Retención de salarios y paro por tiempo indeterminado: Milei pone en jaque a la ex ESMA

Un total de 180 trabajadoras y trabajadores del Ente Público Espacio para la Memoria Ex ESMA denunciaron en las últimas horas la retención de salarios y convocaron a paro "por tiempo indefinido" hasta que se resuelva la cuestión salarial y presupuestario. Según indicaron a El Destape, la notificación fue enviada a estatales el pasado viernes 28 de marzo por la Coordinación General del organismo. Según indican, la medida del Gobierno de Javier Milei se debe a que no hay fondos disponibles, "dado que el presupuesto se adjudica mensualmente".

"Los trabajadores del Ente Público Espacio para la Memoria Ex ESMA han sido informados de que la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Justicia, a instancias de una auditoría no programada definida por la Sindicatura General de la Nación junto con la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia, ha decidido suspender las transferencias presupuestarias al organismo por un plazo de 60 días a partir del 1° de abril", manifestaron en el comunicado. Y agregan: "Como consecuencia de esta medida, los salarios correspondientes al mes de marzo no podrán ser abonados, afectando gravemente los derechos laborales del personal".

"El Ente Público fue creado por una ley nacional, en el Congreso nacional y en la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, es un ente que tiene en su gestión -en principio- la representación del Gobierno nacional a través de la Secretaría de DD.HH. y del gobierno de CABA, a través de la Subsecretaría de DD.HH.; la tercera pata son los organismos de Derechos Humanos, a través de un directorio en el que se nuclean. Esas tres representaciones son las que, por medio de un órgano ejecutivo, definen y deciden, administran, gestionan y regulan, todo lo que se hace dentro del predio de la ex ESMA", explicó Gabriel Tchabrassian, delegado general de ATE, a este portal. 

Desde ATE Nacional denunciaron que la decisión "constituye una acción ilegal e intempestiva que pone en riesgo la estabilidad laboral de los empleados" y remarcaron que "la realización de cualquier auditoría no debería impedir el funcionamiento del organismo, ni vulnerar los derechos de quienes allí trabajan". Por ello, en una asamblea de trabajadores y trabajadoras realizada el pasado lunes, decidieron convocar a un paro "por tiempo indeterminado", junto a acciones sindicales y legales "para revertir esta resolución".

"El viernes a la mañana se nos informa que, en el marco de una auditoría, que decide hacer el Ministerio de Justicia en el ente público, la Subsecretaría de Gestión Administrativa de dicho ministerio decide suspender los fondos a las cuentas por un plazo de 60 días, con el detalle que en las cuentas del ente no hay dinero suficiente para afrontar ni siquiera los salarios del mes de marzo, que tendríamos que empezar a cobrar ahora. Por lo tanto, no estamos cobrando el salario y se congelaron -en teoría- las partidas presupuestarias", denunciaron desde el gremio. 

¿Por qué, dicha medida, es ilegal? Las partidas presupuestarias ya están asignadas y definidas en la Ley de Presupuesto Nacional. "Si el ministerio quiere hacer una auditoría, no hay ningún problema, lo pueden hacer porque poseen las facultades; pero no pueden suspender el pago de salarios de trabajadores. Incurren en una ilegalidad atroz, que es suspender el salario sin motivos o explicación. La auditoría no debería impedir el normal funcionamiento del espacio mientras se audita, y mucho menos que se paguen los sueldos", sostuvo el delegado.

Más allá del paro "por tiempo indefinido" (o hasta que se revea la decisión y cobren los salarios) que llevarán adelante empleados y empleadas de la ex ESMA, cabe señalar que el pasado lunes llevaron adelante acciones administrativas y judiciales: desde el Consejo Directivo Nacional de ATE se presentó una carta documento para exigirle al órgano ejecutivo que nos informe cuál es la situación de los salarios en un plazo de 24 horas. "Durante el día de hoy, ese plazo se va a vencer y si no obtenemos respuestas positivas, estaremos evaluando iniciar las acciones judiciales, con recursos de amparo y demás, durante los días jueves y viernes", indicaron a El Destape.

Qué significa este nuevo recorte y desfinanciamiento de la ex ESMA

Luego de que, a mediados de marzo pasado, despidieran a más de 71 trabajadores en la Secretaría de DD.HH. -con efectivos de la Policía Federal apostados en las puertas la mecánica para evitar su ingreso al ex centro clandestino de detención- y el repudiable video publicado el 24 de Marzo por Casa Rosada, donde insistieron con lo que llaman "Verdad y Memoria completa", los ataques del Gobierno de Javier Milei contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia parecen no tener fin.

"Esto es un ahogo presupuestario, es imposible no cobrar salarios durante dos meses. Mucho menos seguir trabajando, seguir viajando, pagar la comida y demás. Significaría el cierre real de la ESMA. Son los trabajadores quienes sostienen el día a día: los que están en los portones, la seguridad y protección del espacio, los de mantenimiento, quienes cortan el pasto o los de las visitas guiadas, los talleres educativos, prensa y difusión... Si esta gente no puede venir a trabajar, implicaría el cierre", se lamentó Tchabrassian.

"La forma que encontró de disolver el espacio, saltándose los mecanismos constitucionales, es el ahogo presupuestario sin pagar salarios", señalaron a este medio. El pasado lunes, luego de la asamblea, intentaron reunirse con el Secretario de Derechos Humanos de la Nación y uno de los tres representantes del órgano ejecutivo, Alberto Baños, aunque sin ningún éxito ya que no los recibió. Trabajadores y trabajadoras esperan que se reúna, en las próximas horas, el órgano ejecutivo para encontrar algún tipo de respuesta. Y dependiendo de lo que suceda allí, definirán los pasos a seguir.

Cabe recordar que, a principios del 2025, el juez federal Ariel Lijo -que instruye la megacausa ESMA- le había encomendado a Baños tomar una serie de medidas para garantizar que los sitios de memoria sigan funcionando. Entre dichos puntos, se destacaba la importancia de que siga habiendo trabajadores y trabajadoras en todos los puestos, a pesar de que Baños y el ministro Mariano Cúneo Libarona sólo se dedican a despedir, cerrar y paralizar los centros. Un día después del 24 de marzo, por ejemplo, el titular de Justicia celebró en sus redes sociales haber despedido a "405 empleados militantes" de la Secretaría de DD.HH. 

Los ataques a las políticas de memoria son una constante en el gobierno libertario: más de 400 despidos, ataques reiterados a la exESMA, el cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, la presencia constante de efectivos de la Policía Federal en las puertas y, en el último tiempo, el retiro de la gigantografía de Néstor Kirchner mientras ordena descolgar los cuadros de los dictadores en el Colegio Militar. Mientras tanto, el negacionismo vuelve a estar a la orden del día y la "Teoría de los Dos Demonios" vuelve a reflotarse para justificar el plan sistemático de exterminio durante el terrorismo de Estado.