Tras la aprobación del Presupuesto 2026 en el Congreso, gremios docentes, universitarios y del sistema científico expresaron un fuerte repudio al proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei, al advertir que el Artículo 30 elimina los pisos legales de financiamiento para educación, ciencia y tecnología. Desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), CONADU Histórica y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario (INTA) denunciaron que la norma habilita un ajuste discrecional que pone en riesgo el inicio del ciclo lectivo, el funcionamiento de las universidades, la investigación científica y el desarrollo productivo en los territorios. En tanto, alertaron que el objetivo de fondo es “la extinción de la educación, la ciencia y la tecnología en todos sus niveles”.
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Luego de que la norma tuviera luz verde en el Senado, la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, calificó como una “catástrofe política” la aprobación de la ley de leyes que envió el oficialismo, al denunciar que el gobierno de Milei impulsa un modelo de país “para pocos”, que compromete el futuro del sistema educativo y científico en todos sus niveles.
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En diálogo con El Destape, Alesso sostuvo que el Presupuesto representa “un retroceso inmenso para toda la educación, desde el nivel inicial hasta la universidad”, y afirmó que se están destruyendo “las bases de la educación construidas desde Sarmiento hasta la fecha”. En ese sentido, denunció que los recursos que debían destinarse a educación fueron redireccionados al pago de intereses de la deuda externa y a la SIDE, y advirtió que el ajuste tendrá un fuerte impacto en las provincias, que enfrentarán serias dificultades para sostener salarios y servicios básicos. Además, anticipó que 2026 será un año de “alta conflictividad social” si no se revierte el rumbo económico.
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La dirigente sindical también trazó una comparación histórica y advirtió que el Presupuesto 2026 profundiza un proceso de regresión que incluso supera experiencias anteriores. “Esto es peor que el propio menemismo, porque supone destruir todas las bases de la educación pública”, afirmó, y cuestionó el discurso liberal del Gobierno al señalar que “los verdaderos liberales en la Argentina fundaron escuelas”. En ese marco, sostuvo que el ajuste no es solo económico, sino político e ideológico, y alertó que sus consecuencias se expresarán en un mayor deterioro del sistema educativo y en un aumento de la protesta social.
Desde el sector universitario, el economista y dirigente de CONADU Histórica Antonio Rosselló advirtió que el Presupuesto mileísta consolida un ajuste sin precedentes sobre el sistema educativo y científico, al señalar que el 60% de la producción científica del país se realiza en universidades nacionales que hoy carecen de fondos para investigación y extensión. También alertó que el deterioro salarial y presupuestario ya provoca renuncias docentes y deserción estudiantil, y advirtió que el inicio del ciclo lectivo 2026 está seriamente comprometido si no se revierte el esquema de financiamiento aprobado.
“Está en riesgo el comienzo del ciclo lectivo porque nosotros con salarios de 250 mil pesos no podemos vivir”, sostuvo el miembro de la Mesa Ejecutiva de AGD-UBA en declaraciones a este medio. El economista también enmarcó el proyecto aprobado ayer en el Senado en una perspectiva histórica y lo comparó con los programas de austeridad de los años noventa y de la última dictadura, al afirmar que, en términos presupuestarios, “ni siquiera Martínez de Hoz hizo esto”. Según explicó, el proyecto profundiza un esquema de desfinanciamiento del Estado en áreas estratégicas como educación, ciencia y tecnología, y consolida un modelo que, a su criterio, favorece a los acreedores externos y a los grandes grupos económicos en detrimento de jubilados, trabajadores y del sistema educativo público.
El Artículo 30 y el impacto sobre el sistema científico
El eje central del rechazo gremial es el Artículo 30 del Presupuesto, que deroga normas que garantizaban pisos mínimos de inversión en educación, ciencia y tecnología. En concreto, elimina la obligación legal de destinar al menos el 6% del PBI a educación, desarma el esquema de financiamiento progresivo del sistema científico, que incluye al CONICET, el INTA y otros organismos, y suprime el fondo específico para la educación técnico profesional. De este modo, advierten los gremios, el financiamiento de estas áreas estratégicas queda sujeto a decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo, sin previsibilidad ni resguardo legal.
Desde el sistema científico-tecnológico, la delegada de ATE en el INTA, Julieta Boedo, advirtió que el Presupuesto profundiza los recortes en los organismos de investigación y asistencia técnica con fuerte anclaje territorial. La trabajadora del instituto señaló que la eliminación de los pisos de inversión afecta directamente el trabajo del INTA con pequeños y medianos productores, las economías regionales y la soberanía alimentaria, al debilitar la presencia del Estado en el territorio. Además, denunció que el ajuste del Gobierno se traduce en retiros voluntarios, centralización operativa y pérdida de capacidades técnicas, lo que implica “el fin del vínculo con la comunidad” y un impacto directo en la producción agropecuaria.
Boedo advirtió que el Artículo 30 del Presupuesto 2026 tiene un impacto devastador sobre los organismos públicos de investigación. “Nos destroza a todos los organismos que estamos dentro del sistema de ciencia y tecnología: CONICET, INTA, INTI, Malbrán, CONAE”, consideró la delegada en diálogo con El Destape. Y explicó que al eliminar los pisos mínimos de inversión, el Ejecutivo deja el financiamiento sujeto a decisiones discrecionales, lo que afecta la presencia territorial del INTA, el vínculo con pequeños productores y el desarrollo de las economías regionales.
En este escenario, los gremios anticiparon que el Presupuesto 2026 abre un año de fuerte conflictividad en el sistema educativo y científico. Desde los sindicatos docentes universitarios y los organismos de ciencia advirtieron que, de no revertirse el esquema de financiamiento aprobado, podrían profundizar las medidas de protesta, ante el riesgo de parálisis de actividades, deterioro salarial y debilitamiento de áreas estratégicas. Para los trabajadores de estos sectores, no es solo una disputa presupuestaria, sino una defensa del rol del Estado en la educación, la ciencia y la producción.
