La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó su candidatura a senadora nacional por la alianza de La Libertad Avanza por el territorio porteño. Con un lugar asegurado en la Cámara Alta, la funcionaria volverá al Congreso, un espacio que ya conoce, para “proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora”.
El objetivo es “trasladar las ideas” de Javier Milei “a todo el país” y la figura presidencial será una de las más repetidas durante toda la campaña a lo largo y ancho de la Argentina. Bullrich cuenta con la ventaja de su trayectoria, amplio recorrido mediático, político y, por lo tanto, de nivel de conocimiento.
La ministra parte de un piso de 30 puntos, que fueron los conseguidos por Manuel Adorni el 11 de mayo en comicios locales y apuesta a llegar a estar cerca del 50% para una victoria contundente que le garantice un lugar privilegiado en la mesa política libertaria.
El destino de la candidatura es doble. Por un lado, contribuir a la gobernabilidad, entendiendo que a partir del 10 de diciembre La Libertad Avanza tendrá más diputados y senadores, pero no los suficientes para prescindir de los acuerdos políticos. Por el otro, preparar a Bullrich para competir en 2027 por la jefatura de Gobierno de la Capital Federal.
La plataforma electoral de La Libertad Avanza en CABA está plagada de pendientes para Javier Milei. Todos proyectos ya presentados por el gobierno nacional, algunos con dictamen de comisión. Iniciativas orientadas a la seguridad, el endurecimiento de penas, la reforma de la ley de partidos políticos y la siempre buscada privatización de Aerolíneas Argentinas.
Solo para empezar, Bullrich se propuso estar a disposición para empujar 13 proyectos de ley clave en el Congreso. Uno de ellos es el “Plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos”. Una medida que anunció el gobierno nacional cuando apostó por “sacar los dólares del colchón”. La iniciativa busca acortar los plazos para iniciar investigaciones por presunto lavado de dinero con la intención de que, ante un eventual cambio de gobierno, las personas que echen mano de sus ahorros no declarados no corran riesgos.
Otro de los proyectos es la conocida “Ley antibarras” que busca establecer la figura penal de asociación ilícita para las barrabravas con la intención de permitir que el Poder Judicial pueda juzgar y condenar a toda la estructura como si se tratara de solo cuerpo.
En la agenda parlamentaria se encuentra también el “régimen penal juvenil”, que ya tiene dictamen de comisión en Diputados. El texto establece su aplicabilidad en adolescentes, desde los 14 años. Según el dictamen, las sanciones aplicadas en ningún caso pueden implicar una interrupción de los estudios, el plazo máximo de las penas privativas de la libertad respecto de personas adolescentes será de 15 años y el menor deberá ser alojado en un instituto adecuado separado de los adultos, entre otros puntos.
Como parte de la agenda de seguridad, otra de las iniciativas pendientes para el gobierno es la denominada de “legítima defensa y cumplimiento del poder”, que amplía los conceptos para proteger a los efectivos de seguridad ante acusaciones de gatillo fácil, y a cualquier persona civil que actúe bajo los parámetros de la legítima defensa.
También se incluye el proyecto que busca habilitar “la actuación de las FFAA ante hechos de terrorismo”. El texto busca modificar la Ley de Seguridad Interior para permitir la participación de las Fuerzas Armadas con medidas como el patrullaje callejero, control de personas y de vehículos.
A su vez, Bullrich y el gobierno apuntan a avanzar con la “modificación de los art 166 y 277 del código penal sobre hurto, autopartes, cobre, materiales no ferrosos”, que ya tienen dictamen de comisión. La iniciativa apunta a incrementar las penas en el caso de robo de automotores o motos, cables, metales y celulares, o los vendan ilegalmente.
En el listado de pendientes se encuentra la “regularización de armas de fuego y prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego” con el objeto de simplificar el proceso de regularización de la tenencia de armas.
También está la, hasta hora, frustrada “Privatización de Aerolíneas Argentinas”. La venta de la empresa de bandera quedó descartada con el debate de la Ley Bases pero, mediante decreto, el gobierno la declaró como “sujeta a privatización” y es el Congreso el que debe avanzar con el trámite para poder colgarle el cartel de venta.
Entre otros puntos a trabajar en el parlamento está la “modernización, digitalización y desburocratización de la justicia” para simplificar y agilizar trámites judiciales, como el retiro de fondos de depósitos judiciales mediante orden, la publicación de edictos, digitalización, y cambios en mecanismos de custodia y disposición de los bienes objeto de secuestro en las causas penales, entre otros puntos.
En el listado se encuentra la “disolución del vínculo matrimonial en sede administrativa” para avanzar con un trámite de divorcio por Registro Civil, sin necesidad de acudir a la Justicia en caso de acuerdo entre ambas partes.
La nueva agenda incluye la “Ley de hojarasca” que busca derogar o modificar una serie de normas consideradas por el gobierno como obsoletas o innecesarias. También la “modificación de artículos 186 y 189 del Código Penal sobre incendios y otros estragos” para actualizar las penas y ampliar las formas de castigo en esos casos.
Finalmente, se mencionan “reformas estructurales a la Ley orgánica de los partidos políticos” con la intención de incrementar la cantidad de afiliados y piso de votos para para participar en dos elecciones consecutivas. También apuesta por obligar a tener presencia en al menos tres distritos, y no cinco, para conseguir la personería, y una plataforma digital para gestionar afiliaciones y revalidaciones. En materia de financiamiento, se estipula la elevación de topes de aportes privados, la eliminación de los espacios de publicidad electoral y la eliminación del financiamiento público para las campañas.
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