El Banco de la Provincia de Buenos Aires realizó un informe en los últimos días en el que muestra que hay 20,5 millones de personas endeudadas con bancos, fintech, plataformas digitales, tarjetas de supermercados y otros formatos. Ese número representa un avance de 8% respecto del cierre de 2024. En ese contexto social y financiero, la diputada provincial de Unión por la Patria (UP), Ana Balor, presentó un proyecto de ley para modificar el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios e incorporar el concepto de “sobreendeudamiento”. Además, propone una instancia prejudicial para bajar la morosidad actual.
El expediente D 1748/25-26 ingresó a la Cámara de Diputados bonaerense en agosto de 2025 y debe tratarse en la comisiones de Derecho del Consumidor, Asuntos Municipales y Legislación para luego pasar al recinto. En diálogo con El Destape, la autora del proyecto, Ana Balor, contó que “es una situación que veníamos viendo hace varios meses en la calle. Muchos vecinos nos contaban que tenían una deuda, no podían cubrirla, tomaban otra deuda y los intereses se iban por las nubes”.
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“Esto pasa mucho y hay una desventaja entre quien da el préstamo y quien lo pide. Además, lo más grave es que estos pedidos de dinero son para pagar servicios y comprar alimentos”, remarcó. Las personas que sólo están endeudadas con bancos comerciales se redujo 4% (-0,4 millones de personas), pero las que le deben exclusivamente a entidades no financieras treparon 18% (+0,7 millones de personas). Por eso, el proyecto propone “establecer un protocolo administrativo especial para su prevención y solución”, y facultar a la Justicia de Faltas municipal a que pueda acceder en el proceso.
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El objetivo es que, en el inicio de actuaciones administrativas por sobreendeudamiento y reestructuración de deuda, se “suspendan las actuaciones judiciales por cobro de los créditos y préstamos para el consumo adeudados, por un plazo de 90 días hábiles, contados desde el inicio de las actuaciones administrativas hasta el dictado de la resolución definitiva”. De esta manera, se evitaría que la morosidad aumente y se llegaría a un plan de reestructuración posible para poder afrontar el pago de la deuda en su totalidad.
Dentro del protocolo planteado se propone que la persona afectada deba acreditar “la relación de consumo con el acreedor proveedor”, “su situación patrimonial”, y “el estado de sobreendeudamiento”, aportando la documentación necesaria . De esta manera, la autoridad deberá citar a los acreedores dentro del plazo de 5 días hábiles.
Según se detalla en los fundamentos, “el hecho de recurrir a instrumentos financieros para diferir el pago de consumos básicos o, incluso, financiar su pago en cuotas, expuso a muchas familias con poca o ninguna educación financiera al riesgo de tener que cumplir con esos vencimientos al tiempo que debe continuar afrontando los gastos cotidianos”.
En ese escenario, “la carencia conduce indudablemente al recorte o la postergación de consumos por un lado, y a la caída de los índices de venta por el otro, al tiempo que cualquier error o situación imprevista arroja a las familias a la morosidad y a la cesación de pago”.
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