Ex funcionarios del ex intendente de La Plata Julio Garro fueron imputados por "ñoquis". La Justicia Penal de la capital bonaerense realizó una serie de allanamientos en los domicilios de 13 imputados acusados por "incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude en perjuicio de la administración pública y falsa denuncia".
Entre los imputados se encuentra el ex secretario de coordinación Oscar Negrelli, ya que, según se alegó, numerosas personas de las que percibían sueldos de la Comuna y no se presentaban a trabajar, estaban nombrados en su área.
También está imputado el ex director general de personal Mariano Pérez Aramburu, investigado por su responsabilidad central en las designaciones del personal. La nómina incluye también al ex secretario de políticas públicas en seguridad y justicia Néstor Pulichino y el ex concejal de Juntos Darío Musto.
La lista tambíen incluyó a Moira Jazmín Valdez, Julio César Brischetto, Romina Villegas, Ricardo Imael Jalet, Martina Aylen Amancay Valdata, Sergio Daniel Lucero, Cristian Rigau y Facundo Pérez.
Los operativos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías Nº 6 de La Plata a cargo de Agustín Crispo, a pedido el del fiscal de instrucción, Juan Condomí Alcorta. Durante los mismos, participó el Departamento de Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina y se secuestraron computadoras y teléfonos, entre otro material.
El intendente de La Plata, Julio Alak, inició a fines de 2023 una auditoría interna en la administración municipal, que arrojó numerosas irregularidades que son violatorias de distintas leyes y delitos penales. Entre estas se incluyen personas que cobraban sin presentarse a trabajar, e incluso una persona fallecida que figuraba como actual contratado, por lo que alguien percibía su sueldo ilegalmente.
También se determinó que recibían su remuneración personas que estaban detenidas y cumpliendo condenas por participar en severas causas penales, como homicidios agravados y en ocasión de robo; promoción y facilitación de la prostitución de niños y niñas; robo calificado por uso de armas de fuego; e incendios y estragos, entre otras.
Del mismo modo, se comprobó que hubo exfuncionarios que cobraron durante varios años, aún con la vigencia del decreto del cese de funciones.
Por otra parte, se registraron cerca de un centenar de agentes municipales con condenas penales como homicidios dolosos, portación de armas de guerra o abuso sexual con acceso carnal a los que no se les requirió en el ingreso los certificados de reincidencia e informe policial como exige la normativa vigente.
Además, se constataron 240 personas domiciliadas en otras ciudades, tales como Bahía Blanca, Rawson o incluso algunas patagónicas como Bariloche que no asistían a trabajar.
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