El Gobierno asegura tener los votos, pero los dialoguistas ponen en duda su apoyo a la reforma

Luego de la últimas reuniones del ministro del Interior, Diego Santilli, con algunos gobernadores cercanos, en la Casa Rosada se apresuraron a cantar victoria y dieron por aprobada la reforma laboral en el Congreso, sin necesidad de cambiarle ningún artículo. Sin embargo, las declaraciones de aliados clave y de mandatarios provinciales que suelen acompañar los proyectos centrales del Ejecutivo muestran un escenario mucho menos cerrado de lo que el Gobierno intenta transmitir. "Que este debate no sea cancelar derechos de los trabajadores", planteó el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, en una rueda de prensa junto a su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien dijo coincidir plenamente con su postura. Ambos sostuvieron que el respaldo de los legisladores de sus provincias aún no estaba resuelto.

Ambos gobernadores integran el espacio Provincias Unidas y se reunieron el fin de semana para presenciar juntos el Festival de Cosquín. En el diálogo que mantuvieron puertas adentro, Llaryora y Pullaro coincidieron en que no era el momento para salir a confrontar abiertamente con Javier Milei, que mantiene altos índices de aprobación en sus provincias. Pero en la rueda de prensa que compartieron pusieron distancia con el proyecto de reforma laboral que impulsa el Ejecutivo. "Va a ser muy difícil que tengamos una expresión común", advirtió Llaryora, quien contó que había estado conversando con los legisladores de su provincia y que encontró posiciones diversas. Planteó que el debate en torno al proyecto debía ser "fructífero y hacia adelante" porque "no podemos ceder un centímetro para atrás".

Pullaro sumó una advertencia sobre uno de los capítulos más ríspidos de la reforma: el de las rebajas tributarias. "Acompañamos las bajas impositivas, pero no deben ser sólo de impuestos coparticipables", sostuvo el gobernador santafesino, y planteó la reducción de otras cargas como las retenciones o el impuesto al cheque. De acuerdo a un trabajo técnico realizado por el sindicato que nuclea a los trabajadores de ARCA, si la reforma laboral se aprueba como está, el monto a distribuir entre las provincias se reduciría en 1,9 billones de pesos por las rebajas impositivas. La más perjudicada sería Buenos Aires, que perdería casi 400 mil millones de pesos, seguida por Santa Fe (161.673 millones) y Córdoba (160.628 millones). El impacto fiscal explica el rechazo de Pullaro y Llaryora.

En paralelo, la conducción de la CGT trabaja en conseguir los votos para frenar la reforma y en los próximos días tiene previsto iniciar una gira para conversar con los gobernadores, Pullaro y Llaryora entre ellos.. El oficialismo quiere llevar el proyecto - que ya cuenta con dictamen de comisión- al recinto el 11 de febrero. La central obrera dan por descontado que esta vez los 28 senadores del interbloque Popular estarán por el rechazo, por lo que le faltaría sumar otras nueve voluntades. Llaryora y Pullaro podrían sumar tres de los votos que faltan. Que algunas cámaras empresariales como CAME y Adimra también hayan mostrado su sus reparos a algunos artículos de la reforma sirvió para sumar volumen a quienes se posicionan por la negativa. En ese marco, Santilli visitará en estos días al gobernador de Corrientes, el radical Juan Pablo Valdés, también de Provincias Unidas, quien le adelantará su postura. 

De regreso del receso veraniego, los aliados más cercanos al Gobierno en la Cámara de Diputados tampoco aseguraron su respaldo a la reforma en su totalidad. "Hay que analizar el proyecto punto por punto, ver qué herramientas realmente ayudan a generar empleo genuino y cuáles pueden mejorarse", sostuvieron en el despacho de Cristian Ritondo, según informó El Destape. El PRO que conduce Ritondo, junto a la UCR y el MID, conforma en la Cámara baja el interbloque Fuerzas del Cambio. Desde ese espacio, anticiparon que esperarán a conocer cómo queda la reforma luego de la votación en el Senado para definir su posición. En el oficialismo esperaban un tratamiento veloz y un triunfo sin sobresaltos, pero estas nuevas definiciones empiezan a poner en duda que el trámite parlamentario resulte tan sencillo.