerdo a cálculos patronales.
Para sostener su planteo Comercio apeló a la vigencia de un artículo de su convenio colectivo que establece que “para el caso de estar pendiente la homologación del acuerdo y se produzcan vencimientos de los plazos pactados para el pago de los incrementos en la forma escalonada prevista, los empleadores abonarán las sumas en la forma convenida con la mención ‘pago anticipado a cuenta del acuerdo colectivo’”. Es decir que, anoticiado de los obstáculos que impuso el Gobierno el año pasado a las homologaciones de acuerdos que consideraba por arriba de su pauta exigida, el gremio hizo incorporar al texto esa obligatoriedad con anuencia de las entidades empresarias.
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