En un nuevo capítulo en la disputa judicial por la reforma laboral del gobierno de Javier Milei, la jueza federal Macarena Marra González pidió que la cautelar que mantiene suspendidos más de 80 artículos no sea definida por la Cámara del Trabajo, sino por la Cámara Contencioso Administrativo Federal. La magistrada se opuso así a lo resuelto por el Juzgado Nacional del Trabajo N°63, a cargo de Raúl Ojeda, que había ratificado la competencia del fuero laboral tras una cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) meses atrás. Justificándose en la ley 26.854, Marra González dispuso elevar el expediente al fuero contencioso y sostuvo que "corresponde" que esa Cámara es la que debe resolver el conflicto de competencia.
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La semana pasada el oficialismo intentó resucitar su reforma laboral a partir de un pedido de per sáltum que presentó ante la Corte Suprema para que intervenga directamente contra la sentencia que les pausó la iniciativa. El pedido exigía que "se mantenga en plena vigencia la Ley N° 27.802" y se revoque la medida cautelar que había sido aprobada, a pedido de la CGT, por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63. De esta manera, el debate por la iniciativa se mantuvo en manos de la Justicia del Trabajo, que es la que deberá resolver si aplica o no la norma.
"En atención a lo peticionado por el requirente, cabe recordar que toda vez que se suscita un conflicto de competencia entre un juez del fuero contencioso administrativo federal y un juez de otro fuero -refiriéndose a Ojeda-, éste debe ser resuelto por la Cámara Contencioso Administrativo Federal", reza el texto presentado por Marra González hoy, defendiéndose en el artículo 20 de la ley 26.854. "Corresponde elevar como se peticiona las presentes actuaciones a la Cámara de este fuero", sostiene al final el documento.
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El plan de gobierno para que la Corte Suprema defina la aplicación de la reforma laboral
El Gobierno nacional sueña con reactivar la reforma laboral, llevando el conflicto directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según trascendió, la semana pasada presentaron un recurso extraordinario para que el Tribunal intervenga y deje sin efecto la suspensión de varios artículos clave de la norma, actualmente frenados por una medida cautelar.
La presentación se realizó mediante un per saltum, un mecanismo que permite saltear instancias judiciales intermedias y obtener una resolución urgente del máximo tribunal. A través de la Secretaría de Trabajo, el Ejecutivo solicitó que se mantenga en plena vigencia la Ley N° 27.802 y que se revoque la cautelar impulsada por la CGT, que fue avalada por el Juzgado Nacional del Trabajo N°63. Además denunciaron la presunta incompetencia del juzgado que avaló a la CGT.
En la resolución, que tiene más de 70 páginas, el pedido insiste en que "se conceda el recurso con efectos suspensivos y se mantenga la plena vigencia de la Ley N°27.802" y que "oportunamente revoque la medida cautelar dictada por un juez incompetente".
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