Mientras el gobierno de Javier Milei defiende la reforma laboral como una herramienta de “modernización”, el ex ministro de Trabajo del menemismo, José Armando Caro Figueroa, planteó una lectura diametralmente opuesta al advertir que se trata de una reforma “profunda, sesgada e incompleta”. También consideró que los cambios están más orientados a “beneficiar a las grandes empresas” que a mejorar el mercado laboral.
En una nota de opinión publicada en El Tribuno de Salta, el ex ministro de Carlos Menem sostuvo que “más que una reducción del costo laboral no salarial”, el proyecto oficialista apunta a “reafirmar el poder de dirección del empleador”. Figueroa definió la reforma de Milei como el resultado de una “puja de poder” antes que un “mecanismo de distribución de rentas”.
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La reforma laboral debilita la acción colectiva
Uno de los puntos de mayor fricción es el rediseño de la negociación colectiva. El Gobierno argumenta que busca descentralizar convenios, dar mayor dinamismo a los acuerdos y evitar que cláusulas vencidas se perpetúen en el tiempo. Para Caro Figueroa, en cambio, esos cambios quedan “neutralizados” por la apertura a la “negociación individual entre el trabajador y el jefe de personal”, lo que, en la práctica, implica debilitar el sistema colectivo y reforzar una relación desigual entre las partes.
También hay una fuerte divergencia sobre el rol de los sindicatos. El ex ministro advierte que el proyecto “asfixia económicamente a los sindicatos con aptitud negociadora” y restringe el derecho de huelga en contradicción con la Constitución y los tratados internacionales. “Si no hay más remedio que convivir con sindicatos, debilitémoslos”, ironiza en su análisis.
El Rol del Fondo de Asistencia Laboral
El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) es otro de los ejes que el ex ministro cuestionó duramente. Figueroa califica a esa herramienta como “una extravagancia” que “desfinancia las prestaciones sociales para abaratar ciertos despidos e indemnizaciones”.
Frente al optimismo oficialista sobre el impacto de la reforma en el empleo y la informalidad, el ex ministro rechaza el planteo y lo califica como una “falacia”. Sostiene que el trabajo no registrado no se combate con leyes laborales, sino con políticas económicas, capacitación y desarrollo productivo, y relativiza la existencia de una “industria del juicio”, especialmente fuera del área metropolitana.
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