CGT descree de negociación con el Gobierno y se focaliza en las provincias

A última hora de este martes la CGT dio por virtualmente clausurada la posibilidad de un acercamiento con el Gobierno para negociar amortiguadores al proyecto de ley de reforma laboral del oficialismo. Tras aguardar una convocatoria de la senadora Patricia Bullrich y del “ala dialoguista” del Ejecutivo la central obrera optó por reforzar sus nexos con gobernadores a la espera de una eventual sumatoria de masa crítica de legisladores dispuestos a complicar el tránsito de la iniciativa en el Congreso.

Más allá de los anuncios de Bullrich y de sus colaboradores acerca de la apertura de una instancia de intercambio con la central obrera, ninguno de los sectores  de peso dentro de la organización dio cuenta de un contacto conducente en ese sentido. Tampoco en el equipo de abogados sindicales que aguardaba una llamada de Josefina Tajes, la asesora de la exministra de Seguridad nominada para debatir eventuales cambios en la noma.

En la CGT imperaba en las últimas horas la incertidumbre. En algunos grupos había optimismo de que la ausencia de negociaciones fuese otro indicio de falta de voluntades legislativas como la que forzó al oficialismo a diferir, en diciembre pasado, el tratamiento legislativo hasta febrero. Otros, en sentido inverso, temían que la interrupción del diálogo tuviera que ver con que los libertarios cuentan con suficientes votos, tal como se pavoneó la propia Bullrich esta semana al mencionar que 44 senadores se pronunciarían a favor.

Cuántos votos tiene la CGT contra la reforma laboral: su estrategia

Los sindicalistas aseguran contar con 28 votos confirmados en la Cámara alta en contra del proyecto. Con nueve más el texto tropezaría en el Senado y sus posibilidades de prosperar quedarían licuadas. De ahí que los esfuerzos volvieron a concentrarse en los gobernadores, adonde el Ejecutivo también comprendió que están cifradas sus expectativas de impulsar la norma. Puertas adentro de la central obrera cruzan los dedos ante una eventual rebelión de mandatarios como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) o Martín Llaryora (Córdoba) mediante al menos parte de sus equipos de legisladores fieles.

Para el gremialismo también fue un triunfo el pronunciamiento de tres cámaras patronales en contra de cinco artículos del proyecto, tal como adelantó en exclusiva El Destape la semana pasada. La nota que circularon las dos mayores cámaras mercantiles, CAC y CAME, junto a la de industriales metalúrgicos pyme, Adimra, apuntó contra el punto que pone fin a la vigencia de “cláusulas obligacionales” como la que consagra aportes extraordinarios a favor de esas mismas entidades, y también se opone a la posibilidad de que negociaciones de menor nivel (por empresa, provincia o región) terminen por imponerse a las de orden nacional.

De hecho se trata de dos reclamos que comparten las cámaras con la CGT por tratarse, por un lado, de la cláusula que valida las “cuotas solidarias” que cobran los gremios entre los trabajadores no afiliados, y por otro, del orden de jerarquía de negociaciones que consagra su poderío como central obrera y de sus sindicatos integrantes. El espejo en el que no quieren mirarse los sindicalistas argentinos es el de Brasil, que bajo la administración de Jair Bolsonaro en 2017 encaró una reforma laboral que hizo prevalecer las negociaciones de menor nivel por sobre las de alcance nacional. Las modificaciones, que también pusieron fin a la obligatoriedad de aportes a favor de las estructuras sindicales, derivó en un desfinanciamiento terminal de muchas de sus estructuras.

Como había adelantado El Destape, la estrategia de la CGT se basa en tres dimensiones: la confrontación retórica contra la reforma, incluso con amenazas de iniciar medidas de fuerza junto con su tratamiento parlamentario; una gestión con gobernadores y bloques legislativos para debilitar al menos los puntos que afectan el derecho colectivo (modalidad de asociación, prevalencia en las negociaciones, ultraactividad de lso convenios colectivos) antes que en el individual, y la chance de discutir por debajo del radar con los espacios más dialoguistas del Gobierno, coordinados por el asesor Santiago Caputo. Esta última chance parecía diluirse en las últimas horas.

En paralelo el metalúrgico Abel Furlán (UOM) decidió anticipar el escenario de confrontación y apurar a sus colegas de la CGT. Durante la tarde de este miércoles se reunirá con media docena de sindicalistas resueltos a exigirle a la central obrera una mayor voluntad de disputa callejera y gremial. Entre ellos figuran el aceitero Daniel Yofra, los aeronáuticos Pablo Biró (pilotos, APLA) y Edgardo Llano (personal en tierra), Héctor Amichetti (gráficos), y los bancarios liderados por Sergio Palazzo, entre otros. Aunque no se presentan como un sector disidente (de hecho la UOM integra el Consejo Directivo de la CGT) los organizadores advierten que si la central obrera no motoriza una protesta en el corto plazo lo hará por su cuenta el grupo más volcado al conflicto.